Por Rolando Tobarez
En la última edición de su tradicional “Informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad”, el Ministerio de la Defensa Pública no sólo verificó un nuevo récord histórico de presos en Chubut sino que por primera vez en 5 años desde que este relevamiento se realiza, hizo duras advertencias al Poder Ejecutivo para que tome “decisiones urgentes” que alivien el colapso carcelario en la provincia. Si bien reivindicaron la buena relación y las buenas intenciones con el secretario de Seguridad José Glinski y los funcionarios provinciales dedicados al tema, desde el área que conduce Alfredo Pérez Galimberti dijeron que la crisis carcelaria no puede esperar mucho tiempo más. Y por eso sus anotaciones extra en este informe.
Según las conclusiones del documento –que data de octubre y es el último disponible- la tendencia de crecimiento en la cantidad de personas privadas de libertad bajo competencia del Poder Judicial se consolida. “La curva de crecimiento es leve pero constante desde el relevamiento de datos de octubre de 2011”, dice el documento, que reveló que la cifra de presos ya ascendió a 491 personas. “Es el pico máximo desde que realizamos el relevamiento sistemático de personas privadas de libertad”. El crecimiento interanual promedio de los dos últimos años es del 12,4%.
En el apartado “Reflexiones finales”, la Defensa Pública aclaró que en el Informe que se elabora semestralmente, “se procura brindar la mayor cantidad de información disponible del modo más objetivo posible”. Hecha esta salvedad, “debemos señalar que hay algunos indicadores que no pueden soslayarse, pues ponen en alerta la ya comprometida situación estructural de los lugares de alojamiento de personas imputadas de delito en la provincia, y cuyo análisis amerita la toma de decisiones urgentes”.
“Imposible cumplir”
El primer aviso es sobre los presos en comisarías. “Son el centro operativo de los agentes policiales en cada distrito. No han sido pensadas, ni antes ni ahora, para mantener personas detenidas. Los sitios de encierro de los que siempre han dispuesto las comisarías deben ser utilizados exclusivamente para los primeros momentos del arresto, pues en ellos se hace imposible cumplir con las reglas más elementales previstas por la Constitución respecto de las personas detenidas”.
En Chubut el 46,9 % de los presos se alojan en comisarías. “Esto muestra el estado crítico del problema. Un claro ejemplo de esta situación se muestra en Comodoro Rivadavia, donde debió presentarse un habeas corpus correctivo que generó distintas acciones por el momento sólo paliativas”.
En cuanto al cumplimiento de penas, la Defensoría aclaró que “el sistema carcelario debe proporcionar una separación entre las personas procesadas, que mantienen la presunción de inocencia, y las condenadas, que han de sufrir la pena impuesta”. Las alcaidías son los sitios adecuados, en buenas condiciones, para que los detenidos que esperan juicio se mantengan en prisión preventiva. “Lo cierto es que actualmente en Chubut las penas impuestas son total o parcialmente cumplidas en comisarías y alcaidías, y no en cárceles que aseguren un régimen de progresividad en estándares mínimos”.
En Chubut hay 367 personas detenidas cumpliendo pena: 307 están alojadas en comisarías y alcaidías o cumplen pena en prisión domiciliaria, lo que representa un 83 %, aproximadamente, de personas que cumplen pena fuera de un centro penitenciario.
Acceso limitado
En cuanto a la mentada resocialización, el informe aclara que “el objetivo resocializador de la pena sigue presente en las Constituciones, leyes y tratados internacionales vigentes. Pero, pese al esfuerzo de algunos operadores responsables, los condenados de Chubut tienen un acceso muy limitado a la educación, y prácticamente nulo al trabajo y a la capacitación laboral”.
“Cuando recuperen su libertad, las capacidades laboral y educativa con las que regresen a la vida social no serán mejores a las de su ingreso. Decía Elías Neuman que, así como no se aprende a jugar al tenis en un ascensor, no se puede aprender a vivir en libertad en una jaula”, anotan. Por otro lado, la Defensoría señaló que “es conocida la circunstancia de que no existe en la Provincia un Patronato de Presos y Liberados que pueda desarrollar una labor de acompañamiento, control y guía de aquellas personas que egresan de la prisión”. En este sentido insistieron con que “algunas personas deben recibir asistencia especializada. Si más del 18% de las personas privadas de libertad lo están a causa de la comisión de un delito de carácter sexual, debería existir un programa de trabajo específico que permitiera abordar cada caso para prevenir la reiteración de las mismas conductas”.
Otros datos
En términos generales, el 40,9% de los detenidos están vinculados al delito de homicidio; el 35% al tipo penal de robo; el 18,1 % abuso sexual, y el restante 4,9% a asociación ilícita, encubrimiento, estafa, hurto, lesiones y abuso,tenencia,portación de armas, vejaciones y violencia familiar. Del restante 1% no se cuenta con información. El promedio general de las penas impuestas a los condenados –más allá del tipo de delito al que se lo vincula- es de 10 años. Y casi la mitad de ellos (48,5%) tienen penas que van de 4 a 9 años.
Mucho en Esquel
El índice de prisionalización en la provincia también sigue creciendo: alcanzó los 97 detenidos cada 100.000 habitantes. Pero por ahora no llega al pico alcanzado en octubre de 2009, cuando llegó a 98 presos cada 100.000 habitantes. Además se encuentra por debajo del índice de prisionalización nacional, que es de 147 presos cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, en el caso de los detenidos por Juzgados de la Circunscripción de Esquel, la diferencia no es tan notable, ya que el índice de prisionalización en esa zona de Chubut es de 128 detenidos cada 100.000 habitantes. Sin dudas, una cifra que llama la atención en el contexto provincial en términos carcelarios
