La presencia de las fuerzas nacionales de seguridad abre nuevas posibilidades pero también nos plantea enormes desafíos a todos.

Su desembarco permitió una presencia distinta en el territorio, a través de un rol de prevención y disuasión del delito, significó para nuestros vecinos recuperar cierta calma, confianza y volver a un uso «más normal» del espacio público, en contraste con la ausencia o liberación de zonas por parte de la policía provincial, o lo que es peor, su connivencia pública, e impúdica, con el narcotráfico en los barrios de la ciudad.

Sigue abierta la pregunta respecto a cómo avanzar hacia un Estado y una política pública que permita ir al fondo de las causas que explican semejante expansión del narcotráfico en nuestra ciudad y los inéditos niveles de violencia a los que llegamos.

Ciudadanizar desde un sentido profundamente democrático las fuerzas de seguridad y la intervención de Estado es el camino, y no a la inversa. La seguridad pública es un derecho que debe garantizar el Estado desde una mirada integral y múltiple, no unívoca. La presencia de Gendarmería y Prefectura fue acaso la única salida que había frente a la violencia que había acorralado a nuestra ciudad, pero lejos está de ser una solución en sí misma.

Por eso, esta oportunidad abierta en nuestra ciudad debe ir acompañada y complementada por un Estado con la decisión de avanzar en la desarticulación de la trama profunda del narcotráfico, que significa empezar por la reforma estructural de la policía provincial, su control político y civil; la democratización del poder judicial provincial para terminar con la impunidad; una política contra quienes se llevan los millones que mueve el narcotráfico y después blanquean en inversiones inmobiliarias o grandes emprendimientos comerciales de la ciudad; y que también debe saber abordar nuevos debates como la despenalización de la tenencia o la legalización del consumo de marihuana, en función de estrategias que permitan la desarticulación del negocio e ir tras sus actores principales.

Pero que también tiene que saber inscribir la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio como parte de una política pública y una presencia del Estado que iguale oportunidades y garantice a todos el derecho a la ciudad, a través de políticas de urbanización, recuperación de espacios públicos, promoción de derechos, dignificación de la vida, creación de una subjetividad comunitaria y reposición de un sentido de futuro para nuestros pibes.

(*) Licenciado en Ciencia Política. Docente de la UNR. Miembro del Foro Rosario para Todos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/22-43791-2014-04-30.html