Darío Kosovsky es integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Esta es la entrevista que mantuvimos a propósito de repensar el diseño de las políticas de seguridad.

-¿La policía es la que gestiona la política de seguridad en Neuquén?

-A nadie le cabe duda de eso. La voz cantante de los problemas delictivos que hay en la ciudad de Neuquén, la voz cantante respecto de cómo reacciona el Estado frente a esos problemas delictivos siempre es la jefatura de policía, eso es un indicador de conducción. ¿Quién habla de las problemáticas delictivas siempre en los medios masivos de comunicación? La policía.

Entorno a la utilización de la violencia ¿hay una visión desde el Estado distinta a la policial? No, si es la policía la que conduce el sistema de seguridad. ¿Quién controla cómo los funcionarios policiales ejercen la violencia? ¿Asuntos internos de la propia policía? Ante un disparo de arma de fuego, quien interviene, ¿asuntos internos para determinar si el uso de la violencia fue correcto o incorrecto, si se ajustó a los parámetros legales, normativos y los tratados internacionales de derechos humanos? No corresponde, uno tiene que tener un contralor externo. ¿Quién lo hace?, ¿Los jueces?

Desde que se implementó el nuevo código (procesal penal) todavía no he visto una sola audiencia de formulación de cargos contra un funcionario policial por utilización de fuerza en forma excesiva, cuando todos sabemos que ha habido casos. No vi un pedido de prisión preventiva respecto de un funcionario policial por el uso excesivo de la fuerza, por usar la fuerza fuera de la legalidad.

-¿Eso significa que el ministerio público tiene otras prioridades de persecución penal?

-Evidentemente tiene otras prioridades de persecución penal. Todavía es muy prematuro decir que la política criminal el ministerio público fiscal apunta a los delitos predatorios, es decir, los delitos callejeros, pero no vemos otro tipo de audiencias. Pasado ya más de un mes de la implementación del código las audiencias no son sobre otros temas, no tenemos ninguna formulación de cargos sobre delitos complejos. Habría que analizar en detalle la estadística, pero supuestamente la implementación de un sistema acusatorio tiene directa relación con liberar de manos a los fiscales que van a dedicarse a investigar delitos complejos para que no tengan que estar en la investigación del delito más común u ordinario que es el que ocurre diariamente.

Sería bueno que el ministerio público pueda dar cuenta también de qué investigaciones está llevando adelante en materia de crimen organizado, crimen contra la administración pública, grandes mercados criminales.

Gérez y Sapag. Foto Matías Subat

Y también sería bueno saber cuántos hechos hay que el ministerio público fiscal persigue vinculados con violencia institucional. La pregunta es ¿tenemos un problema de violencia institucional? y la respuesta es ¿cuál es el estándar?, ¿cuánto el ministerio público persigue? Si ese es el estándar con que lo medimos no hay violencia institucional en Neuquén. Yo creo que es imprescindible que haya parámetros ajenos al ministerio público fiscal y ajeno a la propia institución policial. La Legislatura podría tener un observatorio de violencia institucional, una defensoría del pueblo provincial si existiera, el propio ministerio de seguridad de la provincia podría tener un área de control.

Violencia institucional no es solamente el disparo de un arma de fuego, violencia institucional es control de las detenciones, el ministerio debería estar haciendo inspecciones a las comisarías todos los días, por ejemplo, para ver si las condiciones de detención son las adecuadas. Podría hacerse un estudio sobre las causas vinculadas a resistencia a la autoridad, porque las causas de resistencia a la autoridad siempre atrás, o muchas veces atrás, está la violencia institucional oculta. ¿Por qué? Porque yo te imputo resistencia a la autoridad y te tuve que pegar, digamos, para detenerte.

Operativo tras el asesinato de Willy Gutiérrez, testigo en el juicio contra el policía Claudio Salas. Foto Matías Subat.

-Más allá de los diagnósticos apresurados, que no queremos hacer, ¿hay un hilo conductor entre el proyectil que recibe Rodrigo Barreiro el 28 de agosto pasado de idénticas características a los que usa la policía, el asesinato de un joven el domingo pasado en Villa Ceferino, al que la policía presenta como un “enfrentamiento”, la llegada del FBI para capacitar a fiscales y policías?

Lo primero que hay que preguntarse es cuál es el diagnóstico que el Estado tiene frente a los fenómenos criminales. No lo conocemos, no sabemos dónde están.

