El magistrado rechazó sin embargo la pretensión de quienes presentaron el amparo colectivo en el sentido que se declare la inconstitucionalidad del artículo 28 inciso ñ y 8 inciso m de la Ley Provincial de Educación 7546 y artículo 49 de la Constitución de la Provincia.

A la luz de lo dispuesto por el magistrado al resolver la acción, el Ministerio de Educación de la Provincia deberá cesar las conductas que se desarrollan en las instituciones públicas de educación primaria que impongan prácticas de la religión católica “y también que se adopten las medidas necesarias para adecuar el dictado de la materia Educación Religiosa a los parámetros dados por la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General 13 y en la Observación General 22 del Comité de Derechos Humanos, referidos al dictado imparcial, objetivo y respetuoso de la libertad de conciencia y de expresión, y que no obligue a revelar las creencias religiosas de los alumnos y sus familias.”

“La elección personal respecto de las creencias religiosas de los ciudadanos pertenece a su esfera íntima, sin que el Estado, so pretexto del cumplimiento de un deber emergente del derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa, pueda vulnerarlo jurídicamente o en los hechos colocándolos en la situación de declarar si es que profesan alguna religión y en su caso cuál”, sostuvo el Juez Domínguez en su resolución.

Consideró asimismo insoslayable la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contenida en la Observación General 13 y la 22 del Comité de Derechos Humanos.

Destacó además que en la redacción del artículo 49 de la Constitución de la Provincia, se intentó repetir el texto del artículo 12 inciso 4 del Pacto de San José de Costa Rica, “pero fue más allá y dispuso que los padres y tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Así, la Constitución salteña amplió el derecho de la convención y puso a cargo de la educación pública la obligación de satisfacer ese derecho. Luego, al reglamentarlo por ley 7546, el artículo 8 inciso m repite el texto constitucional. Las citadas normas en nada aparecen contradiciendo la libertad de culto, ni la libertad de conciencia religiosa, ya que no imponen religión alguna y por el contrario se muestran como normas respetuosas de ellas”.

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