El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, respondió ayer las críticas realizadas por un importante número de abogados penalistas a la implementación del nuevo sistema penal y defendió lo que se está haciendo para que la Justicia «sea más democrática y transparente». En un tono más fuerte se expidió también la Asociación de Defensores Públicos que, en un comunicado que lleva la firma de Mariano Bufarini (presidente) y Daniela Asinari (secretaria), sostienen su «repudio enérgico» a las manifestaciones de los letrados.
La mañana del jueves, en el Colegio de Abogados de Rosario un centenar de penalistas discutieron y debatieron sobre su accionar ante el avance del nuevo sistema de enjuiciamiento penal y manifestaron que «los abogados particulares están en desigualdad de condiciones con los defensores oficiales».
Para Adrián Ruiz, uno de los letrados convocantes de esa asamblea, «esa desigualdad parte desde el momento en que una persona es detenida y automáticamente se le informa a la defensa pública sin que los defensores privados tengan forma de acceder a ese conocimiento».
Al respecto, el ministro Lewis dijo ayer a La Capital que «los protocolos de trabajo de los fiscales y defensores oficiales del nuevo sistema imponen consultar a los detenidos si tienen abogado particular y si la respuesta es negativa ofrecerle el servicio público». Y agregó que no obstante eso, «el mismo defensor público debe ofrecer la asistencia privada a aquel que la tenga».
Asimismo, Lewis explicó que el nuevo sistema «ha generado dos cuestiones importantes. Primero que expone a los actores mucho más que el viejo sistema porque lo oral y lo público se hace de frente a la gente y a todas las partes del conflicto penal; y en segundo lugar porque el número de defensores designados demuestra hasta el momento que se puede ejercer un buen servicio de defensa mejorando los niveles de acceso a la Justicia».
Por otra parte, el funcionario provincial explicó que «lo que se pretende es que la comunicación sea lo más rápida posible y que se respeten los plazos de detención, por lo que es impropio alargar esos plazos por la comodidad de los defensores particulares».
Defensores públicos. Por su parte, la Asociación de Defensores Públicos expresó en un comunicado que las afirmaciones de los penalistas privados son «inexactas, infundadas y maliciosas». Bufarini y Asinari recordaron que su servicio «se adecua de manera obligatoria bajo el principio previsto en el Art. 1 de la Ley 13.014 y en ese sentido es obligación de todo defensor «el resguardo efectivo de los derechos de toda persona sometida a persecución penal, lo que sólo es viable en tanto se garantice a las mismas la cobertura real del derecho a contar con asistencia técnica legal».
Ese mandato, dicen los abogados, «exige que la defensa pública no implique una mera formalidad de acompañamiento al imputado de un delito, sino un ejercicio defensivo de calidad y eficiencia en términos de garantía a los derechos humanos de las personas vulnerables sometidas a un proceso penal». Y remarcaron que si el planteo de los penalistas «es despertar y movilizar un debate serio sobre el funcionamiento del nuevo sistema penal y la función del defensor, bienvenido sea, pero de ningún modo se pueden tolerar expresiones ofensivas y falsas hacia el desempeño laboral de los defensores públicos».
http://www.lacapital.com.ar/policiales/Replica-del-ministro-de-Justicia-a-abogados-penalistas-20140308-0018.html
