El aumento de los mal llamados casos de «linchamientos» a lo largo del país en los últimos días provocó el rechazo de miembros de los diferentes ámbitos judiciales, religiosos y de casi todo el arco político (ver aparte). En ese sentido, un juez de la Corte Suprema, una camarista, un especialista en derecho penal y un defensor de menores coincidieron en que ese tipo de reacciones, para la ley, son acciones criminales que deben ser juzgadas como homicidios. «No son ajusticiamientos, son homicidios calificados» por «alevosía y ensañamiento», expresó el ministro de la Corte Suprema y reconocido especialista en derecho penal, Raúl Zaffaroni.
Las golpizas a delincuentes atrapados in fraganti por civiles en la Ciudad de Buenos Aires, General Roca (Río Negro), en Córdoba Capital y el asesinato de una persona en Rosario luego de que asaltara a una mujer generaron la reacción de numerosos juristas y de dirigentes políticos. «Una cosa es detener al sujeto y ejercer una cierta violencia para lograr esto. Y otra cosa es matar a patadas a una persona», comparó Zaffaroni. El jurista acusó a los medios de crear «chivos expiatorios» para responsabilizarlos por los problemas de inseguridad y evaluó que los llamados linchamientos son «el resultado natural de una campaña de medios que lo que están haciendo es estigmatizar terriblemente a los adolescentes de barrios precarios».
La figura de linchamiento no existe en el Código Penal argentino, sino que según el hecho pueden aplicarse distintas penas. Roberto Carlés, quien coordinó el grupo encargado de la reforma del Código Penal, le dijo a Tiempo Argentino que al caso sucedido en Rosario le correspondería la figura de «homicidio calificado», mientras que los demás hechos podrían encuadrarse como supuestos de «lesiones gravísimas o graves».
La pena que podría aplicársele a un caso a donde el ladrón es asesinado es una condena perpetua, equivalente a entre 15 y 20 años de cumplimiento efectivo, mientras que con en el anteproyecto del código penal que terminó de redactarse en diciembre último tendría una pena máxima de 30. El penalista también llamó la atención sobre «conductas que podrían calificarse como instigación a la violencia o apología del delito». Como ejemplo,  Carlés mencionó los momentos en los que «se habla de matar a las personas que se detienen in fraganti, mientras que en otros casos la apología se hace de manera indirecta».
El especialista también criticó la «estigmatización de pibes de clases sociales bajas que son vistos como sospechosos» y marcó diferencias. «Hay una confusión entre lo que es la legítima defensa y un acto criminal. Legítima defensa es rechazar una agresión en forma adecuada a la agresión que sufro. Si me roban, busco un arma y persigo al delincuente para matarlo es un acto criminal», aseguró.
En la misma línea se expresó la camarista María Laura Garrigós de Rébori, quien calificó el asesinato del joven rosarino como «homicidio agravado por alevosía y por la participación de dos o más personas y porque la víctima está en amplia desprotección y ensañamiento por la forma que se comete». La titular de Justicia Legítima también resaltó el papel del Estado «para no volver a la época tribal». La magistrada aclaró en declaraciones radiales que el Estado es quien fija la sanción contra los delitos ya que «el particular damnificado no puede ser la persona que tome la decisión». Garrigós de Rébori explicó que «para evitar» los casos en los que los civiles toman la justicia en sus manos «se dictan las leyes penales y el Estado se convierte en el que aplica fuerzas sobre los ciudadanos». La jueza apuntó contra los medios de comunicación y aseguró que «están instalando un permiso» para que los ciudadanos lleven a cabo esta clase de acciones: «Si usted dice que es justicia por mano propia, lo está permitiendo. Esto no es justicia, es venganza, es delito, es injusticia. Porque la justicia no puede estar en manos de los particulares», afirmó la magistrada.
El defensor Penal Juvenil de La Plata, Julián Axat, analizó que el «clima de eliminación social, que reproducen los mismos medios que hoy se horrorizan» con los hechos sucedidos en los últimos días, «señala un chivo emisario que hoy son los jóvenes a quien se los responsabiliza de todos los males». Axat aseguró que «el porcentaje de delitos cometidos por menores de 18 años en referencia al total es insignificante» y confió que «es tristemente habitual que los chicos sean agredidos físicamente en el momento de la detención».
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, exigió que la justicia investigue los hechos que derivaron en la muerte de un joven en Rosario. «Fue un homicidio y hay que actuar como tal», aseveró. El funcionario también reclamó que «se apliquen diferentes mecanismos» para que no se produzcan casos similares, «porque el fin último de la justicia penal no es castigar sino resocializar». «
 

cfk: «el mejor antídoto, la inclusión»

La presidenta Cristina Fernández insistió ayer en la red social Twitter con que «no hay mejor antídoto contra la violencia que lograr que mucha gente se sienta incluida».
«Una sociedad inclusiva es una sociedad que incluye a todos, que no deja a nadie afuera, en la periferia», opinó la jefa del Estado, y explicó que «el que se siente en la periferia, siente que la sociedad le ha soltado la mano».
La presidenta se había referido el lunes en forma indirecta a los hechos de violencia ciudadana ocurridos en los últimos días y había exhortado a no convocar a «otra noche de los cristales rotos», en alusión al ataque nazis contra los negocios judíos en Alemania, en noviembre de 1938.
Tal como lo hizo en esa oportunidad, a través del Twitter, la presidenta ratificó que «la inclusión» es una forma de evitar la violencia.
«Cuanto mayor es el grado de exclusión, mayor violencia genera y enfrentamiento entre los argentinos, que es lo que queremos evitar», advirtió, y reiteró que «no hay mejor antídoto contra la violencia que lograr que mucha gente se sienta incluida».

La Iglesia cuestionó la violencia

José María Arancedo suscribió ayer un texto de la Mesa de diálogo santafesina en el que se rechaza «la justicia por mano propia» al sostener que «lejos de resolver los problemas, los agudiza». «Como ciudadanos santafesinos, y ante la grave situación de violencia, de inseguridad y de muerte que vivimos, sentimos la necesidad de hacer público nuestro repudio y de manifestar el deseo de construir una sociedad más justa, solidaria y en paz», subrayó la Mesa en el texto difundido ayer por la Conferencia Episcopal Argentina. «No podemos acostumbrarnos a convivir con el delito, la violencia, la inseguridad y la muerte. Es posible y nos merecemos una Santa Fe distinta», sostuvo la declaración ciudadana que pidió que sea «reflexionada, asumida y firmada».

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