Luego de que la nueva justicia penal resolviera la semana pasada, en audiencia oral, la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento de un hombre que golpeaba a su pareja, en 24 horas; el Ministerio Público de la Acusación estimó que estos casos podrían arribar a una sentencia en una semana, mediante juicio abreviado homologado por un juez. En el viejo sistema, esta resolución podría haber demorado un mínimo de tres meses, según indicó la fiscal Marisol Fabbro. Por su parte, la abogada Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), saludó la medida pero a la vez exigió capacitaciones para que todos los jueces tengan perspectiva de género. Por su parte, la fiscal consideró que «en la era de los homicidios y la violencia de género, ningún juez lo pasaría por alto».
En los primeros cuatro días de trabajo de las nuevas fiscalías, ingresaron 22 denuncias de violencia de género y otras 34 de violencia familiar. Para Chiarotti, «además de la ventaja de la celeridad del nuevo sistema, el resultado favorable para las mujeres depende mucho de quiénes estén actuando en la audiencia oral. Es clave que los operadores judiciales tengan una formación en violencia contra la mujer y en equidad de género».
Chiarotti insistió con que el caso reflejado el jueves pasado por este diario fue «maravilloso» el hombre sigue sometido a proceso, pero lamentó: «Conozco el foro de Rosario, y me pregunto cuántos jueces podrían dar esa salida, en cuántos casos y qué tipo de casos. Qué garantías tenemos de que habrá jueces que no utilicen estereotipos discriminatorios, de género, económico y racial por la pobreza, y las mujeres terminen perjudicadas».
Al mismo tiempo, se quejó de que «la Facultad de Derecho no forma sobre esta reforma, ni con perspectiva de género». Y aclaró: «Hay muchas cosas del derecho que no se analizan con perspectiva de género, pero no podemos culpar a los jueces por cómo están formados, hay que empezar por quién forma a los jueces».
Al hablar de las posibles soluciones, la abogada planteó que además de capacitaciones para los actores en cuestiones de género, «tiene que sentarse en conjunto la gente que trabaja en el Poder Judicial con las autoridades de la Facultad y trabajar en la currícula para reformarla y atravesarla con cuestiones de género, derecho de familia, promover investigaciones, hacer análisis, crear estadísticas». Recordó que «la Corte tiene un mandato para crear la Oficina de la Mujer que no se hizo y podría ser un observatorio de sentencias judiciales que vaya vigilando de qué manera se está aplicando este proceso penal».
La letrada también cuestionó los juicios abreviados (que deben ser homologados por un juez), para casos de violencia de género. «Creo que para las mujeres pueden ser positivos si se toman una serie de recaudos, se vigilan las sentencias y se controla que no haya impunidad». Y remarcó: «Es un tema delicado y complejo. Para garantizar justicia para las mujeres van a tener que hacerse cursos de equidad de género para evitar la impunidad. Desde el Comité de la Organización de los Estados Americanos (OEA), estamos viendo esta problemática en otros países y están más adelantados en temas que nosotros no resolvimos todavía como es la atención a las denuncias».
Por su parte, la fiscal Fabbro planteó que «cuando estas denuncias se presentan, las víctimas luego no quieren volver a sus domicilios, porque el victimario es una persona muy cercana, que conoce el ritmo de vida y los lugares que frecuenta. Hay que preservar a la víctima», instó.
La Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas es el organismo que se va a encargar de controlar todas las medidas que pide la fiscalía, para que efectivamente se cumplan, según indicó Fabbro, mientras que aclaró: «Cualquier incumplimiento a una prisión morigerada o a la prohibición de acercamiento a la víctima, el agresor queda detenido, sin chance». La fiscal agregó: «La línea que nos bajaron desde la Fiscalía Regional es que todo caso que tenga tinte de violencia de género, lo sometamos a proceso. El juez tendrá que resolver conforme lo que la fiscalía pide».
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