La Procuración Penitenciaria de la Nación recomendó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación evaluar la posibilidad de crear un programa destinado a la documentación de las personas en contexto de encierro, a fin de abordar las situaciones registrales que hoy no reciben adecuada atención y que, en los hechos, postergan el acceso a derechos de las personas detenidas sin documento.
La problemática de la documentación personal en las cárceles es un problema histórico sobre el cual la Procuración ha venido trabajando desde hace años. En el marco de un relevamiento específico llevado adelante por esta PPN en distintas unidades del SPF durante el segundo semestre del 2013, sobre un total de 79 personas privadas de libertad cuya situación se examinó en profundidad, 20 tenían inconvenientes para regularizar su situación documental. En otras palabras, un 25% del total de la muestra no poseía DNI al momento de la entrevista. A lo largo del año, asimismo, se registraron 154 reclamos directos relacionados con la documentación personal espontáneamente comunicados a la PPN, además de muchos otros, difíciles de contar, en los cuales los problemas de documentación aparecen de modo indirecto, subordinados al reclamo por algún otro derecho violado.
Desde 2011, opera un Convenio de Cooperación conjunta entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que ha acelerado notablemente los tiempos de emisión del DNI. Sin embargo, la PPN ha detectado que en los casos de personas que nunca han sido registradas, o que no han realizado la actualización durante su minoría de edad, los problemas subsisten e implican trámites engorrosos, de años de duración y de casi imposible solución, dado que en las inscripciones tardías deben intervenir autoridades judiciales y administrativas de distintas jurisdicciones.
Sin embargo, el derecho a la identidad es un derecho humano y carecer de DNI, en la práctica, impide ejercer en plenitud otros derechos fundamentales, como reconocer a los propios hijos, acceder a la salud y la educación, tener contacto familiar, o poseer trabajo formal, entre otros. Por ello, el acompañamiento del estado en los procesos de documentación se torna central, a través de la colaboración de todos los actores involucrados en las distintas jurisdicciones que deben intervenir y por ello la Procuración alienta la puesta en marcha de un programa que atienda la especificidad del derecho a la identidad en contextos de encierro, en línea con un compromiso estatal integral frente a la reinserción social de las personas detenidas.
