La mejor defensa de un anteproyecto que no está terminado –por eso es un anteproyecto–, al que se lo conoce poco y se lo critica mucho y sin fundamentos, es justamente darlo a conocer. Iniciar el debate para terminar con la ansiedad. Y enfrentar las versiones facilistas, echadas a correr por especulación electoral, abriendo un período de revisión para estudiarlo y proponer cambios. Esa es la conclusión a la que llegó la comisión multipartidaria de reforma del Código Penal, que integran los especialistas León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata. Tras llegar a ese acuerdo hace 20 días, la comisión que elaboró el anteproyecto decidió convocar a todas las universidades públicas y privadas del país, a través de sus facultades de Derecho, para que en un lapso significativo –probablemente 90 días– estudien en detalle el texto con todas sus complejidades. El objetivo es que todas las casas de estudios de nivel universitario, sin excepciones, hagan llegar sus acuerdos, formulen críticas y planteen modificaciones al documento que fue elevado a la presidenta Cristina Fernández. La apertura del período de revisión se anunciará mañana a las 18 desde el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA.
El acto en el que se anunciará el inicio del proceso de debate público reunirá a los rectores universitarios y decanos de facultades de Derecho del país. Todos fueron invitados a la conferencia en la que hablarán los cinco miembros de la comisión redactora. También hará un breve discurso de carácter institucional el ministro de Justicia, Julio Alak, quien estará acompañado por el staff de funcionarios de su cartera.
«Lo que vamos a hacer el lunes (por mañana) es abrir un requerimiento de opinión a las diversas universidades para que las casas de estudios se expidan con absoluta libertad acerca de las objeciones que les puede generar el anteproyecto de reforma del Código Penal. Esto, como paso previo a concretar otros debates», explicó ayer Arslanian en diálogo con Tiempo Argentino. «De todas las conclusiones y aportes que se presenten nosotros (los miembros de la comisión) vamos a tener vista, como para poder tomar las observaciones que correspondan y que entendamos que tienen asidero, o para confirmar y mejorar las fundamentaciones de las posiciones a las que hemos llegado», agregó.
El período de consultas de 90 días incluirá a varias ONG vinculadas a la temática y asociaciones de magistrados y abogados que fueron invitadas a participar: según pudo saber este diario, se trataría de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, la Asociación de Magistrados, la Federación Argentina de la Magistratura y el CELS. El coordinador de la comisión de juristas a cargo del anteproyecto, el abogado penalista Roberto Carlés, remarcó que el documento que se entregó a la jefa de Estado el 13 de febrero «nunca fue cerrado», sino todo lo contrario, y que las versiones que intentaron desacreditar el desempeño de la comisión ignoraron las convocatorias realizadas, en dos momentos distintos, a docentes universitarios, ONG, magistrados y asociaciones de víctimas. Carlés recordó que también se implementó un canal de envío de propuestas a través de la web del Ministerio de Justicia. «Recibió casi 500 propuestas de ciudadanos de a pie. De todo eso da cuenta el informe que acompaña al anteproyecto», detalló Carlés.
En la comisión que trabajó en el anteproyecto confían en que la participación de las universidades, sin exclusiones de ningún tipo, permitirá ordenar un debate que fue subordinado a intereses electorales por la ambición del diputado Sergio Massa, candidato a presidente del Frente Renovador. Algunas notas de opinión de los últimos días, como las de Roberto Durrieu Figueroa, docente de posgrado en la Universidad Católica, en La Nación, al igual que la de Juan María Rodríguez Estevez, doctor en Derecho de la Universidad Austral, en el mismo diario, alimentan el optimismo entre los juristas que redactaron el anteproyecto. Cuando el debate circula entre especialistas que poseen los saberes técnicos indispensables para hablar de cambios en materia de Derecho Penal, la discusión transita por canales racionales. Y entonces se hace más factible alcanzar el consenso. «Lo que vivimos en los últimos meses es la desesperación por capturar votos de muchas fuerzas políticas, que terminaron yendo como furgón de cola de Massa al comprobar el presunto éxito que lograba con sus posiciones», analizaron desde la comisión de juristas.
La realización del debate público durante 90 días dará protagonismo a las cátedras de Derecho Penal, Procesal Penal y criminología de todas las facultades de Derecho del país. «La idea es generar un fuerte debate, una intensa consulta a los ámbitos académicos, que sea bien amplia», subrayó Arslanian. «Ahora se abre una etapa de debate con conocimiento de la versión oficial publicada del anteproyecto. Se terminan los rumores y llega el momento de dar un debate serio, de elevar el nivel de discusión. La idea es, en principio, que se reciban propuestas, observaciones, críticas, y que la comisión las estudie y se pronuncie», profundizó Carlés. Al mismo tiempo que se avance en el proceso de consultas e incorporación de propuestas por parte de las universidades, el anteproyecto de reforma del Código Penal será objeto de debate en conferencias y charlas magistrales a lo largo del país. El propio Zaffaroni, que en las últimas semanas se convirtió en blanco de una nueva campaña de descrédito desde los medios más afines al massismo, lanzará una serie de cátedras abiertas sobre criminología en varios lugares del país.
