stra opinión es que esto nos causa cierta preocupación porque evidentemente cambia los estándares y va a significar mucho más esfuerzo y, también, que la sociedad se enoje con los jueces, que en realidad aplican leyes y disposiciones de tribunales superiores”, sostiene el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, Luis Paoloni, tras la entrada en vigor de un nuevo criterio en la aplicación de la prisión preventiva.

“Los cambios de paradigma son así, traen aparejados cimbronazos”, comenta el vocal de la Cámara 5ª del Crimen, para luego señalar: “Ahora, nuestra perspectiva es adaptarnos a este nuevo cambio de paradigma”.

La primera observación que formula es que el cese de prisión o el mantenimiento de la libertad debe ser igualitario y es necesario “que se los trate a todos con la misma vara, sean poderosos o no poderosos”. Añade que hay que tener un trato parejo, que con los poderosos hay que tener la máxima dureza que se pueda tener con los más débiles.

Paoloni sostiene que a partir de ahora deberá ahondarse en las condiciones personales del imputado o condenado. “Hasta hoy había una presunción muy fuerte cuando el pronóstico era de pena efectiva, y esa presunción fuerte sólo se destruía sólo en casos excepcionales”, explica.

En cambio, “ahora además de descubrir la verdad y eventualmente imponer pena, deberemos indagar en las condiciones de vida del sujeto”, señala el juez. “Pero vamos a tener que hacer ‘futurología’”, interpreta, porque siempre puede haber errores y nadie puede garantizar de qué manera se comportará el individuo.

Encuestas

El camarista entiende que habrá que “ahondar” en esa pesquisa del condenado, por lo que el magistrado tendrá un plus en su habitual tarea.

Esa mayor indagación de la persona traerá aparejada una mayor búsqueda de datos y seguramente un mayor presupuesto. Estima que habrá que requerir más presencia de trabajadores sociales y de medios para realizar encuestas vecinales o ambientales y otras pesquisas para conocer mejor frente a quién se está y estimar cómo se comportará si se lo mantiene en libertad.

Antes, la presunción de condena de prisión efectiva indicaba el encierro. Ahora, debe hacerse la indagación de condiciones que antes se desechaban. “La Corte no dice que está mal la presunción, dice que no alcanza”, aclara Paoloni, y luego completa: “La Corte dice ‘indague’ y también dice ‘hay que analizar’, no dice ‘libere’”.

Por esto mismo, considera que la etapa penal preparatoria también llevará más tiempo. “Debemos mirar cada caso, examinar, ser más puntillosos”, añade.

Sin embargo, siempre reconociendo que harán “futurología”, se pregunta: “¿Qué garantía se puede tener de que (el imputado o condenado) se vaya al Gran Buenos Aires a delinquir sin que nadie se entere?” o “¿Qué sucede si estamos frente a una persona que tiene muchos medios para alterar su identidad?”.

Para Paoloni hay un límite a la preventiva y es cuando el Tribunal Superior de Justicia deniega el recurso extraordinario. El condenado puede ir en queja ante la Corte, pero cesa el efecto suspensivo de la sentencia y mientras se sustancie ese recurso, debe ir a la cárcel.

Si bien el magistrado entiende que pueden haberse generado demasiadas expectativas frente a este cambio –como pensar que se van a llenar las calles de Córdoba de condenados–, concluye que “hay que esperar, porque el tiempo nos va a dar enseñanzas”.