Se supone que el narcotráfico es un tema clave, preocupante y prioritario en la agenda pública. Sin embargo, las estadísticas dicen que sólo en un tres por ciento de las causas judiciales sobre drogas investigan el contrabando propiamente dicho. Así surge de un estudio de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que muestra que si bien el sistema judicial ocupa la mayor parte de su trabajo y sus recursos en infracciones a la ley de estupefacientes en comparación con otros delitos, lo hace apuntando siempre a los eslabones más débiles, a los perejiles, a quienes
poseen cantidades menores para consumo personal. En la provincia de Buenos Aires llegaron a aumentar un 200 por ciento las causas por tenencia de droga para autoconsumo. Es una de las consecuencias, según interpreta el documento, de la vigencia de la ley que “desfederalizó” los casos de menor cuantía, y que concentró las pesquisas en manos de los jueces, fiscales y policías locales. Pero lo más impactante es que a la vez cayeron en picada las investigaciones más complejas destinadas a desbaratar el crimen organizado (y con él todas sus devastadoras consecuencias sociales) a pesar de que nunca estuvo en duda de que debían tramitar en la Justicia federal.
Perejiles y afines
Los números globales indican que un 38 por ciento de las causas de drogas apuntan a perseguir la tenencia para consumo personal; le sigue el comercio de drogas, con un 35 por ciento, y luego otros delitos relacionados como transporte y almacenamiento; y último de la lista está el contrabando. En algunas jurisdicciones hay más fanatismo por las investigaciones de este rubro si se compara con otros delitos: en Rosario son el 68 por ciento de las causas, el 66 por ciento en Córdoba, 64 por ciento en Mendoza y 61 por ciento en Resistencia. Excepto “la Chicago argentina”, las otras tres jurisdicciones lideran también el ranking de pesca de pequeños consumidores, junto con la Ciudad de Buenos Aires, donde este rubro abarca el 41 por ciento de las causas de drogas. De por sí en Capital está el número más alto de causas por droga en relación con la población: hay 271 cada 100 mil habitantes. Estas cifras están tomadas de registros de causas del año 2012. Pero el informe también incluye un análisis comparativo que comienza antes, en 2005.
Es común escuchar entre especialistas que la tenencia de droga para consumo personal está despenalizada de hecho, que esto viene ocurriendo hace años y más aún desde el fallo de la Corte (Arriola), de agosto de 2009, que declaró inconstitucional su castigo. Sin embargo, la policía sigue realizando detenciones por la simple tenencia (dando por hecho que existe la duda de para qué va a usar la droga), y se abre un expediente judicial que implica todo un proceso burocrático, hasta que finalmente un juez dicta el sobreseimiento invocando el fallo supremo. De este modo, el sistema dedica la mayor parte de sus esfuerzos y recursos a perseguir gente que terminará absuelta. Uno de los datos que aporta la Procunar es que la mayoría de las investigaciones las inician las fuerzas de seguridad. El número duro indica que es así en el 67 por ciento de los casos pero el propio informe aclara que la cifra real sería del 80 por ciento.
Esto significa que en la mayoría de los casos es la policía u otra fuerza la que selecciona a quien busca, atrapa y denuncia para iniciarle una causa de drogas. El sistema judicial se convierte así en una segunda etapa de selección. Para ese entonces, la persona detenida habrá sido subida a un patrullero, demorada o encarcelada y, por ende, posiblemente estigmatizada. La Procunar aún no terminó de analizar el impacto a nivel penitenciario pero es sabido que, especialmente en territorio bonaerense, ha habido un incremento ostensible de la población carcelaria vinculada a este fenómeno. Es común que se den excarcelaciones para mostrar resultados. En el caso de las mujeres, por ejemplo, desde la Asociación Intercambios han estimado un 80 por ciento de aumento.
Hay lugares donde, más allá de la tendencia, hay más investigaciones por comercio que por tenencia para consumo. En Corrientes, por ejemplo, son el 85 por ciento de las causas del rubro. Los expertos lo atribuyen, en este caso, a una mayor presencia de fuerzas de seguridad, como la Gendarmería, dedicada al tema. En Mar del Plata, son el 68 por ciento de las causas; en San Martín, una zona de concentración narcocriminal, 64 por ciento; en Bahía Blanca son el 61 por ciento de las causas.
Las dos jurisdicciones donde más se persigue el contrabando de estupefacientes son Posadas, cercana a una frontera caliente, con un ocho por ciento de causas penales focalizadas en este delito, y la Ciudad de Buenos Aires, con el 14 por ciento. Llama la atención en ciertas ciudades la escasa cantidad de causas por contrabando: en Bahía Blanca, que tiene puerto (lo que la hace un punto vulnerable) no tiene ninguna causa por contrabando de drogas; en Rosario hay dos y en San Martín hay cuatro.
En números totales, la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez es una de las ciudades con mayor densidad de población, concentra la mayor cantidad de causas de droga en general de todo el país (23.473) según los datos de 2012. Le siguen otras ciudades fuertes: Mendoza (3203 causas), Córdoba (2860 causas) y Rosario (2283).
