Casi ocho años después del primer pedido de destitución contra el juez de Mar del Plata Pedro Hooft, acusado de haber sido cómplice y funcional al terrorismo de Estado, un jurado de enjuiciamiento decidió ayer absolverlo, restituirlo en su cargo y devolverle el porcentaje del sueldo que no percibió desde que fue suspendido, el año pasado. En un escueto comunicado, el tribunal resumió que según una mayoría de ocho de sus integrantes “Hooft no incurrió en los delitos de lesa humanidad que se le imputaron”. La decisión tuvo votos predominantes de la familia judicial (un juez de la Corte bonaerense y cinco abogados) junto con los de un senador del Frente Renovador y un diputado del Frente Amplio Progresista. Dos legisladores del kirchnerismo pidieron la destitución. Cerca del final de la lectura del veredicto, familiares de desaparecidos y militantes de organizaciones de derechos humanos estallaron de bronca. “¡Cómplices!”, gritaban, mientras los hijos de Hooft se abrazaban y reían. La Secretaría de Derechos Humanos anunció que apelará ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.

El enrejado que rodea al edificio de la Corte bonaerense comenzó ayer desde temprano a llenarse de corbatas. Las iban dejando colgadas quienes asistían a escuchar la sentencia, así como abogados que simplemente llegaban a trabajar y se solidarizaban con ese gesto. Se sumaron, además, cientos de corbatas que donaron en los últimos diez días abogados marplatenses. Lo que simbolizan es uno de los principales hechos con los que había sido vinculado Hooft y que lo llevó a juicio, conocido como la Noche de las Corbatas. Así se llamó a una sucesión de secuestros ocurridos en Mar del Plata en julio de 1977, en seis de los cuales las víctimas eran abogados (Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda), a los que se sumó en Neuquén el del abogado laboralista Jorge Candeloro y su esposa, Marta García, trasladados a la ciudad balnearia. Todo esto hace más desconcertante que la mayoría que exculpó a Hooft esté integrada predominantemente por abogados.

Hooft fue denunciado por haber archivado los hábeas corpus en forma prematura, sin siquiera una respuesta burocrática de las Fuerzas Armadas y en el caso puntual de Candeloro, rechazó los recursos con constancias de la detención y, meses después, con un informe del coronel Pedro Barda (jefe de la subzona 15) que lo anunciaba muerto en un supuesto enfrentamiento. Marta, la viuda de Candeloro, quien sobrevivió, incluso declaró que el juez visitaba la comisaría donde ella estuvo detenida y no respondió sus pedidos de ayuda. Es decir, por no investigar y por otras cuestiones emparentadas, el juez tiene una causa penal también abierta en 2006. En el contexto de ese expediente penal fue donde quedó a la vista la solidaridad que buena parte de la corporación judicial (no sólo marplatense) estaba dispuesta a brindarle. Por lo pronto, la excusación de cinco jueces fue dilatando los tiempos de la investigación, a lo que él sumó denuncias contra todos los fiscales que querían investigarlo. Una vez que lo llamaron a indagatoria, consiguió eludirla siete veces. Como nunca dejó de tener fueros, no podían llevarlo a declarar detenido. Como ahora los seguirá teniendo y el mensaje de jury fue contundente, es altamente improbable que avance esa causa judicial. Ese otro de los grandes efectos de la absolución de ayer.

Quizá conociendo este escenario y ante los rumores que en los días previos lo daban por absuelto fue que los organismos tapizaron las paredes de los tribunales con banderas, una de las cuales decía: “Hooft, con o sin fueros, culpable”. El juez enjuiciado –quien sufrió un ACV tras el testimonio de Marta García– no estuvo presente en la última audiencia y tampoco su esposa, que solía acompañarlo. El jurado, que había citado a todo el mundo para las nueve de la mañana, se tomó hasta pasadas las seis de la tarde para dar a conocer finalmente su decisión. Con el correr de las horas se fueron retirando algunos abogados de la acusación, lo que preanunciaba un resultado. El voto de la mayoría fue firmado por los conjueces abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemiña; por el senador Héctor Luis Vitale (Frente Renovador) y el diputado Abel Eduardo Buil (FAP); y por el juez de la Suprema Corte provincial Juan Carlos Hitters.

