Por las buenas o por las malas. Así se puede resumir la manera en que la justicia federal ordenó una serie de medidas para recabar información y secuestrar documentación vinculada a la denuncia del fiscal de San Isidro, Luis Angelini, contra su jefe, el fiscal general Julio Novo, acusado de encubrir una red trasnacional de narcotráfico al «entorpecer» la investigación de los crímenes de tres colombianos que fueron acribillados en la zona norte del Conurbano.
La Rosadita, como se conoce a la inmensa casona enclavada en Ituzaingó al 400, donde funcionan las oficinas de la fiscalía general, fue sorpresivamente allanada ayer por la mañana por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a instancias del fiscal federal 2 Rodolfo Fernando Domínguez. «Se dispusieron varias órdenes de presentación o subsidiariamente, allanar las dependencias que no entregaran la documentación solicitada», según confió una fuente judicial a Tiempo Argentino.
Además del despacho de Novo, la justicia allanó las oficinas de sus fiscales adjuntos Eduardo Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro, quienes fueron incluidos en la denuncia de Angelini –en octubre de 2012 ante la Cámara Federal– por considerarlos piezas clave en un entramado de corrupción y encubrimiento.
Los investigadores federales también se presentaron en la fiscalía descentralizada de San Fernando, donde Angelini trabajó unos cuatro años antes de ser separado de ese cargo por Novo, y se llevaron documentación que podría resultar interesante para la causa.
Otro lugar donde la jueza Arroyo Salgado ordenó ayer buscar registros de la presunta maniobra fue la propia Procuración bonaerense, a cargo de María del Carmen Falbo. «La documentación fue entregada sin sobresaltos. De otra manera, hubiera sido un escándalo mayor», agregó la fuente.
En su denuncia, Angelini dio cuenta de que sus jefes no lo dejaron avanzar en 2009 cuando encontró vínculos entre los crímenes de colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá –hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina–, quienes meses después fueron detenidos en Barcelona luego de ingresar con una tonelada de cocaína en un avión de su propiedad. Ambos hermanos fueron condenados este año en España.
También en 2009, tanto Angelini como su colega Diego Grau tenían previsto una serie de entrevistas con testigos y funcionarios colombianos para esclarecer los asesinatos. La gira incluía las ciudades de Bogotá, Cali, Ibague, Medellín y Pereyra.
Intempestivamente, todo se frustró 24 horas antes de que los fiscales embarcaran. La excusa esbozada fue un problema burocrático entre la Procuración Bonaerense y la Fiscalía General de San Isidro.
LOS NARCOCRÍMENES DE LA POLÉMICA. El 24 de julio de 2008, un sicario acribilló a balazos en el estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez, a los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias «Monoteto». El otro homicidio fue el de Juan Sebastián Galvis Ramírez, ocurrido el 23 de febrero de 2009, cuando un killer lo baleó frente a una casa de venta de artículos de náutica, en avenida Del Libertador 1999, en San Fernando.
