Sentado en su despacho de la Procuración Penitenciaria de la Nación está Francisco Mugnolo, el hombre encargado de un organismo autárquico que monitorea las condiciones y violaciones a los derechos humanos en las cárceles federales del país, desde hace catorce años. El mismo asegura que su tarea no es pacífica: “como todo órgano de control su naturaleza es señalar lo que está mal”. Todas las semanas, grupos de trabajo de la Procuración recorren las cárceles del país, muchas veces sin previo aviso, y se entrevistan con personas privadas de su libertad para asesorarlas en sus derechos. A raíz de la sorpresiva salida del cuestionado director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, que él atribuyó a “razones personales”, PERFIL habló con Mugnolo sobre cómo fueron estos cinco meses de gestión, pero también sobre una cuestión que va más allá: si existe o no una política carcelaria actual en el país.

—¿Qué interpretación tiene de la salida de Marambio al frente del SPF?
MUGNOLO: En estos cinco meses no pasó nada. El vino creyendo que iba a tener el Servicio Penitenciario servido en una mano y que iba a poder llevar adelante sus políticas de “mano dura”. Al contrario, lo que obtuvo fueron más muertes en la cárcel que las que tuvo (Víctor) Hortel (su predecesor) y fugas. Tampoco hubo ningún cambio: en las cárceles, la corrupción no desapareció, la droga tampoco; menos la violencia, que al contrario se incrementó. Creo que fue un verdadero fracaso. Nadie puede venir después de la fuga de presos de uno de los penales de máxima seguridad que tiene Argentina y decir que vino por un tiempo y que se va “por razones personales”. Pensó que podía hacer las cosas de una manera que no pudo. No tenía más campo de acción, quiso imponerse a la Justicia y ya estaba advertida. Tampoco tuvo respaldo político. Y ahora está Blanco, el reemplazante, del que todavía no sabemos ni lo que piensa.

—¿Cree que la fuerza que ejercieron las organizaciones de DDHH, como la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, y Adolfo Pérez Esquivel influyó en su retiro?
—Claro porque cuando Marambio gestionó (entre 2007 y 2010), él cometió una serie de violaciones a los derechos humanos, que denunciábamos con las ONG que tenían que ver con la violencia física a la que sometía a las personas privadas de su libertad. Tampoco hizo nada para cambiar la ley orgánica del Servicio Penitenciario que muchos aún actúan como militares. Pero era un tipo con muchos estudios, sabía hablar muy bien, citaba al teórico (Luigi) Ferrajoli, pero después te hacía dar una paliza. Hay mucha gente que habla mucho de la cárcel, escribe libros y nunca pusieron un pie en ella. El era un tipo ilustrado, entonces recibía muchos elogios. Pero su gestión fue un fracaso: corrupción, drogas, abusos, póngalo al lado de lo que dice Ferrajoli y no tiene nada que ver. Pero desde el CELS, Pérez Esquivel o desde la Comisión Provincial por la Memoria no era que lo criticábamos a él personalmente, sino a la gestión. Por ejemplo, nosotros teníamos muchísimos problemas para ingresar a los penales. Hasta le presentamos un amparo en la Corte por secuestro de facultades. Marambio llegó a decirle a los presos que cada vez que yo iba a la cárcel y atendía a un preso, luego debía someterse a un interrogatorio para informarle a él qué me habían dicho. Te das cuenta que era un nazi.

—¿Y ahora habían empezado a tener nuevamente dificultades para ingresar a las cárceles?
—Sí, surgían otra vez problemas. No nos dejaban ingresar con celulares, cuando es el aparato con el cual sacábamos fotos. Además tenemos por ley derechos para ingresar con celulares, máquinas de fotos, filmadoras. Así obtenemos las pruebas de las anormalidades que pasan y testimonios.

—¿Qué piensa usted de la gestión del predecesor de Marambio, Hortel? ¿Qué puntos destaca a favor y en contra?
—Era una política que parecía más vinculada al preso, cuestiones que eran importantes para la socialización. Pero creo que a Hortel lo mató la militancia. Yo destaco el propósito de organizar una gestión que estuviera más cerca de la libertad interior de un preso, la filosofía de procurar que el trato sea de mayor dignidad, sin tantos golpes. Pero lo que sucedió es que después entró gente que desde la acción podía ser meritoria y después se fue para el otro lado. Hacer cualquier política en la cárcel no sirve. Hay que conocerla.

—¿Por qué razón cree que fracasaron ambas gestiones?
—Lo que yo pienso es que no hay política. Viene un Marambio y gestiona de una manera, viene otro y lo hace de otra. El problema de la cárcel va más al fondo de la cuestión. No es tanto quién la gestiona, sino de la falta de una política de parte del Estado sobre cuál es la finalidad de la cárcel: qué hacemos con las personas privadas de la libertad, qué hacemos con el Servicio Penitenciario como fuerza, ¿es la cárcel para rehabilitación o no? Nuestra propuesta es la de la Constitución. Tratar de tener menos privación de la libertad y más políticas de recuperación de la gente. Claro que esto también pasa por un problema más general: el 99% de los presos son pobres. Entonces es un problema social. Pero si nosotros queremos hacer un trabajo de recuperación de las personas, por empezar, no las podemos tener hacinadas. La cárcel tiene la misma diversidad que tiene la sociedad. Hay tipos que cometieron hechos atroces y otros que no. Pero si mirás más abajo te vas a dar cuenta que casi todos vienen de hogares humildes y de exclusión social. Hay que pensar el conflicto social desde ese lugar.

