Un funcionario judicial recurrió a la Suprema Corte para atacar los intentos de la Procuradora para que no se aplique la norma que le quita el control de las defensorías oficiales

Los manejos turbios de la Procuración bonaerense, a cargo de María del Carmen Falbo, generaron una situación de hartazgo entre sus propios subordinados. Por eso, cada vez son más los que se están animando decirle basta a esta situación.

En los últimos días, se conoció que el titular de la Defensoría Oficial Nº 16 de La Plata, Julián Axat, se presentó en la causa iniciada por la propia Falbo para evitar que se aplique la Ley 14.442, que le quitó a la Procuración las facultades de superintendencia sobre los defensores públicos. Axat pidió ser tenido en cuenta en el proceso y que su voz sea oída.

La norma vigente que tanto le molesta a Falbo, y que defiende Axat, buscó ponerle fin a la contradicción flagrante que significa, en los hechos, que la Procuradora sea la jefa de los fiscales y, al mismo tiempo, esté a cargo de los defensores. Es decir, ser la responsable de los funcionarios judiciales  que suelen estar enfrentados en los juicios y en otros procesos. Es como estar en los dos lados del mostrador, un privilegio que facilita, por ejemplo, que en las investigaciones de los delitos de guante blanco se pueda llegar a “ciertos acuerdos”, entre acusados y acusadores, para evitar comprometer al poder político.

La presentación de la Defensoría 16, ante la Suprema Corte bonaerense, solicita que se le rechace la demanda a la Procuración, y de ser necesario darle intervención a la Corte Suprema nacional.

En el año 1999, el entonces Procurador General, Matías de la Cruz, acompañado por el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal, elaboró un anteproyecto de ley destinado a reformar la actual ley de Ministerio Público a fin de posibilitar la real autonomía funcional e independencia técnica del Ministerio Público de la Defensa. Pero, de forma sorpresiva, mediante la resolución 255/02 del 10 de julio de 2002, se dejó sin efecto las resoluciones que otorgaban la dirección de la Defensa Pública al Defensor del Tribunal de Casación.  Esta decisión nunca fue modificada por la actual Procuración, yendo a contramano de la norma nacional: la Constitución, en su artículo 120, garantiza y brinda una autonomía funcional a la defensa.

“El principio constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio, además de los derechos y facultades procesales que le confiere al imputado (ser oído, controlar la prueba de cargo, producir prueba de descargo, etc.), comprende el derecho a ser asistido por un defensor técnico dotado de la autonomía e independencia técnicas necesarias para ejercer su función eficazmente. Por lo que, consecuentemente, una afectación de la autonomía del defensor implica de por sí una violación del derecho constitucional de defensa”, sostiene Axat.

El malestar contra Falbo no es patrimonio exclusivo de los defensores oficiales. Tal como lo viene informando Hoy, el fiscal Leandro Heredia, hizo una denuncia penal contra la Procuradora, acusándola de supuestas presiones extorsivas para que abandone el cargo. La causa actualmente tramita en la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata.