El conflicto policial dejó varios debates abiertos. Entre ellos (que no es el principal), el de la posibilidad de la sindicalización de los policías. Al respecto hay criterios encontrados, diversos matices y una discusión pendiente que todavía no se ha dado, y que recién empieza. UNO consultó la opinión de personas del ámbito policial, judicial y gremial cuyas consideraciones van desde la urgencia por el reconocimiento del derecho de organización sindical a su incompatibilidad con la función de la fuerza de seguridad, pasando por la regulación de la agremiación con límites bien claros.
El procurador general de la provincia de Entre Ríos, Jorge García, al referirse a este tema, antes que nada dejó en claro que “no tiene nada que ver con tomar las armas, apoderarse de una jefatura policial y exigir en términos de coerción, de extorsión, al gobierno de turno, más allá del color que sea. Esto es lisa y llanamente sedición, el quebrantamiento de las normas”, afirmó.
Luego explicó que la sindicalización policial “es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad y no con demagogia ni superficialidad. La función policial es una de aquellas que tiene el estado de Derecho, porque el ciudadano le entrega al funcionario policial el monopolio de la fuerza coactiva legítima, le da la posibilidad de portar armas, de aprehender a las personas, de entrar en las viviendas ajenas, de vigilar. Por eso creo que si bien podría haber una forma de asociacionismo, no es lo mismo que las asociaciones de trabajadores que disputan en el ámbito del capital privado toda la generación o distribución de plusvalía”.
Consultado si debería existir un marco legal para la sindicalización policial, García dijo: “Pienso que debería ser objeto de una regla, ya sea en el ámbito de un decreto del Poder Ejecutivo o en el ámbito de la legislación parlamentaria provincial”.
Por otro lado, el jefe de los fiscales entrerrianos explicó las formas que existen actualmente para los policías para plantear reclamos: “Tienen la vía del derecho administrativo para hacer planteos de cualquier índole. Eso llega al jefe de policía provincial, allí tienen un recurso ante el gobernador, y después eventualmente la vía contenciosa administrativa. Todo ese ámbito puede ser recorrido en cualquier tipo de reclamo, que es lo que le correspondía haber hecho a estos señores si querían algún tipo de respuesta”.
Reclamos sí, huelgas no
Ricardo Raffo es el titular de la Asociación Profesional Policial Entre Ríos (Apropoler) y opinó: “Básicamente se trata de defender los derechos del trabajador de la Policía, sin tener injerencia en las políticas de seguridad, que es una responsabilidad primaria del Estado. Queremos tener una vía de diálogo para plantear las condiciones laborales y la necesidades reales salariales del conjunto de la Policía”.
“No hay ninguna legislación que impida a los policías sindicalizarse. Partiendo del artículo 14 bis de la Constitución nacional, la Ley de Asociaciones Sindicales es aplicable a todos los trabajadores, son decisiones políticas”, aseguró Raffo, al tiempo que remarcó que en los países donde esto es una realidad, como Uruguay, “lo que se prohíbe es el ejercicio del derecho a huelga, no así la protesta que pueden ser del personal franco, de civil y sin armas, como hicimos nosotros”.
Sin embargo, desde Apropoler se quejan porque no han tenido respuestas positivas: “No nos han permitido tener un sindicato, pero ahora es un tema que se ha instalado, es un debate que se viene. Nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de protesta -por la de Concordia-, que como no estaba organizado se desbordó. La situación se desmadró porque no había un representante con quien hablar”.
Además, Raffo dijo que las vías formales de reclamos actualmente son contraproducentes: “El policía que presente una nota en forma aislada, si es de Paraná lo mandan a Gualeguaychú. Es el traslado como castigo encubierto. Entonces el miedo a las consecuencias hace que nadie reclame”.
En este sentido, uno de los policías que se manifestó el lunes en Paraná como autoconvocado, dijo que la sindicalización sería “algo muy positivo para el personal subalterno, pero para los jefes no porque entramos en los cánones de las leyes laborales, derecho a reclamos, que por los reglamentos internos de la Policía no tenemos”.
Incompatible
Por su parte, el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Rosatelli, quien lleva muchos años con el uniforme y en puestos de jerarquía y mando, fue tajante en su opinión: “Esta es una institución verticalista y no hay otra forma de conducirla. Tiene verticalidad en los mandos y jerarquía, no hay alternativa”. La sindicalización es “totalmente incompatible con el ejercicio de la función policial”, aseveró.
En el mismo sentido se ha expedido el Ministerio de Trabajo de la Nación ante las solicitudes de inscripción de sindicatos de fuerzas de seguridad federales. Desde la cartera laboral se consideró: “La tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato.”
Debate abierto
El secretario adjunto de la regional Entre Ríos de la Central de Trabajadores Argentinos, Sergio Elízar, dijo que el tema aún no está discutido internamente. Por su parte, el titular de la sección Paraná de la misma central gremial, Ricardo Sánchez, expresó que la sindicalización de los policías “es un tema a debatir, como trabajador se podrían sindicalizar, pero para eso previamente hay que democratizar las fuerzas de seguridad”, y consideró respecto del virulento conflicto: “Deberíamos darnos un debate en la sociedad para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió”.
El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se manifestó en la semana durante el conflicto policial, expresó que la sindicalización “es una necesidad para evitar este tipo de cosas”.
La polémica en los pleitos judiciales
El reclamo por reconocer al sindicato policial tuvo su pleito en la justicia entrerriana, que finalizó con un fallo que lo rechazó. Apropoler llegó hasta la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, donde el planteo fue rechazado. Las asociaciones policiales de Córdoba y Buenos Aires tuvieron fallos favorables, que tras las apelaciones llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pronto deberá expedirse al respecto.
En esta instancia, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, manifestó en el caso del Sindicato Policial de Buenos Aires que el ejercicio de la libertad sindical y del derecho de asociación de los miembros de fuerzas de seguridad puede comprometer valores jurídicos esenciales, y sostuvo que es necesario sancionar una regulación (una ley) específica.
En su dictamen de diciembre de 2012, planteó que “solo en el amplio marco de un debate legislativo puede establecerse una ponderación que considere la totalidad de los intereses involucrados, y no meramente los emergentes en el contexto de un caso judicial concreto”.
