El prefecto Pedro Enrique Amargan fue designado el 21 de enero pasado como nuevo jefe de la Región Noreste del Servicio Penitenciario Federal, luego de desempeñarse como director de la U7 en Resistencia. La noticia pasó casi desapercibida, diluida entre la preocupación por la cotización del dólar, los aumentos de precios y los cortes de luz. Lo que muchos desconocen, además, es que a fines de septiembre de 2013 la Fiscalía Federal de Resistencia pidió el procesamiento de Amargan por omitir denunciar los apremios ilegales cometidos contra los internos de la cárcel federal chaqueña durante las requisas, por los cuáles el Ministerio Público Fiscal también requirió que se impute a 30 funcionarios del servicio penitenciario.
Casi cuatro meses pasaron desde la presentación del Ministerio Público Fiscal hasta el ascenso de Amargan, sin que el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, se haya expedido sobre la acusación que pesa sobre el exjefe de la U7. Del acto oficial de asunción de Amargan como jefe de la Región NEA del SPF participaron la ministra de Gobierno del Chaco, María Lidia Cáceres y el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Churín.
Según datos de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), entre enero y septiembre de 2013 -gestión Amargan- se recibieron notificaciones de 53 hechos de violencia en la Unidad 7 de Resistencia. Se trata sólo de casos informados por el propio SPF. Esos hechos involucraron a 113 personas detenidas. En 47 de esos casos se registraron lesiones en uno o más de los participantes. En los últimos tres años, los fallecimientos dentro de la unidad fueron nueve: tres en 2011, otros tres en 2012 y al 31 de octubre de 2013 se registraban otros tres casos, según reveló fiscales.gov, el sitio oficial de la Procuración General de la Nación.
La denuncia
El fiscal federal ante el TOF de Resistencia, Federico Carniel, formuló el requerimiento de instrucción en base a denuncias recogidas por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y por la fiscalía en diferentes visitas al penal. Los internos denunciaron malos tratos, amenazas y destrucción y robo de objetos personales. Por esa razón, Carniel solicitó que se instruya una causa por apremios ilegales cometidos por miembros del Servicio Penitenciario Federal de la Unidad 7, a quienes en principio imputó como autores de ese delito, y al por entonces director, Pedro Amargan, por la «comisión por omisión», es decir, no haber evitado los apremios.
El fiscal federal señaló que la imputación de Amargan se debió a que «lejos de evitar el resultado, omitió prestar el debido auxilio a aquellas víctimas, como así tampoco realizar la denuncia pertinente ante la conducta de sus subordinados o en el peor de los casos aplicar las sanciones correspondientes».
Cabe agregar que las constantes denuncias por apremios y torturas en la cárcel federal de Resistencia llevaron al director de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Francisco Mugnolo, a analizar la posibilidad de instalar una delegación en la capital del Chaco.
En la mira
La Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal es uno de los penales que está en el centro de la atención de la Procuvin. Desde su creación en marzo de 2013, la Procuvin y los fiscales de la jurisdicción han impulsado allanamientos, pedidos de detención de penitenciarios por torturas, por el abuso sexual de un recluso, una investigación en la que se busca dilucidar si se encargó el crimen de un interno y el pedido de investigación en la causa por la cuál también se imputa a Amargan.
En la primera de las inspecciones de la Procuvin se presentaron habeas corpus individuales en favor de tres detenidos ante el juez federal Skidelsky. También se presentaron informes en favor de 31 personas privadas de su libertad. En tanto, en la segunda ocasión se hicieron presentaciones en favor de otras 13 personas.
El 7 de octubre la Procuvin presentó un habeas corpus colectivo junto a funcionarios de las unidades fiscales de la jurisdicción ante el juez Skidelsky. En esa presentación, se planteó la cuestión de fondo y se pidieron medidas cautelares, que fueron rechazadas por el juez. A raíz de ello, el 18 de noviembre se presentó queja por retardo de justicia. Al día siguiente el juzgado hizo lugar parcialmente a lo planteado, pero no ordenó medidas inmediatas y concretas al SPF y dispuso conformar una mesa de diálogo. La resolución fue apelada por los fiscales de Resistencia el 22 de noviembre.
Ante la multiplicidad de denuncias, el 6 de diciembre de 2013, una comitiva encabezada por el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, realizó una inspección en la U7. Estuvo acompañado por el coordinador del Área de Encierro de la Procuvin, Roberto Cipriano García, y la secretaria Ana Laura López. Además, participaron los jueces de la Cámara de Casación Federal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, la jueza Mirta López, de la Cámara del Crimen, los jueces de cámara porteños Sergio Paduczak y Martín Vázquez Acuña; los fiscales federales de Resistencia, Federico Carniel y Patricio Sabadini, y Ariel Cejas, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
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