En el marco del debate abierto por la reforma del Código Penal Argentino, una charla con especialistas se desarrollará el próximo 11 de abril. Para enriquecer con contenido al debate, El Esquiú.com ofrece una serie de entrevistas a funcionarios de la Justicia que dan su visión sobre el anteproyecto.
En la primera entrega, opina el juez de Control de Garantías Rodolfo Maidana sobre los puntos controvertidos del debate por la reforma: la reincidencia, el aumento de penas y la responsabilidad penal de personas jurídicas.

– ¿Cree que es necesario reformar el Código Penal?

– En primer lugar pienso que hay que ser prudentes para opinar de este tema. Más aun si no se conoce cuál es el anteproyecto. Se habla de borradores y otros trabajos pero la gente no conoce bien cuál es el anteproyecto.
No es imperioso pero sí es necesario hacer una reforma al Código Penal. El debate debe ser serio, amplio, no apurado por tiempos electorales o de otra índole; se debe tener todo el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta los temas y los institutos que se pretenden modificar.

– ¿Hay intereses políticos detrás de la reforma? Hubo un manejo mediático del tema que resultó confuso para la gente…

– No me consta que haya intereses políticos por detrás de la reforma, pero sí hubo algunas opiniones que responden a ciertos sectores.
Lamentablemente creo que se está confundiendo a la gente, que no tiene por qué saber de derecho. Hay opiniones encontradas y en algunas de ellas surge que hay un tipo de interés. Eso no es bueno, más tratándose de los temas que se tocan. Yo no creo que deba decidir la gente, pero sí debe participar de un debate serio. No hay que ponernos un tiempo.
La reforma tiene que salir cuando se haya debatido seriamente este anteproyecto y, por supuesto, creo que la gente no debe decidir sino a través de sus representantes y participar para que se tomen determinadas decisiones al respecto, porque en definitiva son ellos quienes sufren los hechos penados por el Código.

– Sobre los aumentos y reducciones de las penas… ¿cree que influyan en la problemática de la inseguridad?

– Creo que hay que diferenciar el tema de la inseguridad, que es propio de la prevención. La Justicia y los fiscales recién actúan a partir de que se comete un delito. Los fiscales no pueden salir a prevenir, para eso están los organismos como la Policía, que tienen esa tarea asignada.
Creo que sólo el aumento de penas no va. El sistema es un eslabón en el que cada Poder republicano deberá aportar su granito de arena. El Legislativo dictando leyes que respondan a una realidad que no se puede negar, leyes debatidas seriamente, sin ningún tipo de interés de por medio.
El Poder Judicial debe aplicar esas leyes y, por sobre todo, dictar fallos ejemplificadores. El Poder Ejecutivo debe tener control sobre esas penas a través de los órganos competentes. ¿De qué vale que se apliquen penas de inhabilitación para conducir, por ejemplo, si el órgano encargado de controlar ese cumplimiento no controla o no funciona bien? Ese hecho, con esa pena, pareciera quedar impune.
En un principio, no estoy de acuerdo con que se reduzcan algunas penas. Por ejemplo, hay homicidios que son aberrantes y para esos casos se suprime la reclusión perpetua, que en la práctica no existe. En nuestro país nunca hubo prisión perpetua a perpetuidad, pero ahora se la suprime directamente y se pone como máximo de pena 30 años. Yo, en principio, no estoy de acuerdo. Creo que esos aspectos de la reforma van en contra de la realidad que nosotros vivimos día a día.

– ¿Qué opinión tiene sobre la modificación de la reincidencia?

No estoy de acuerdo con la eliminación de la reincidencia como parámetro para negar o rechazar la excarcelación. Por ejemplo, en el caso de la libertad condicional, que no se le otorga a los reincidentes. En este punto, con esa modificación, se otorgaría un salvoconducto para seguir delinquiendo; el delincuente no va a tener obstáculo para recuperar la libertad y volver a delinquir. Si es así como se plantea el instituto de la reincidencia, creo que implica un retroceso.

– También se plantea que las personas jurídicas puedan responder con responsabilidad penal…

Actualmente, quienes resultan punibles son los que tienen poder de decisión en sí, las autoridades de esa persona jurídica. Para mí, lo más justo es que respondan quienes toman las decisiones en el marco de una empresa o de la persona jurídica que sea. Me parece que puede ser injusto que una persona jurídica, por los actos que cometen quienes en ese momento en particular llevan adelante la conducción, respondan y se manchen. En el orden penal me parece que es suficiente que respondan quienes tienen poder de decisión y cometen los actos que se presumen delictivos.
En muchos yo entiendo que faltan normas prácticas más que normas de fondo. Incluso el nuevo proyecto contempla normas procesales que en realidad no debieran estar en un código de fondo y que terminarían chocando con los códigos procesales de cada provincia. Éstas deberían adecuar sus códigos de procedimiento a las nuevas realidades que se plantean en cada región.

http://www.elesquiu.com/notas/2014/3/31/policiales-320190.asp