Para los juristas que intervinieron en el anteproyecto de reformas al Código Penal, la decisión de iniciar un proceso de audiencias públicas es un hecho natural, esperable y necesario. Dada la trascendencia de lo que está en debate, modernizar y darle coherencia interna a un Código sancionado en 1921, era previsible que se alzaran voces discordantes, que plantearan desconfianzas o aprovecharan para sembrar dudas en la sociedad y, así, cosechar apoyos. A diferencia del –prolongado– trámite que precedió al debate parlamentario sobre la reforma al Código Civil, cuyas modificaciones el gobierno desconocía hasta que la comisión las elevó a Presidencia, en este caso el Ejecutivo conoce el texto en detalle. Sin embargo, el proceso igualmente llevará tiempo porque para elaborar el proyecto de ley, el PEN esperará a que la comisión redactora reciba las críticas y propuestas que vayan surgiendo en los próximos 90 días. «En estos meses el debate será bastante federal», vaticinó Carlés, quien ya tiene programada una serie de exposiciones que comenzó en Catamarca y que seguirá esta semana en la Asociación de Abogados porteña, el Colegio Nacional de Buenos Aires y la provincia de Santiago del Estero. «
El dato
El miércoles
Los autores del anteproyecto debatirán en la Asociación de Abogados de Bs. As.
«Es encerrarse en cuatro paredes»
El massismo criticó la propuesta de debate público en ámbitos universitarios del anteproyecto que impulsó la presidenta Cristina Fernández para reformar el Código Penal, por considerar que el ámbito académico es «encerrarse en cuatro paredes» y propuso que la iniciativa sea discutida en foros de seguridad y que incluya a otros actores de la sociedad civil.
El legislador provincial Ramiro Gutiérrez señaló que la discusión en universidades es «una reacción de la academia». «Al proyecto lo hemos discutido con la universidad de la gente, en cada ciudad, en directo con los vecinos, en las mega ciudades como La Plata o Mar del Plata, y ahora vamos por cada una de las ciudades pequeñas. El debate que proponen llevar adelante en las universidades es técnico y teórico, quieren debatirlo entre cuatro paredes.»
Si bien Gutiérrez es académico, ya que es magíster en derecho penal y docente universitario de la Universidad Atlántida Argentina y profesor asociado en criminología, prefirió opinar como legislador. «El ámbito académico no es representativo, estamos por hacer una ley, eso es competencia del poder legislativo cuya característica es el poder político, es decir su representación.»
«La discusión es política, no académica»
«Me sorprende el envío del anteproyecto para el debate en las universidades como una instancia previa. No estoy de acuerdo con el procedimiento porque creo que el ámbito de debate es el Congreso. El Código Penal no es un tema de la academia, es un tema político: definir penas, establecer qué delitos se eliminan y cuáles se incorporan es un debate político y social, propio del Congreso». El titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Smukler cree que es un error ceder ante quienes, en el fondo, no tienen interés real en el cambio del Código Penal. «Me parece que es un retroceso porque se cede a la presión de los sectores que en realidad sólo aspiran a que el proyecto nunca se discuta en el Parlamento», aseguró.
«No es aplicable en este momento»
«El debate público sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal me parece interesante. Siempre es positivo que haya un debate. Además, cuando se hace con seriedad puede ser constructivo, y seguramente lo sea», sostuvo el diputado nacional de la UCR Miguel Bazze. No obstante, respecto al anteproyecto de ley el vicepresidente de la bancada radical consideró que «no es aplicable en este momento del país, en el que se vive en una situación de crisis de seguridad de la que debemos salir. En otro tiempo del país puede ser un Código aplicable pero no ahora. Es inoportuno modificar el código en este momento, con las referencias que están planteadas en el anteproyecto.»
«Sí, me parece bien que se abra un debate ya que pueden surgir propuestas. Que se estudie y se discuta, por un lado lo referente al tiempo circunstancial y, por otro, lo vinculado al largo plazo para que el anteproyecto vaya tomando más volumen me parece muy bien. Cualquier debate si se da con seriedad en el ámbito académico siempre es un aporte positivo y hay que considerarlo», concluyó.
«Un debate exclusivo, no excluyente»
María Elena Barbagelata, integrante de la comisión, que elaboró el anteproyecto y ex diputada socialista, celebró la decisión de someter al Código a opiniones expertas. «El debate público me parece una iniciativa absolutamente necesaria y oportuna. Es bueno que comience a haber un debate más profundo, en realidad, que se inicie un debate porque por ahora no ha existido esa posibilidad. Es bueno porque se trata de un Código complejo como todo sistema legal. Es necesario hacer esta consulta y comenzar con los ámbitos especializados, relacionados con la aplicación y el estudio de las leyes, ámbitos del derecho, es un buen modo de comenzarlo. Es muy difícil de hacer un análisis desvinculado de los ámbitos específicos del saber penal. Se trata de un»debate exclusivo, no excluyente. Hay cuestiones que trascienden lo meramente académico», expresó.
Barbagelata explicó que cuando la comisión empezó a trabajar el anteproyecto, el texto no estaba elaborado por lo cual las consultas (a diversas organizaciones) que se hicieron fueron a priori para ver las propuestas que surgían. «Es bueno que se comience en un ámbito especializado. Y esto no tiene nada que ver con la discusión posterior. De hecho, el Ministerio (de Justicia) aún no envió ningún texto al Congreso. Por eso, es oportuno que se tenga relevada la opinión del ámbito académico. Todo suma. No hay que ver fantasmas, el anteproyecto es un texto que se trabajó durante un año y medio y merece tener una oportunidad de ser debatido en todos los ámbitos.»
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