La audiencia duró tres horas. Oscar Quintriqueo, denunciado cien veces por su exmujer Andrea Coronel por violencia familiar, será internado en el centro de rehabilitación CADES, en 28 de Julio, por su adicción al alcohol. Hace 15 días que estaba con prisión preventiva.

La juez Ivana González, a pedido de las partes, autorizó el traslado. Pero antes ofició al subsecretario de Salud para que confirme que el Estado asumirá los costos del tratamiento. “Espero que sea inmediata la respuesta del Ejecutivo”, expresó.

La magistrada explicó su decisión en este caso que imputa a Quintriqueo por lesiones leves en contra de Coronel. Antes de su internación deberá cumplir análisis clínicos en el Hospital Zonal.

El Ministerio Público Fiscal fue representado por Omar Rodríguez y la Defensa, por Damián D`Antonio. Rodríguez informó a la juez sobre las pericias médicas realizadas por médicos forenses de Trelew y Puerto Madryn que arrojaron como resultado que Quintriqueo “padece alcoholismo de larga data. Está en abstinencia y manifiesta voluntad para tratarse y recuperarse”, reveló.

El informe confirma que la enfermedad provoca que el imputado no comprenda los actos de conducta y sea impulsivo. “No cuenta con mecanismos de defensa y no controla impulsos. La droga y el alcohol deterioraron su personalidad. Padece de alcoholismo crónico”, resume la exposición.

Fiscalía y Defensa aportaron gestiones a fin de que Quintriqueo pueda alojarse en el CADES. Pero la juez necesita que se confirme que el Estado asumirá el costo del tratamiento. Por eso se hizo presente la coordinadora del Centro de Día, Nora Soria, quien aclaró que si bien las condiciones están dadas para la derivación, quien debe autorizar el pago es el subsecretario de Salud.

“Va a ir al hospital en una internación bajo condiciones establecidas por Fiscalía y el Cuerpo Médico forense. Va a hacerse todos los estudios que requiere para la admisión. Se ofició al subsecretario de Salud para que autorice de inmediato con constancias el costeo en el CADES. De ser admitido por Salud Mental en lo que dure los exámenes previos, estará con custodia policial. Después quedará en CADES bajo las condiciones que solicitó Fiscalía con Defensa”, indicó González.

Abstinencia forzada

Aclaró la jueza que “tal vez no es admitido en Salud Mental por cuestión de espacio y prioridades. A veces no es posible. Hay veces que desaconsejan la custodia policial. De no poder admitirse a la noche, volverá a su lugar de alojamiento actual, pero provisorio. A la mañana siguiente volverá al hospital y después sí, al CADES”, reveló.

En cuanto a la audiencia de ayer, dijo que “las dos horas de cuarto intermedio fueron porque no sólo estaba la cuestión de gestiones realizadas seriamente por Fiscalía, Defensa y Servicio Social, sino que había gran parte de todos los requerimientos para proceder a una inmediata internación y hacer cesar una situación particular del imputado, porque se agrava la abstinencia forzada porque estaba en prisión preventiva”, indicó.

Recordó González que en la audiencia anterior habló la víctima. “Es un caso de presunta violencia familiar con hijos menores. Ese fue uno de los motivos de la restricción de esta jueza a la prensa; para ambos era importante mantener la imagen a salvo por los hijos” aclaró. “En esa oportunidad dijo que no quería que esté detenido y que quería que esté bien por sus hijos más allá de ser la víctima en esa situación”.

González destacó la actitud de Coronel. Dijo que muchas veces las personas que viven situaciones cruentas, de alta conflictividad, guardan resentimientos porque los hechos los afectan de manera directa. “Sufren mucho. En Derecho Penal las dos partes sufren”, subrayó. “En este caso particular sucede que en centros como el CADES se requiere dinero. Hay todo un protocolo que nos informaron. Se convocó a la coordinadora del Centro de Día. Ella nos corroboró esta situación. Es difícil, pero entiendo que el Estado en todos sus poderes debe colaborar con la premura que se requiere. Cuesta mucho cumplir con agenda y horarios. Una notificación de urgencia puede afectar toda la agenda de una o muchas en lo privado. Lleva burocracia. Vimos en este caso que la autorización para internar a una persona privada de la libertad o no a centros costeados por el Estado lleva un trámite”, advirtió.

Respuesta

González fue tajante. “Espero que sea inmediata la respuesta del Ejecutivo como requiere el caso. No me llama la atención los plazos que imponen para turnos médicos. El Estado atiende todos los requerimientos de personas que no pueden costear tratamientos. Hay muchas situaciones de problemas de salud mental o adicciones. Estén sometidos a proceso penal o no. Todo es trabajo y más trabajo para cada poder del Estado. Cada uno desde su lugar intenta desburocratizar. Esa es la intención de oficios requiriendo acciones urgentes. Para eso es el pedido de extremar los medios”, explicó.

Admitió que este caso de violencia de género es particular, porque el imputado fue privado de la libertad por “lesiones leves” y asegura González que hay otros muchos más graves. Pero Quintriqueo incumplió todas las medidas de coerción que le habían aplicado, como acercamiento a la víctima y al entorno familiar. “No pasó de amenazas, golpes y muchas denuncias, pero intentó morigerar el sometimiento al proceso y mantener la distancia”, indicó.

Consultada si en estos casos la palabra de la víctima es importante, la jueza explicó: “Siempre tiene la palabra la víctima como el imputado.

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