Torturas, palizas, aislamientos y condiciones de infraestructura muy poco favorables para la subsistencia de los internos conforman el paquete de anormalidades que caracteriza a las cárceles bonaerenses, incluidas las tres con asiento en nuestra ciudad.
Semejante panorama fue reflejado por integrantes del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, quienes realizaron un relevamiento en las diferentes unidades penitenciarias del territorio bonaerense y se encontraron, como moneda corriente, con un sinnúmero de irregularidades edilicias e infinidad de denuncias de corrupción y violación a los derechos humanos.
El director general del comité, Roberto Cipriano García, le dijo a DEMOCRACIA que los establecimientos penales de Junín “no dejan de estar comprendidos en los problemas estructurales del sistema penitenciario: la tortura como práctica sistemática, condiciones inhumanas de detención, sobrepoblación-hacinamiento y corrupción estructural del sistema”.
Un informe duro y preocupante
Las observaciones realizadas en las unidades 13, 16 y 49 arrancaron hace tres años y, junto con una serie de visitas posteriores, fueron el fruto de un crudo informe efectuado por los integrantes del Comité Contra la Tortura. Tal escrito refleja la existencia de un submundo signado por la hostilidad en su máxima expresión.
En palabras concretas, ese documento revela que por la Unidad 13 se tramita un habeas corpus colectivo desde el año 2009. “En aquella oportunidad realizamos una inspección y constatamos: cloacas tapadas rebalsando en el pabellón 2, olores nauseabundos, falta de luz, infiltraciones en techos, presencia de ratas y materia fecal desbordando los sanitarios, ausencia de calefacción, condiciones de alojamiento inhumanas y sectores destruidos en materia edilicia”, relató García, quien dijo haberse encontrado con un cuadro similar en el pabellón 1.
En el sector de admisión –lugar donde se requisa a los detenidos y se les brinda asistencia sanitaria-, según el estudio realizado por la institución que dirige el abogado Cipriano García se constató “falta de atención médica, pacientes con Sida sin cuidados clínicos ni alimentación”.
“En sanidad no había guardias ni personal de aislamiento psiquiátrico, a pesar de existir pacientes que requerían atención específica, y se relevó una gran cantidad de medicamentos vencidos”, continuó detallando el titular del organismo bonaerense.
García agregó que la jueza de Ejecución de Junín, Silvia Pérez, corroboró en noviembre de 2009 las anormalidades detectadas tiempo antes por el Comité Contra la Tortura y dispuso medidas específicas para cada caso.
Así, ordenó la clausura del pabellón 2 por las pésimas condiciones de habitabilidad, solicitó el desalojo del pabellón 1 y dispuso reformas estructurales, y pidió informes por la falta de desinfección y fumigación ante la “gran cantidad de roedores y alimañas” que habitaban las distintas celdas.
A la par, se expuso una denuncia por régimen de vida vulneratorio de derechos básicos (aislamiento excesivo, dificultades de acceso a educación y trabajo, entre otras cuestiones)
Cipriano García indicó que “el trámite se encuentra abierto hasta el presente y a partir de eso se llevaron a cabo gran cantidad de medidas que fueron paulatinamente refaccionando la unidad. En esto hubo un seguimiento minucioso de la jueza, lográndose mejoras desde el punto de vista edilicio, aunque en la unidad continúan existiendo denuncias de torturas y malos tratos”.
Casos de represión y hasta de muerte
Durante 2011 –siempre según los registros del comité- se presentaron, en la Unidad 13, 32 habeas corpus individuales que denunciaban 108 hechos graves de vulneración de derechos. De ese total, diecisiete se referían a una falta total de asistencia médica, otras tantas obedecían a aislamiento arbitrario, quince a golpizas, diez estaban vinculados con la afectación de la vinculación familiar y seis con problemas de infraestructura, entre los más notables.
“El propio SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) informó que en esa unidad reprimieron en siete oportunidades en distintos pabellones por conflictos, hechos en los que se registraron heridos por bala de goma”, afirmó García.
En tanto, en la Unidad 49 fueron radicados ocho habeas corpus que daban cuenta de veintisiete hechos que vulneraban derechos (entre ellos tres golpizas, seis casos de afectación del vínculo familiar, cuatro de aislamiento arbitrario, dos casos sin asistencia médica en casos graves, entre otros).
“En esta unidad en noviembre de 2010 fue asesinado Juan José Ojeda Cabral. Había sido amenazado por el SPB de que aparecería ahorcado. La familia, el día 17 de noviembre hizo la denuncia y, a pesar de eso, Ojeda Cabral apareció colgado al día siguiente. El mismo interno tenía otras denuncias contra personal penitenciario por torturas y apremios”, develó García.
En la UP16 también surgieron dos habeas corpus por “aislamiento arbitrario, problemas de infraestructura y falta de alimentación”.
En resumen, Cipriano García enfatizó que los establecimientos penales de Junín “no dejan de estar comprendidos en los problemas estructurales del sistema penitenciario: la tortura como práctica sistemática, condiciones inhumanas de detención, sobrepoblación-hacinamiento y corrupción estructural”.
