Con fina percepción de los tiempos y de las condiciones concretas de lo político, sin preocuparse porque la emoción aflore, como lo hizo en su rostro y voz, Cristina Fernández de Kirchner una vez más habló como la presidenta de los 40 millones de argentinos, y aseguró que no le temblará el pulso (nunca le tembló), para tomar las decisiones que correspondan en torno a la tragedia de la estación Once; una vez que la justicia se haya expedido sobre responsabilidades concretas, directas e indirectas.

No me voy a extender sobre los sucesos de Plaza Once. Sí, aspiro a releer algunos de las ideas que se desprenden del discurso que la jefa de Estado pronunció en el Bicentenario de la bandera, pero con la intención de comprobar si las mismas podrían trasladarse a otros de los tópicos que preocupan a millones de argentinos y argentinas, el de la seguridad ciudadana, acosada por lo que a todas luces representa un esquema de siniestras complicidades entre el crimen organizado, agentes de policía, políticos y funcionarios públicos, tal cual lo está demostrando con claridad, en la provincia de Buenos Aires, el denominado caso Candela.
“Esta tragedia que enlutó hace pocos días al país, tiene nombres y apellidos, como todos los que se van.” “Con la muerte no, les pido por favor que con la muerte no, me da mucha pena que se especule con estas cosas.” “Estoy harta de los que me hablan con slogans y consignas únicamente, quiero que colaboren activamente…”, dijo la presidenta.
La primera permite ser interpretada como una clara apelación para que funcionarios gubernamentales y judiciales cumplan con la justicia. La segunda como una reflexión de urgencia sobre los medios de comunicación y quienes operan desde la política sobre ellos. Y la tercera como un principio de acción gobernante, para evitar los efectismos y la espectacularidad (también mediática), y abordar los problemas con las balanzas y las ponderaciones que exigen el ejercicio del poder en democracia, cueste lo que cueste.
Debería ser ese un mensaje oído por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en particular en sus áreas de Seguridad y Justicia. Y aquí una pregunta que dejo planteada. ¿Cómo entender que en la gobernación aún no se hayan tomado medidas de fondo, estructurales, más allá de ciertos cambios de nombres, aunque algunos de los mismos puedan resultar positivos, a la luz del conocido caso Candela, aún no resuelto y que exuda pruebas en torno a la existencia de una siniestra red de complicidades entre el crimen organizado, policías, políticos y funcionarios?
El lunes pasado, Tiempo Argentino informó que ese mismo día se estaba pidiendo la libertad del presunto autor intelectual en el caso Candela: “El abogado Sergio Doutres consideró que no hay pruebas en contra de su cliente, y que está ‘pagando’ por haber sido informante policial.” Se refería a Héctor “el Topo” Moreyra.
El 9 de febrero pasado, la agencia pública de noticias de la provincia de Buenos Aires, AgePeBa, entrevistó a Marcelo Mazzeo, abogado defensor de la ya liberada Gladys Cabrera, dueña de la casa en la que habría estado cautiva la niña finalmente asesinada: “Hay un mismo modus operandi cada vez que una causa puede perjudicar a la Policía Bonaerense o al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia”, decía entonces ese letrado, quien insistió en que “la actual instrucción de la causa busca evitar que se ventilen complicidades policiales y políticas con el crimen organizado.”
“En las causas más importantes de la provincia de Buenos Aires, como el caso Candela, el caso Píparo, el cuádruple crimen de La Plata, siempre aparece un denominador común que es la utilización de testigos de identidad reservada, buches de la policía o personas que tienen relación directa con la delincuencia para armar todas estas causas. En todas se mete presa a gente que luego termina siendo sobreseída, porque no tiene nada que ver. En el caso Candela, el Topo Moreyra trabajó codo a codo con (los jefes policiales) Roberto Castronuovo y Marcelo Chebriau durante los primeros nueve días después de la desaparición de la niña”.
Chebriau, jefe de investigaciones de la DDI de La Matanza, es una pieza clave en la trama de encubrimientos. Está a la cabeza de todas las causas importantes en las que él no tiene competencia, como la de Candela, que pertenece a la jurisdicción de Morón.
Y había sido el propio Mazzeo quien por aquellos días planteó la recusación del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, y del fiscal de instrucción, Marcelo Tavolaro, por dirigir la investigación hacia “perejiles, con la intención de dar un manto de impunidad sobre el caso”, explicó entonces a AgePeBa.
Pero, ¿quién es el fiscal Federico Nieva Woodgate? Está a cargo de la Fiscalía General de Morón, rodeado de denuncias por delitos de lesa humanidad. Representa a la matriz del llamado Circuito Camps, hoy expresado en la complicad entre policías, políticos, delincuentes y funcionarios. Hasta ahora es sostenido por la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo, pese a que se cierne sobre él un juicio político.
Pocos casos como lo de este fiscal ilustran sobre la perdurabilidad del modelo creado por la dictadura para el aparato de Seguridad y de investigación penal en la provincia de Buenos Aires. Es la matriz del denominado Circuito Camps, que mutó en complicidad estructural entre delincuencia organizada, policías, políticos y funcionarios.
Llama la atención que en medio de los recientes cambios de jefaturas policiales y del cierre de calabozos en comisarías de La Plata, Berisso y Ensenada, todas medidas dispuestas por el gobernador Daniel Scioli, en las estructuras fiscales de la provincia, la procuradora general María del Carmen Falbo siga sosteniendo al fiscal Federico Guillermo Nieva Woodgate.
Las denuncias contra el fiscal general de Morón no terminan en el Caso Candela y se acumulan ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. La investigación sobré él y otros agentes del Poder Judicial se inició en octubre de 2010, a partir de una presentación efectuada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de presidente de la SERPAJ.
El nombramiento del actual fiscal general de Morón fue promovido por el ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, hoy en prisión por desaparición forzada de personas. De acuerdo con los planteos del SERPAJ, Nieva Woodgate habría estado involucrado en numerosos secuestros, desapariciones y asesinatos. Entre otros, en el caso de María Elena Peter de Fioritti y Armando Alberto Fioritti, ocurrido el 17 de noviembre de 1978, en Villa Tesei.
“En eso que empuja lo que se atraganta / En eso que traga lo que emputarra/ En eso que amputa lo que empala / En eso que ¡puta! / Hay Cadáveres.” Así dice un verso del lacerante pero hermoso poema de Néstor Perlongher.

Fuente: http://tiempo.infonews.com/2012/02/29/editorial-68864-hasta-cuando-polis-narcos-y-politicos.php