Las promesas están hechas. En el marco del cierre del Congreso Federal sobre Reformas Legislativas, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recogió los temas debatidos durante los últimos tres días por la comunidad judicial y organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de Mar del Plata y aseguró que las modificaciones en el Código Procesal Penal, la desmilitarización del sistema penitenciario y la creación de un régimen contencioso administrativo son para el gobierno nacional “grandes desafíos de este año legislativo”.
“Los enormes desafíos de la sociedad moderna implican conocer sus dinámicas y sus exigencias. En un contexto de ampliación sistemática de derechos civiles, políticos y sociales, la Justicia no puede estar ajena a ello, sino que debe garantizar el pleno ejercicio de estos derechos y el pleno acceso de los habitantes a ellos”, remarcó Capitanich desde el escenario, en el que compartió panel con el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de esa cartera, Julián Alvarez.
La presencia del jefe de Gabinete en el cierre del congreso organizado por el Ministerio de Justicia aportó concreción a la intención que sobrevoló los tres días de debate. Las necesidades expuestas y las ideas aportadas por jueces, fiscales, defensores, dirigentes políticos y de la sociedad civil nacional e internacional culminarán, según confirmó el funcionario, en proyectos que se presentarán en el Congreso este año. La definición política que trajo –“vengo por mandato y en representación de la Presidenta” Cristina Fernández de Kirchner, advirtió– cumplió también con las “esperanzas” expresadas previamente por Alak, quien como prefacio había destacado también la diversidad del encuentro, así como el consenso que habían logrado los tres ejes tratados.
Las reformas legislativas protagonistas del encuentro que culminó ayer se suman a la unificación del Código Civil y Comercial, que luego de las críticas que recibió tras su paso por el Senado llegará en marzo a la Cámara de Diputados, y la modificación del Código Penal, que debutará en el Parlamento durante el primer trimestre, según aseguró Capitanich. Esas reformas y las anunciadas ayer integran junto con el digesto jurídico –el cuerpo de leyes del país que fue revisado y clasificado por la cartera de Alak– y la ley de responsabilidad del Estado “un andamiaje jurídico estructural que merece el reconocimiento de la sociedad argentina”, apuntó. El inicio del camino hacia la construcción de esa estructura está, según Capitanich, en el impulso a los cambios en la integración de la Corte Suprema de Justicia dado por Néstor Kirchner y la derogación de las leyes de impunidad.
El jefe de Gabinete habló de “consumidores y usuarios”, en referencia a los hombres y mujeres dotados de derechos sociales, políticos y civiles, para vincular la decisión del Gobierno de impulsar las reformas discutidas en los últimos tres días con la puja frente a los formadores de precios. “Se exige una nueva organización del sistema jurídico tendiente a tutelar la plena vigencia de los derechos del consumidor y de los usuarios”, consideró y ejemplificó: “El sistema económico internacional promueve la inequidad distributiva y la concentración económica, el ejercicio abusivo de poder y la posición dominante, lo que logra que el uno por ciento de la población mundial concentre el 45 por ciento del ingreso. Ese contexto exige de un Estado con capacidad regulatoria que evite que nadie pueda fijar inescrupulosos aumentos de precios afectando los salarios de los trabajadores y consumidores”. La posibilidad de trabajar sobre la aplicación del derecho al consumidor también está en carpeta.
El jefe de ministros y el titular de Justicia ingresaron al salón principal del Hotel Provincial de la ciudad balnearia bonaerense, en donde se desarrolló el congreso, pasadas las 18.30 de ayer. Se ubicaron en primera fila, justo en el momento en el que el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, instaba a la audiencia a “hablar de la autonomía de la Justicia frente a los poderes políticos pero también de los económicos”.
Un rato después de que Martínez leyera al nutrido público que asistió al cierre del congreso –“qué ganas que hay de que esto cambie, qué a disgusto que estamos con la Justicia federal”– y la camarista de Casación Penal Angela Ledesma se sumara al consenso destacado por Alak, Verbitsky destacó la iniciativa de la cartera de Justicia de “abrir la discusión en forma horizontal”: “Si además de la legalidad se asegura la legitimidad, que sólo viene dada por la participación de los beneficiarios del sistema, tendremos una situación en la que será imposible que leyes del Congreso vuelvan a ser desechadas por meras decisiones administrativas”, puntualizó en relación con las declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte Suprema sobre algunas partes de la reforma judicial que las dejaron fuera de juego.
Por último, Verbitsky saludó las ideas compartidas en relación con la reforma del Código Procesal Penal, a la creación de un régimen contencioso administrativo y a la reforma de la ley orgánica del Servicio Penitenciario, aunque advirtió que tales cambios “requieren una sustancial inversión de recursos, que es en donde se verá el compromiso y necesidades, porque leyes y discursos escribe cualquiera, pero cambiar las prácticas es un verdadero desafío”.
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