Mañana a las 9 comienza la segunda y última sesión de la audiencia pública para la reforma procesal penal. Hasta ayer, el acto organizado por la comisión especial tenía 22 ponencias confirmadas (ver programa). Entre ellas están las exposiciones que presentarán cuatro especialistas foráneos especialmente invitados para esta oportunidad: Daniel Erbetta, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario (Santa Fe); Gustavo Iglesias, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, y Mario Juliano, juez del Tribunal Criminal de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal de la Argentina.

La audiencia, que será celebrada en el nuevo edificio de la Legislatura, cerrará el ciclo de apertura a la opinión de la ciudadanía iniciado el 19 de diciembre pasado. El objetivo de la comisión compuesta por miembros de los tres poderes y de la abogacía es escuchar a la comunidad antes de redactar el anteproyecto de reforma integral del proceso penal.

A simple vista surge que la convocatoria de la segunda sesión tuvo mejor acogida que la de la primera, que en total reunió 16 ponencias. En esa ocasión, ninguno de los inscriptos abordó la cuestión de la Policía (en la comisión volvió a aparecer la idea de crear una fuerza científica dependiente de la Justicia o una Policía Judicial) ni del juicio por jurados. En cambio, varios trabajos hicieron hincapié en el régimen procesal para niños, niñas y adolescentes; la aplicación de la audiencia oral en la investigación preparatoria y el principio de oportunidad (autoriza a investigar sólo los hechos y conductas delictivas de interés para la política criminal a diferencia del principio de legalidad vigente, que obliga a investigar todo).

Las ponencias presentadas para el cierre de la audiencia amplían aquel temario. Varias de ellas abordan el asunto del juicio por jurados; la reformulación del Ministerio Público Fiscal y el papel de la defensa. En principio, ninguno de los expositores se referirá específicamente a la posibilidad de fundar una Policía Judicial o científica dependiente de los Tribunales.

La experiencia de Santa Fe

Enrique Sancho Miñano, coordinador de la audiencia y asesor del legislador oficialista Marcelo Caponio, informó que la comisión cursó invitaciones a numerosas instituciones y figuras afines a la reforma procesal penal. No fue sencillo movilizar a los potenciales ponentes en pleno verano, pero las respuestas positivas llegaron. La academia, gran ausente de la sesión de diciembre, hará oír su voz mediante la intervención de la cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Guillermo González), y del Taller de Criminología y de la cátedra de Derecho Penal -Parte Especial- (Edmundo Martín González) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.

Entre los magistrados y funcionarios constitucionales que se comprometieron a participar estánLiliana Vitar, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción; Ana Carolina Cano, defensora de Menores de Concepción, y Jesús Pellegri, vocal de la Sala II de la Cámara Penal de Concepción. La comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Sur (Liliana Soria yCristian Suárez), que ya había hecho una contribución en el acto de diciembre, también participará en el cierre de la audiencia. Además, serán de la partida las asociaciones civiles Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Lucas Manuel Bejar), y la Fundación María de los Ángeles (Carlos Garmendia).

La comisión presidida por el legislador Caponio amplió el horizonte de la convocatoria mediante el fichaje de Erbetta, Iglesias, Baclini y Juliano. Los invitados santafesinos (Erbetta y Baclini) concitan un interés especial puesto que su jurisdicción acaba de implementar una reforma procesal penal similar a la pretendida para Tucumán. La presencia de Iglesias puede ser valiosa para el proyecto que procura crear un Ministerio Público de la Defensa (hoy esa función está unida a la acusación a cargo de los fiscales). El bonaerense Juliano, por su parte, es un peso pesado del Derecho Penal argentino.

Tras el acto de mañana, que es abierto al público, la comisión se “encerrará” a escribir el anteproyecto. Ayer, mientras supervisaba la organización de la audiencia, Caponio dijo que su anhelo personal era presentar el documento a la Legislatura en agosto o septiembre: “queremos que el nuevo código procesal penal sea fruto de todos los poderes del Estado. Buscamos la mejor herramienta posible para combatir el delito y celebramos la participación de la sociedad”.

 

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