Otro asunto preocupante es el tema de los traslados de los internos a distintas partes del país, que muchas veces, son sin previo aviso y terminan alejando al detenido de la familia y de los estudios. ¿Bajo qué lógica se llevan adelante?

La justificación es que son “técnicas penitenciarias”, un eufemismo para decir que ellos pueden disponer de vos como quieras. Si te dieron una golpiza y eso genera una responsabilidad, te trasladan. Primero a una unidad que haya lugar, segundo que te pongan lo suficientemente lejos como para complicar las denuncias por malos tratos. El traslado es tomado como un castigo. Además es algo muy grave porque en el camino se violan muchos derechos de las personas. Nosotros hemos denunciado que paran el camión en medio del campo para dar una paliza.

—¿Cómo afecta esto la relación con la familia y los estudios?
—La ley dice que en el tratamiento penitenciario el acercamiento familiar es un pilar central para la rehabilitación. Pero en estos casos es muy difícil para la familia trasladarse y se pierde el contacto. Llegás a un lugar con menos posibilidad a la protección. Hay una disposición por ejemplo del CUD (Centro Universitario Devoto) que dice que un estudiante no puede ser trasladado mientras esté estudiando. Sin embargo, muchas veces eso no se cumple. Se interrumpen estudios universitarios y también de aquel que no es universitario, como una persona de más de 40 años que está terminando los estudios primarios, lo trasladan y pierde lo que avanzó y después es muy dificultoso volver a empezar.

—Entonces, ¿cómo podría convertirse la cárcel en un instrumento de integración social?
—Hay que empezar a pensar la cárcel como un instrumento rehabilitador y no de control social de la gente más humilde. Hay muchas cosas nuevas en la cárcel. La presencia de la mujer, por ejemplo. Quince años atrás no había tantas mujeres. La ley de ejecución de la pena sólo tiene ocho artículos que se refieren a la mujer como “interna”, porque toda la ley habla del “interno”. No hay política de género en las cárceles. Además no hay programas efectivos del Estado post-penitenciarios. Hoy una persona que sale de la cárcel difícilmente encuentre un trabajo. La desgracia que hay hoy es que el tipo entra a la cárcel y es un convicto para toda la vida. Hay que poner todas estas cuestiones sobre la mesa y volverlas a discutir.

De la fuga a la superpoblación

Tras limar uno de los barrotes de un ventiluz, diez presos pudieron escapar de una de las celdas de la comisaría 13ª de La Tablada, partido de La Matanza el jueves pasado. Hecho que vuelve a dejar al descubierto una problemática aún mayor: alrededor de tres mil personas se encuentran detenidas en la actualidad en comisarías, según detalló Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación.

“Este año empezamos a auditar las comisarías y vimos que este es un problema muy grave sobre todo en la provincia de Buenos Aires”, explicó el hombre encargado de la institución autárquica. Además agregó que esta situación implica que parte del cuerpo policial no pueda hacer servicios de calle ya que debe estar “cuidando a los presos que tienen en los calabozos”. Según Mugnolo, esta política empezó con Carlos Ruckauf y se fue acentuando año tras año: “como mucho un detenido debería estar cinco días en comisaría, que es el tiempo que tiene el juez de instrucción para determinar si la persona debe seguir o no privada de la libertad, es decir, si debe ser enviada a un penal. Pero como las unidades no tienen lugar, los dejan ahí”.

Como las cajas chinas, el problema de la encarcelación en comisarías engloba a su vez otro inconveniente: la superpoblación. En el ámbito federal, la Procuración Penitenciaria denunció, hace años, que la Unidad 28 del SPF se emplea para el alojamiento prolongado de personas, “a pesar de que debería funcionar como modo de traslado y alcaidía judicial para estancias muy acotadas”. También verificó que en los principales establecimientos del área metropolitana –los Complejos Penitenciarios Federales I (Ezeiza) y II (Marcos Paz), y el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto)– se implementaron medidas improvisadas para incrementar irregularmente la cantidad de plazas, como “el agregado de camas dobles en lugares preparados para lechos individuales, o la utilización de espacios destinados a esperas cortas durante el movimiento habitual entre pabellones como lugares de estancia permanente, aún cuando siquiera cuentan con acceso a sanitarios”.

Para Mugnolo, la superpoblación es un secreto a viva voz sobre el que hay pocos datos certeros. Por eso presentaron hace cuatro meses un proyecto de ley que busca que el tema se ponga en discusión: “proponemos que se haga un censo para determinar cantidad de presos por penal,  que se prohíba que la unidad penitenciaria tenga una población mayor al límite indicado, y que los delitos leves cuenten con otra clase de pena”.

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