El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, suscribirá mañana un convenio de colaboración con el Ministerio Público de la Acusación, una de las instituciones creadas en el marco de la reforma procesal penal que ya rige en forma plena en toda la provincia.
La firma tendrá lugar a las 10 en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno de Santa Fe (planta baja, 3 de Febrero 2649). En el acto estarán presentes el fiscal general, Julio de Olazábal; la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich; y la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, entre otros funcionarios.
A pocos días de ponerse en vigencia de manera definitiva el nuevo sistema, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adelantaron que uno de los principales horizontes del acuerdo es establecer lineamientos conjuntos de trabajo, así como poner a disposición de la Fiscalía los programas de la cartera provincial en relación a la nueva justicia penal, tales como la asistencia integral a las víctimas de delitos (a través de los Centros de Asistencia Judicial), las oficinas de Mediación Penal y el Programa de Gestión y Control de las Reglas de Conducta.
«Las partes desarrollarán acciones con el objeto de diseñar, coordinar y ejecutar la actuación interinstitucional entre los funcionarios y reparticiones dependientes del Ministerio Público de la Acusación y los organismos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ligados a las instituciones y principios previstos en el nuevo Código Procesal Penal», señala uno de los párrafos del convenio de colaboración y cooperación.
Cabe recordar que el lunes 10 de febrero en la provincia de Santa Fe se puso en marcha un sistema de enjuiciamiento oral y público en todas sus instancias (no sólo en el juicio). El proceso está a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana. Los fiscales son ahora los encargados de la investigación.
PROGRAMAS DE LA NUEVA JUSTICIA PENAL
En el nuevo sistema procesal penal, la víctima de un delito es respetada, escuchada y atendida. Deja de tener un papel pasivo, como en el viejo modelo. Ahora es protagonista, participa de todo el proceso, obtiene una respuesta concreta a su demanda con la reparación del daño sufrido, y puede constituirse en querellante.
En este sentido fueron creados cinco Centros de Asistencia Judicial (CAJ) con sus oficinas de Asistencia a las Víctimas y de Mediación Penal, para apuntalar los aspectos pertinentes del flamante sistema. En estas instituciones, que funcionan en Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera y Reconquista, las víctimas reciben asistencia integral, contención y respuesta.
En el marco de los CAJ funcionan las oficinas de Mediación Penal, que dependen de la Dirección de Desjudicialización de la solución de los conflictos interpersonales. Se trata de un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales cuya función es intentar que los participantes solucionen los conflictos con la ayuda de un tercero neutral, experto en la materia, quien los acerca facilitando el diálogo.
Por otro lado, también priorizando soluciones alternativas para la resolución de conflictos y en el marco de la reforma procesal penal, se rediseñó el antiguo Patronato de Liberados, ahora denominado Dirección provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, en la órbita de la Subsecretaría de Asuntos penales. Allí se puso en marcha el Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta, con el objeto de apuntalar las salidas alternativas.
Estos programas, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, serán puestos a disposición de la Fiscalía, a través del mencionado convenio.
