En diálogo con radio Libertad, el abogado Mario Bosch, se refirió al comunicado que emitió el Comité Provincial de Prevención de la Tortura a través del cual se advirtió que la represión policial del 11 de febrero pasado contra manifestantes, ocurrida en inmediaciones a la Casa de Gobierno, violó varios protocolos de actuación que reglamentan la forma de actuar ante protestas sociales.
«Siempre que la solución fue el garrote, se terminó mal», observó Bosch. «Esperamos que a partir de ahora se tome en cuenta el protocolo para evitar choques. No tuvimos todavía una respuesta por parte del gobierno. Esperamos que prime la cordura y la paz social, porque de lo contrario la provincia corre un serio riesgo institucional», sostuvo.
«En su momento productores sojeros cortaron las rutas, también gremios estatales y privados. Incluso hasta jueces de la provincia protagonizaron, en 2006, cortes de calles en la esquina de Güemes e Irigoyen, frente al Banco del Chaco, para reclamar mejoras presupuestarias», recordó Bosch.
«Por eso el parámetro para medir debe ser un parámetro de igualdad, y no si nos gusta o no nos gusta quiénes son los que peticionan», observó el abogado. «El tránsito debe ser reestablecido por la forma que lo establece el derecho», añadió.
«Lo que hacemos es un análisis de lo que se pudo ver en todos los medios de comunicación, como por ejemplo, que se disparaba desde atrás con balas de goma a las personas y que no se estableció un plazo de negociación. El mismo jefe del operativo lo manifestó, dijo que (los manifestantes) tenían cinco minutos para retirarse y que transcurrido ese tiempo se procedió sin más aviso a desalojar a la gente», señaló el titular del Comité contra la Tortura.
«No estamos diciendo que esté bien que se interrumpa el tránsito. Tampoco estamos diciendo que no exista el derecho de lo ciudadanos a protestas, ni desconocemos que hay un malestar social por esto», aclaró.
«Lo que pasa es que siempre que hay reclamos hay conflictos. Los protocolos y las formas de actuación que se establecen, que provienen de Naciones Unidas, y que fueron establecidos en lo que se conoce como el protocolo Garré, sobre uso de la fuerza pública, al que el Chaco adhirió, y en otros protocolos que están para determinar cómo debe actuar el Estado y cómo deben actuar los ciudadanos en los casos de conflicto», recordó.
«Estos protocolos no justifican los usos excesivos de la fuerza pública y hablan de establecer, por ejemplo, una protección a niños», destacó el abogado. En ese sentido, hizo notar que en los incidentes ocurridos frente a la Casa de Gobierno «había transeúntes que pasaban por el lugar y que se vieron sometidos a esta situación.»
«No voy a opinar desde el punto de vista político sobre cómo debe actuar o no debe actuar el gobierno, porque no corresponde. Lo que hemos hecho es señalar, en un comunicado bastante breve, -porque hay un documento más extenso que se dará a conocer oportunamente-, cuáles fueron los incumplimientos desde el punto de vista legal en los que se ha incurrido en esa ocasión», señaló Bosch.
«Para eso fue creado el Comité Provincial De Prevención De La Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por una ley de la Cámara de Diputados del Chaco que ratifica el protocolo de Naciones Unidas y que lo establece como mecanismo de prevención», destacó.
«Nuestra función es decir cómo se debe prevenir para que en los casos de conflicto no se exceda el uso de la fuerza pública por parte del Estado», explicó y recordó que el Comité contra la Tortura está integrado por miembros de los tres poderes del Estado y por miembros de la sociedad civil.
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