Hace unos años, luego del Motín Vendimial de marzo del 2000 y la posterior y poco feliz intervención de la Policía Federal en las cárceles de Mendoza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desembarcó en Mendoza, con sanciones para Argentina, por la situación en nuestras cárceles.

El hecho, más allá de generar tensiones oficiales, sirvió para que comenzara a palparse un cambio notablemente positivo en la vida carcelaria de Mendoza. Cierto es que mucho, muchísimo falta por hacer, pero también es cierto que, a partir de entonces, la ley –en los espacios de encierro– comenzó a ser un poco más respetada.

Parte de este proceso es el que Pablo Salinas detalla en su nuevo libro, que será presentado mañana a las 10, en el Colegio de Abogados, de Pedro Molina 447, de Ciudad. En la mesa, estarán Mario Juliano, Omar Palermo, Diego Lavado y Susana Ramella.

El autor, con el rigor a que su desempeño profesional lo obliga, desentraña un proceso que fue desplegándose a la luz de la mirada de un prestigioso organismo internacional (al que tanto él como otros abogados mendocinos apelaron cuando la situación era insostenible).

De hecho, en su libro, el autor brinda detallada instrucción de cómo proceder ante el organismo continental, ante casos de violaciones a los derechos humanos (e incluso de lo bien que funcionaron en el caso mendocino la interposición de las ahora mentadas medidas cautelares).

No obstante, Salinas va más allá y repasa el impacto que, a nivel internacional, tuvo el caso mendocino, que, de hecho, también le sirvió a la Comisión Interamericana para convencerse de cómo se ha de actuar en estas situaciones.

En otros tiempos de menos integración regional, el impacto de lo actuado entre la Comisión y una provincia argentina, no hubiese tenido la impronta positiva que se logró. Y en esto también pone el acento el abogado.

La cárcel está mejor, mejor de lo que nunca ha estado y en buena medida, se ha debido a este proceso delatado en su libro por Salinas. Sin embargo, repitámoslo mil veces: mucho falta por hacer, mucho por cambiar, muchísimo, en un ámbito en el que prima lo oculto, lo no dicho, lo no mostrado, lo encerrado.

Entre otras cosas, mientras esta misma provincia promueve leyes dañinas e ignorantes, como la llamada Ley Petri –al tiempo que no se respeta la actual 6513–, falta que la problemática penitenciaria (y la de la seguridad en general) se asuma socialmente.

Un continente logró mirarnos hace unos años, pero aún no conseguimos mirarnos a nosotros mismos.

A manera de prólogo

Dice, al respecto del libro, el doctor Alberto Bovino, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su prólogo al libro:

“El espacio carcelario es un espacio oculto al resto de lo social. La propia naturaleza de la institución penitenciaria oculta las prácticas que se desarrollan en su interior. La convivencia permanente entre guardados y guardianes, junto con las facultades –legales o de facto– reconocidas a estos últimos para controlar a los primeros convierte a la ilegalidad en una posibilidad siempre presente.

“El proceso penal es una serie discontinua de actos que afecta o puede afectar al imputado en determinados momentos. La prisión, en cambio, constituye una situación que trae aparejada una serie continua y permanente de actos que afectan cotidianamente a la persona encarcelada. La relación entre reclusos y guardias, a diferencia de las relaciones procesales, es constante, impredecible, inevitable, no reglada formal o materialmente, no impugnable.

“De allí la singular importancia de esta obra. A partir de una estrategia que se desarrolló tanto en el ámbito interno como en el sistema interamericano, se quebró la desigualdad siempre presente entre un recluso litigando contra la estructura carcelaria. Con el uso del hábeas corpus colectivo y de una estrategia que articuló el litigio interno e internacional, se lograron notables avances en la lucha contra la injusticia”.

http://www.mdzol.com/nota/463409/