Nosotros tenemos que presumir que la provincia entiende que la problemática es de determinada magnitud, de determinadas características por el tipo de respuestas que da. Una interpretación factible es “el gran problema de la seguridad en Neuquén son los jóvenes vinculados con armas de fuego y estupefacientes que son los grandes ocasionadores de hechos delictivos.”

Si esa es una interpretación, uno tiene determinadas respuestas al fenómeno y además lo localiza geográficamente en un determinado lugar. Si esa es la definición del campo de juego y si determinados medios de comunicación juegan ese juego, validan ese diagnóstico desde el lugar de publicar fotografías de niños con armas y legitimar ese discurso claramente una práctica institucional ligada a delitos predatorios, delitos violentos en donde haya jóvenes involucrados va a ser la principal prioridad del sistema.

El problema de la seguridad en Neuquén como en la Argentina en general no son solamente los fenómenos criminales que se producen, sino las instituciones que tenemos. Ya no son solamente herramientas para dar respuesta a los problemas sino que son parte del problema.La respuesta institucional es parte del problema.

Si los problemas son los mercados criminales que en realidad tienen vinculación con la institución policial que paga peajes en determinados circuitos delictivos a la policía para funcionar y la policía conoce esos circuitos y solamente toca los eslabones más finos porque es lo que los medios y la sociedad quiere como chivo expiatorio, esa institución policial y ese poder judicial que avala el funcionar policial de esa manera son parte del problema.

El hilo conductor que vos llamas en realidad podría ser una música de fondo. No es que hay una relación causal directa, sino que hay una música de fondo, que podemos llamar desgobierno político de la seguridad, autogobierno policial como lo llama Marcelo Saín, funcionamiento policial reactivo a la dinámica que se produce diariamente en materia de conflictividad y con respuestas exclusivamente violentas frente a la conflictividad que se produce, y en forma indiscriminada, sea una cuestión que solemos llamar delito, sea una protesta social, sea una demora.

Si me preguntas sobre las capacidades del FBI habría que analizar quién vino, cuáles son los antecedentes de las personas que vinieron, donde han dado cursos antes, si el curso tiene un eje que es interrogatorio, y tenes a la policía dentro del curso me parece que no corresponde, la policía no puede interrogar. El problema es querer tapar con el curso del FBI que tu interpretación de la problemática criminal es exclusivamente policial. A mí me gustaría que el FBI esté trabajando, por ejemplo, sobre pericias forenses económicas para dar cuenta de cómo se lava dinero proveniente del petróleo, si tiene la capacidad técnica para eso.

-Me faltó mencionar la condena a Salas por el asesinato de Braian Hernández, el caso de Matías Casas, en el que también está imputado un policía por un crimen

Tenes Fuentealba, Casas, Braian, Barreiro. ¿Hay un hilo conductor? Sí, falta de control estatal sobre la violencia policial. Cuando un ministro le dice a la sociedad “tenemos protocolos que impiden utilizar armas de fuego”, y tenemos una persona herida en un arma de fuego en una manifestación. Cuando el gesto político es el encubrimiento sobre la base de “dejemos que la justicia investigue”. Yo no puedo dejar en la calle gente que presumo que puede haber usado arma de fuego para dispararle a un manifestante.

Creer que el delito predatorio, el delito callejero es el gran problema de la seguridad, ese es el esquema de respuesta, un ministerio público y jueces preparados para procesar esos hechos que la cuadricula lleva rápidamente a la audiencia, es interpretar que los problemas del crimen organizado no existen. Esa esa lógica de hacernos todos los tontos, nadie sabe que la comisión de hechos menoreshay una red delictiva que lucra, que tiene mucho más poder que esa pequeña persona que comete el hecho.

Llevemos a ese que comete el hecho a una audiencia, que la gente lo vea, para que haya sensación de que no hay impunidad, de que quede detenido en forma preventiva y que sea condenado rápidamente.

¿Y el delito organizado qué? ¿No hay contaminación ambiental de las petroleras, no hay lavado de dinero en Neuquén?, ¿No hay fraudes a la administración pública con simulación de licitaciones en la compra de insumos para la administración pública?

Para aportar luz sobre estos escenarios es imprescindible apuntar a las instituciones, no a la foto del pibe armado. Lo que hay que sacar es una foto de la institución policial.