«Desde el primer intento de modificar el sistema penal transcurrieron 21 años», recordó el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal. Fue la semana pasada, en una charla ante los nuevos integrantes del Ministerio Público de la Acusación que, luego de aquel lejano primer paso, saldrán al ruedo el 10 de febrero próximo cuando arranque el nuevo modo de enjuiciamiento en la provincia. En el encuentro de trabajo instó a los futuros acusadores a privilegiar la proximidad con la sociedad y a entender al delito como un conflicto social. En ese marco, habló con La Capital sobre cuáles serán los ejes de la incipiente reforma y definió prioridades: «Vamos a tratar de solucionarle el conflicto a la víctima, es lo primero que hay que hacer».
La reunión inaugural con los nuevos fiscales de la región se realizó el miércoles tras la jura de 52 funcionarios, entre acusadores y defensores. Tras el acto, los futuros referentes de la acusación se dirigieron a su sede de Montevideo 1968 para iniciar una capacitación. De Olazábal habló allí en medio de una escenografía propicia: escritorios sin desembalar, sillas a estrenar y percheros enfundados en nailon.
El jefe de los fiscales remarcó que la Justicia sigue de espaldas a la confianza social e instó a su auditorio a trabajar con eficacia, lo que «no significa aumentar las condenas o el monto de las penas». Para lograrlo, indicó, aún se debe cumplir con aquella consigna del 25 de mayo de 1810: «El pueblo quiere saber de qué se trata. Esto tan sencillo es todavía un mandato pendiente en la Argentina».
—¿Cuál es la expectativa de cara al 10 de febrero?
—En la Argentina se ha deteriorado mucho el concepto de una instancia fundacional, pero en este caso lo es. No existen precedentes de un cambio de la Justicia penal tan profundo, que consiste en cumplir con la Constitución. Es un proceso que va a tener proximidad con la población porque todo va a ser oral, por audiencias, se va a responder a aquel reclamo del 25 de mayo de 1810. En la Justicia hoy no se sabe de qué se trata, qué es lo ocurre ahí adentro. Ahora no va a haber latinazgos y cosas difíciles de entender. Y vamos a adicionar una política de persecución: si el delito se ha complejizado, vamos a estar en condiciones de decir qué está ocurriendo.
—¿Qué apreciación tiene sobre la situación del delito en Rosario?
—Creo que la sociedad argentina ha dejado de lado muchos problemas y explotaron todos juntos. Sabíamos que el narcotráfico venía con unas sumas de dinero inconmensurables y hay muchas barriadas donde ha sustituido al Estado. Si bien es la Justicia Federal la que tiene que castigarlo, tenemos que pedir coordinación con la Nación porque las consecuencias del narcotráfico repercuten sobre cada vecino. En ese ir y venir esperamos poder coordinar con los fiscales federales y yo particularmente con la procuradora general de la Nación. Desgraciadamente, no lo pudimos hacer hasta ahora.
—¿Qué valoración hace respecto de los recursos con los que cuenta el Ministerio para afrontar la reforma?
—Si uno contempla los organigramas, no están cubiertos al 100 por ciento. Pero también es verdad que si esto no se empieza a hacer, no se empieza nunca. A mí me gusta usar la siguiente imagen: cuando una persona se casa, se decide ir a vivir en pareja con alguien. Si está esperando a tener la casa, la quinta, dos autos y todo lo demás, probablemente nunca se van a unir. Lo que hay que hacer es juntar lo imprescindible y ponerse en marcha. Estamos en condiciones de empezar. Cuando estemos en marcha, los reclamos van a tener otra fuerzay los recursos van a aparecer.
—¿Cómo se va a trabajar la relación de los fiscales con la policía actual y la de investigación, cuando esté en funciones?
—Aunque algunos teóricos puedan decir que no hay que trabajar más con la policía, eso es una utopía que puede conducirnos a un desastre. No se puede prescindir de la policía. Lo malo del sistema de Justicia actual es que está creado por compartimientos y en la policía sucede lo mismo. ¿Cómo enfrentar eso? Desde el plano teórico, el Código Procesal estableció crear un organismo de investigación que debe depender de la fiscalía. Esto es un cambio cualitativo inimaginable. El policía tiene como misión esencial custodiar el orden, pero el investigador es otra cosa. En este momento se cumplen las dos funciones al mismo tiempo y eso no es bueno. Como el organismo de investigaciones aprobado por la Legislatura va a demorar en ponerse en marcha, hicimos un contacto con el Ministerio de Seguridad y se creó una Subsecretaría de Investigaciones que va a hacer la preparación para el futuro organismo. Poco a poco vamos a ir formando especialistas.
—¿Con qué noción de delito se va a trabajar y cuál va a ser el impacto en terreno?
—El derecho penal, el fenómeno punitivo, el castigo, es tan viejo con la humanidad. Cuando en derecho se dijo que el delito es la lesión a un bien jurídico, quedó en claro que ese acto no se pensó como en el medioevo: el delincuente es una persona que ofendió a otra. Lo que hay que solucionar es el problema de esa víctima. Si vemos un accidente de tránsito en el cual queda una persona tirada en el suelo, ¿qué hacemos? No pensamos primero en meter preso al conductor, salimos corriendo para asistir a la víctima. Antes se concebía que el delito había sido contra la autoridad de la ley, tal es así que la víctima molestaba. Pero es la víctima la que tuvo el problema, lo primero es atenderla. Hay víctimas que quieren venganza pero no siempre es así, otras buscan un castigo justo, otras una reparación. Tenemos salidas alternativas como la mediación, la probation. Es cierto que no se van aplicar a homicidas, pero las cárceles no están llenas de homicidas. Esto va a requerir ensayo y error. Después haremos un balance para saber qué hay que corregir.
