Estaban en juzgados de Instrucción y Correccionales. La mitad irán al archivo o a una solución alternativa. El resto seguirán bajo investigación en fiscalías especializadas.

En los juzgados de Instrucción y Correccionales, que desaparecieron con la reforma procesal penal, había más de 6.000 expedientes. Cada uno encierra la denuncia de un posible delito, con sus víctimas y, en algunos casos, sus autores. Ahora están en la Ciudad Judicial donde una unidad especializada del Ministerio Público Fiscal los está clasificando por delito y por importancia. De los 4.180 que ya analizaron, menos de la mitad seguirán siendo investigados y el resto tendrán una solución alternativa

Las víctimas serán informadas del destino que tuvo el expediente donde figuran, y si están en desacuerdo con la resolución adoptada, podrán apelar ante el Colegio de Jueces.

“Estamos haciendo un trabajo criterioso, razonable y rápido. Del volumen de expedientes que nos llegó de los juzgados apenas el 5 por ciento estaba clasificado. Cada fiscalía aportó personal para realizar la tarea”, explicaron Paula González y Diego Azcárate, funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

Además de esta clasificación, están cargando a una base de datos todos los detalles relevantes como para que, en el futuro, la fiscalía de Persecución Penal Estratégica elabore su mapa del delito.

Empezaron con la clasificación el 14 de enero, día en que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. A partir de ese momento desaparecieron los juzgados y los jueces ya no investigan, como hacían en el anterior sistema. Ahora sólo resuelven en base a los planteos de la acusación y la defensa.

Del volumen analizado hasta ahora, 184 expedientes fueron a la fiscalía de Delitos Violentos contra las Personas, que investiga básicamente homicidios. Otros 550 quedaron en la fiscalía de Delitos Patrimoniales, que concentra robos y delitos contra la administración pública.

Por otra parte, 514 expedientes fueron girados a la fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y de Género.

En tanto, 590 están a disposición de la fiscalía de Actuación Genérica, encargada de investigar lesiones leves, encubrimiento y cortes de ruta, entre otros delitos. Y 202 fueron enviados a la fiscalía de Respuestas Rápidas, donde se investigan los casos de flagrancia.

Esos son los expedientes que continuarán bajo investigación. Otra proporción importante tendrán alguna de las salidas alternativas que prevé el nuevo Código.

Por ejemplo, 206 expedientes serán propuestos para mediación, y en 1.934 se aplicarán criterios de oportunidad, o serán desestimados o irán al archivo.

González y Azcárate explicaron que el archivo de un expediente “no hace cosa juzgada”, y la víctima, que será notificada, puede apelar incluso sin necesitar un abogado.