El año del calendario comenzó hace 52 días, pero el 2014 de la reforma procesal penal empezó ayer. Y ese inicio fue un cierre: el de la audiencia pública organizada por la comisión especial a cargo de elaborar una propuesta de enmienda integral para el fuero más sensible de los Tribunales. La sesión de este jueves en la Legislatura dejó una buena cantidad de aportes inspiradores y una certeza: el primer objetivo del nuevo sistema debe ser revertir la impunidad.
En eso coincidieron el anfitrión Marcelo Caponio, presidente de la comisión y legislador oficialista, y los expositores foráneos que presentaron sus ponencias durante la mañana. Con matices y distintas palabras, pero idéntica contundencia, Daniel Erbetta, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario, dijeron que había que ser cautelosos con las perspectivas vinculadas a la reducción de la inseguridad. Ocurre que, según su opinión, el delito no retrocederá como consecuencia directa de la reforma de la investigación penal preparatoria y, eventualmente, del juzgamiento (con juicio por jurado, fiscales en el terreno, salidas alternativas al juicio, política criminal, audiencias públicas, transparencia, recuperación de la función judicial, defensa autónoma, jerarquización de la víctima, superación del sistema escriturario, etcétera).
“No hay que generar expectativas de que el cambio reducirá la comisión del delito. En esta cuestión, el tema central es la reforma de la Policía”, postuló Erbetta, primer ponente de una sesión cuya apertura fue supeditada al ingreso a la sala de Ricardo Mario Sanjuán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
“Es cierto que el sistema procesal penal no tiene mucha influencia sobre la inseguridad ciudadana. No es bueno generar grandes esperanzas porque los impactos (en las tasas de criminalidad) no son directos ni rápidos. No se puede vender esta reforma como algo que va a bajar automáticamente la inseguridad. Pero la impunidad dispara la tasa del delito: si soy un sicario y sé que no voy a ser condenado, seguiré asesinando”, dijo Baclini a su turno. “¿Tan mal estamos que no podemos prevenir un arrebato en la vía pública?”, interrogó luego retóricamente.
Las intervenciones de los invitados santafesinos en la audiencia pública estuvieron justificadas por las circunstancias: el 10 de febrero pasado, la provincia del socialista Antonio Bonfatti puso en marcha un paradigma procesal penal como el que anhela la comisión especial constituida por representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía de Tucumán.
En busca de paz
La segunda sesión de la audiencia pública (la primera fue celebrada el 19 de diciembre) reunió 24 ponencias en total. Pero casi toda la mañana estuvo dedicada a las disertaciones de Erbetta; Baclini; Mario Juliano, juez del Tribunal Criminal de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal de la Argentina, y Gustavo Iglesias, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.
“El proceso de reforma necesita una decisión política sostenida y no perder de vista cuál es su finalidad. Hay que pensar en vivir en una sociedad pacificada donde los conflictos tengan una resolución pronta y oportuna”, dijo el juez Juliano, que propuso abrir el Poder Judicial a los ciudadanos mediante la instalación del juicio por jurado. “Esto no es la panacea universal que vaya a resolver todos los problemas de la administración de justicia, pero sí una posibilidad de juzgar con un nivel de legitimidad que el Poder Judicial parece haber perdido. La legitimidad de los jurados es muy superior a la que tenemos los jueces técnicos. Es una opción política por una república sin cotos reservados para categorías aristocráticas”, propuso.
Iglesias sugirió jerarquizar el rol del defensor oficial mediante la creación del Ministerio Público de la Defensa (en Tucumán, defensores y fiscales integran la misma institución). “La defensa en juicio es inviolable. El Estado está obligado a garantizar ese principio con defensores capaces de cuestionar decisiones y leyes, y de llegar, si es preciso, hasta los organismos internacionales de derechos humanos”, expresó.
La audiencia pública prosiguió hasta pasadas las 20. A partir de hoy, la comisión puede empezar a escribir los textos que presentará a la Legislatura. De la suerte de ese trabajo depende el que quizá sea el cambio institucional más relevante y ambicioso que se haya planteado la provincia en las últimas décadas.
LA APERTURA.- Marcelo Caponio, legislador oficialista y presidente de la comisión especial para la reforma procesal penal, abrió audiencia a las 9.40 de ayer con un discurso en el que destacó la necesidad de diseñar mecanismos institucionales para los próximos 20 años. “Necesitamos una reforma profunda. Como concluye el informe sobre el funcionamiento de la Justicia presentado ante esta comisión, el sistema penal en su conjunto está en crisis”, dijo. El parlamentario alperovichista expresó que la enmienda adecuada permitirá adquirir un sistema eficiente de lucha contra los actos ilícitos, que brinde una respuesta oportuna y contundente, y que asegure que el delito en Tucumán no quedará impune.
EN LA PLATEA.- La inauguración de la audiencia de este jueves convocó a un grupo significativo de miembros del Poder Judicial. Por la Corte Suprema asistieron el presidente, Antonio Gandur, y el ex titular, Antonio Estofán (ambos promovieron el plan piloto para modificar la investigación penal preparatoria cuya frustración dio pie al nacimiento de la comisión). También concurrieron Luis De Mitri, ministro público fiscal, y Ricardo Sanjuán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Numerosos integrantes de la magistratura y del Ministerio Público presenciaron la primera parte de la sesión, entre ellos, Liliana Vitar (también era ponente), Washington Navarro Dávila, Eduardo Romero Lascano, María del Pilar Prieto, Graciela Valls de Romano Norri, Jorge Echayde, Alicia Freidenberg y Stella Arce. Por la sala también pasaron los legisladores Sisto Terán (PJ), Roberto Sánchez (UCR) y Federico Romano Norri (UCR); Diego Vals, presidente del Colegio de Abogados del Sur, y Carlos Saltor, decano de la Unsta.
PONENTES.- En el bloque de la mañana expusieron los cuatro invitados especiales (Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Mario Juliano y Gustavo Iglesias) y el abogado Walter Ojeda Ávila. Para la jornada de la tarde estaban programadas las ponencias de Vitar; Guillermo González; Edmundo Martín González; Liliana Soria y Cristian Suárez; Carlos Garmendia; Eleonora del Pozo, Julieta Mon, Patricia Ricaud y Natalia Sofia Mercá; Jesús Pellegri; Ana Carolina Cano; Lucas Bejar; Carlos Picón; Santiago Peral; Diego Alejandro Corres, Lucas Patricio Perna y Luis Alberto Germain; Ezequiel Ascoeta; María Soledad Hernández y Rafael Lestard; Félix Gutiérrez; Roberto David Charcas; Juan Pablo Terraf y María Laura Ciolli.
LA COMISIÓN.- El comité organizador de la audiencia pública está integrada por representantes del Poder Judicial; el Poder Ejecutivo; la Legislatura, y los colegios de abogados de la Capital y del Sur. A la apertura de la audiencia de ayer asistieron Ana Lía Castillo de Ayusa; Adriana Gianonni; Eudoro Albo; Hernán Molina; Edgardo Sánchez; Carlos Caramuti; Caponio; Regino Racedo; Ariel García; José Manuel Páez; Guillermo Gassenbauer (se retiró apenas comenzó la sesión); Humberto Rava; José Farhat; Francisco García Posse; Ezio Jogna Prat; Ángel Fara y Sergio Faiad.
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