Cada uno vertió sus opiniones a lo largo de mil páginas, pero en lo central la mayoría suscribió argumentos de Hitters, quien partió de la base de que le parece complicado juzgar hechos de hace cuarenta años. El juez supremo dijo que está convencido de que “Hooft cometió ciertos déficit en el ámbito de su actuación judicial en el pasado judicial aquí ventilado” y que él mismo “hubiese actuado de manera distinta”, aunque aclaró que no encontró “suficientes elementos para decir que su accionar haya caído en los límites de los delitos de lesa humanidad o contra la humanidad que se le imputan”. “La acusación –dijo– no ha logrado acreditar” esos delitos ni “en particular el dolo directo”. Desde el tribunal, algunas voces deslizaban que la conclusión de que no hubo delitos de lesa humanidad implicaba que lo que se discutía estaba “prescripto”.

La diputada bonaerense del FpV Lucía Portos, quien votó en disidencia (por la destitución de Hooft) junto con el senador Luciano Martini, llamó “aberración jurídica” a la decisión mayoritaria. Portos se quejó de “la corporación judicial fuerte” y de la falta de formación y comprensión sobre “los presupuestos mínimos de qué significa lesa humanidad”. A su entender, “estaba más que probado el accionar sistemático y cómplice de este juez que permitió la impunidad no sólo al cometerse el delito sino hasta el día de hoy”. Martini, por su lado, dijo que espera que “la Justicia Penal pueda seguir investigando, que se investigue a Hooft y se llegue a la verdad de lo ocurrido”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, cuestionó: “Es un fallo vergonzoso porque significa un retroceso en materia de casos de lesa humanidad. Separan, llamativamente, la conducta del juez de los hechos que facilitó con el incumplimiento de sus deberes. Es vergonzoso, además, que cinco abogados voten por la impunidad en un caso emblemático como el de la Noche de las Corbatas. El fallo muestra también el pensamiento de Unen y de (Sergio) Massa en materia de memoria, verdad y justicia, ya que optan por la impunidad y el olvido. Ofende a las víctimas al desconocer los hechos como delitos de lesa humanidad y va en contra de todo lo que dijeron los tribunales que juzgaron a otros autores de estos hechos (en la causa 13 y en Mar del Plata)”. Alén advirtió que le parece “escandaloso” que un juez acusado de “crímenes de lesa humanidad también en una causa penal pueda seguir dictando sentencias como si nada”.

La Secretaría de Derechos Humanos intentará lograr la revisión de la decisión del jurado en todas las instancias que sea posible. Empezará por la Corte Suprema bonaerense. Los familiares de víctimas que ejercieron la acusación evalúan los pasos a seguir y los darán a conocer en los próximos días. Nadie descarta llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por un momento, Eleonora Alais, hija de uno de los abogados víctimas de la Noche de las Corbatas, ayer pensó que se quedaba afuera de la sala de audiencias. Entraban setenta personas, pero entre los jóvenes de HIJOS y los organismos variopintos presentes, juntaban bastante más del doble de gente. Al final, Eleonara y su mamá consiguieron entrar. “No imaginábamos un desenlace muy distinto, es una barrera más que tenemos que sortear para seguir luchando, es lo que aprendimos a hacer desde que empezamos a caminar. Hooft cuenta con mucha complicidad del Poder Judicial, hasta los empleados le hacían una vaquita”, le dijo a Página/12. “El día que declaró mi mamá –recordó– nos dimos cuenta de todo: a la salida, uno de los abogados integrantes del jury le dijo que la desaparición de los abogados laboralistas no era por razones políticas, sino de otro tipo. Yo le dije que sabía muy bien que mi papá pertenecía a la gremial de abogados y que entre los abogados había cómplices ideológicos de la dictadura.”

Mientras otros juicios, contra otros jueces, por su papel en la última dictadura, parecen avanzar, la absolución de Hooft, que no se limita a analizar su conducta sino que avanza en analizar los presuntos delitos para decir que no se le pueden adjudicar crímenes de lesa humanidad, suena más bien a mensaje o advertencia, en un momento en que otros procesos contra jueces por su papel en la última dictadura vienen avanzando.

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