Políticas fallidas
Hubiera sido casi impensable un operativo como el de la semana pasada en Rosario, donde se instaló un cuerpo de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) en zonas copadas por grupos narcos, si rigiera allí la desfederalización de las investigaciones, como ocurre en territorio bonaerense, en Córdoba y desde enero último en Salta. Por ley, en esos lugares, en los casos de drogas de menor cuantía, las investigaciones están en manos exclusivamente de la policía y la justicia locales.
La primera iniciativa para desfederalizar la Ley de Estupefacientes fue fruto de un proyecto del ex gobernador bonaerense Felipe Solá, aprobado en diciembre de 2005 y vigente en la actualidad. Fue presentado como una gran oportunidad para que la Justicia provincial investigara a quienes venden, por ejemplo, marihuana o bochitas de cocaína en escuelas, barrios, clubes y boliches y que la Justicia federal se dedicara a la narcocriminalidad. Pero no fue así.
Según la Procunar, ya en los debates parlamentarios se vislumbraba el fracaso. No sólo porque se apuntarían los cañones a los más débiles, sino porque se avecinaban dudas o disputas por la competencia para investigar. Cuando se comercializan estupefacientes en dosis fraccionadas para llevar al consumidor, se abre un “abanico de zonas grises”. ¿A quién se ataca allí? ¿A la organización, a los dealers, a los consumidores? La ley, además, no prevé mecanismos de interacción entre la Justicia provincial y la federal nacional. Si hubiera para investigar algo más grande detrás de un kiosquito de drogas tal vez la Justicia federal ni se entera. Y en este contexto, evalúan en la Procunar, se da un enorme poder a las policías provinciales para decidir hasta cuestiones de competencia.
La desfederalización causó que en la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2008 se redujeran abruptamente los expedientes penales por violación a la Ley de Estupefacientes que entraban a la Justicia federal allí afincada. Eran 10.044 las causas iniciadas justo antes de la aprobación de esa reforma, y quedaron 631 tres años después. Este resultado era esperable. En 2005, la Justicia federal bonaerense concentraba el 40 por ciento de todas las causas de drogas, mientras que la ciudad de Buenos Aires, el 35 por ciento, y el resto del país, 25 por ciento. Para 2008, la relación era: tres por ciento en la provincia, 49 por ciento, Capital Federal, 48 por ciento, el resto.
Lo que sorprendería después fue que aquella “merma implicaría que más del 30 por ciento de las causas iniciadas por estupefacientes en todo el país saliera de la Justicia federal”, según la Procunar. Es decir que el fenómeno bonaerense repercutía por todos lados.
Pero incluso dentro de la provincia de Buenos Aires lo que sucedió en el ámbito de la Justicia federal fue que no sólo disminuyeron las causas motivadas por delitos desfederalizados, sino todos los demás vinculados a grandes o aceitados grupos criminales, lo que incluye delitos en los que jamás estuvo en discusión que la competencia no era provincial sino nacional.
Las cifras del período 2005-2008 sobre la investigación de delitos federales son elocuentes:
– La tenencia con fines de comercialización tuvo una merma del 88 por ciento (de 2315 se pasó a 270).
– El comercio simple cayó un 89 por ciento (de 1181 a 126 causas).
– El comercio agravado por la intervención de tres o más personas descendió de 25 causas a siete.
– El almacenamiento simple, de 23 causas a cuatro.
– La organización y financiamiento de tráfico pasó de 23 causas a cinco.
– Y el transporte agravado (por intervención de algún funcionario) bajó de una causa a ninguna.
La Procunar advierte que el gran problema que estas cifras revelan es que “la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos se ha reducido significativamente”.
¿Qué ocurrió con los delitos de drogas que quedaron a cargo de la Justicia provincial? Acorde con la tendencia, todo se focalizó en los consumidores y hubo un crecimiento exponencial de las cifras. Mientras en el resto del país las causas para tenencia para consumo personal aumentaron un 61 por ciento entre 2005 y 2008, en el ámbito de las fiscalías federales de la provincia de Buenos Aires saltarían de ser 2500 a 7484: el incremento fue casi de 200 por ciento. El informe agrega que se observa que algunos hechos que en el ámbito federal son tomados como figuras penales menores en la provincia se computan como tenencia con fines de comercialización.
La Procunar ha intentado desalentar la desfederalización en provincias que intentan aplicarla y entregará su informe a diputados y senadores para que aprecien que, según estas estadísticas que ellos manejan en base simplemente a los registros de causas penales, dejan en claro que las investigaciones judiciales, muchas de ellas manejadas directamente por los jueces, no están apuntando al narcotráfico, por el que la Corte Suprema y la Iglesia han manifestado enorme preocupación.
En este contexto, tampoco ha disminuido el consumo de drogas (ver aparte). La procuraduría afirma que “la reducción del conjunto de problemáticas asociadas a los estupefacientes a definiciones sectorizadas, ancladas en una visión anacrónica de la seguridad, desarticuladas del resto de las agencias estatales y de la sociedad civil, han derivado en propuestas que han fracasado sistemáticamente en el intento de reducir el consumo; a la vez –como en el caso de la ley de desfederalización– han promovido un entramado institucional complejo que a nuestro entender impide construir una política criminal uniforme sobre la materia”.
