El acotado espacio que disponemos y la complejidad y seriedad del tema, nos obliga a realizar una simple aproximación estadística no concluyente, que en todo caso puede servir de puntapié para estudios pormenorizados.
Para esa tarea acudiremos a los datos oficiales de encarcelamiento para 2012, presentados en los informes del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, elaborados por la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (disponibles en internet en http://www.infojus.gov.ar/sneep).
De acuerdo a las cifras allí contenidas, en Catamarca, del total de delitos cometidos (captados por el sistema y encarcelados en unidad penitenciaria) el 34% corresponde a delitos contra la propiedad (robos y hurtos principalmente), el 22% a delitos contra las personas (homicidios dolosos y culposos, lesiones), el 12% a delitos relacionados con estupefacientes (tenencia, comercialización), un 4% es el porcentaje residual (delitos de otro tipo, no contemplados en las categorías mencionadas) y finalmente, el 28% restante representa la porción que aquí nos interesa, es decir, los delitos contra la integridad sexual.
Si comparamos estos datos con los recolectados en el mismo universo y para el mismo espacio temporal respecto a otras provincias y para el número total de delitos en el país, nos encontramos con que los delitos contra la integridad sexual representan aproximadamente el 11% en Argentina, mientras que en La Rioja y Córdoba es del 16%, en Salta y Santiago del Estero ronda el 21%, en Jujuy el número es superior al del Catamarca, llegando al 29%, en Tucumán es del 14% y en Buenos Aires solo llega al 8%.
En todos los casos analizados los delitos contra la propiedad representan la porción más significativa.

Una primera lectura superficial de estos números confirmaría la hipótesis presentada. En Catamarca existe un número de casos de abuso sexual elevado en comparación con otras provincias. Sin embargo, esta afirmación debe ser tamizada.
Los datos colectados también dicen otras cosas. Con matices lógicos, las personas son encarceladas en mayor medida por cuatro tipos de delitos, el resto representa una tajada insignificante en el universo total de infracciones a la ley penal captadas por las agencias policiales. Estas categorías son: delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, delitos contra la integridad sexual y delitos relacionados con estupefacientes.
Si bien en Catamarca la cantidad relativa de delitos contra la integridad sexual ocupa un lugar preponderante, en el resto de las provincias su incidencia no es insignificante ni mucho menos. En todos los casos, con excepción de Buenos Aires, los números ubican a esta categoría entre las tres con mayor presencia dentro del conjunto de delitos por los cuales existen personas privadas de su libertad.
El delito es un fenómeno social, complejo y multicausal. Los criminólogos han tratado largamente de encontrar una justificación para este fenómeno y así se elaboraron teorías que creían encontrar la razón en cuestiones biológicas, en la lucha de clases, en la pobreza, la exclusión social, la privación relativa, etcétera. La conflictividad social presenta además innumerables matices que dificultan también la intención de trazar lazos unívocos y simplistas entre causas y efectos. Una teoría que pretenda explicar la proliferación de la delincuencia de cuello blanco (corrupción) difícilmente pueda cobijar bajo los mismos argumentos a los delitos contra la integridad sexual.
Existen, además, una serie de factores de orden práctico que pueden generar distorsiones en la valoración de los números presentados. En efecto, para este primer análisis hemos tomado como referencia datos oficiales, es decir, datos digeridos, seleccionados y categorizados por organismos estatales. Quién procesa y presenta la información necesariamente la contamina, le imprime un sentido. La estadística oficial de detenidos y de delincuencia suele diferir de la que es elaborada por organismos no gubernamentales o entidades internacionales.

Por otra parte, el universo de casos seleccionado sólo toma en consideración los delitos reprochados a personas encarceladas. Se deja de este modo fuera del conjunto a las que no están detenidas en unidades penitenciarias y se incluyen dentro del mismo a las personas que aún son inocentes (detenidos en prisión preventiva a la espera de juicio o con condenas no firmes).
Existe por último otro elemento a tener en cuenta. Los datos oficiales de los delitos son sólo el reflejo de los fenómenos captados por las agencias punitivas estatales. Existe una «cifra negra» de delitos que no son informados porque a pesar de la denuncia de la víctima el sistema no los trata como tales, o directamente porque no son denunciados.
El abuso sexual es una categoría con complejidades intrínsecas. Se produce mayormente en contextos intrafamiliares, no puede ser investigado de oficio por el estado sino que depende de la denuncia del afectado y su visibilización depende en gran medida de la existencia de canales adecuados para la denuncia (superando así el temor de la víctima, la falta de credibilidad del discurso, la vergüenza social, necesidades económicas por las cuáles no desintegrar la familia, razones culturales, etcétera).
Estas dificultades y los matices expuestos nos obligan a una extrema prudencia en el análisis de la información recogida ya que las diferencias numéricas de acuerdo a los cortes territoriales efectuados podría obedecer a interferencias en la recolección de la información y no a una real existencia de mayor cantidad de delitos contra la integridad sexual en la provincia.
Hemos dicho que excede ampliamente este espacio la búsqueda de razones para explicar el fenómeno (si es que existe). La información presentada sirve como un dato inicial orientativo. La posibilidad de extraer conclusiones válidas y de utilidad para el diseño de políticas criminales requiere estudios profundos, particulares y contextualizados adecuadamente, cultural y territorialmente. Sólo a partir de ese tipo de investigaciones podrán trazarse acciones destinadas a la prevención y disminución de la incidencia de estas conductas en el entramado social provincial.