El Centro de Estudios Latinoamericanos sobre inseguridad y violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, presentó los resultados del análisis sobre población carcelaria realizado durante 2013, del cual surge que para algunos países de la región, incluida la Argentina, al menos un tercio de los presos ya había sido condenado previamente.
De acuerdo al informe, en el país –sumando a los reclusos de penales federales y provinciales– la proporción actual de condenados reincidentes en el delito es elevada porque representa un 43% de la población carcelaria, aunque se mantiene por debajo de Chile, con un 52%, y de la ciudad brasileña de San Pablo, con un porcentaje del 49 por ciento.
En este sentido, los datos muestran que, más allá de las actividades de formación profesional y capacitación recibidas dentro de los penales, los condenados, al salir en libertad, regresan, en una amplia mayoría, al entorno social desde el cual llevaron a cabo las conductas delictivas que terminaron por enviarlos a prisión.
Según las encuestas realizadas por los profesionales de CELIV, el 81% de los que purgaron una sentencia regresa con su familia al mismo lugar donde vivía antes de ser condenado. En cuanto a los medios para mantenerse, el relevamiento arrojó que viven de lo que su familia o amigos pueden aportar (en un 25,9% de los casos), o bien incurren nuevamente en conductas delictivas (37,8%) combinadas con trabajos ocasionales de muy baja calificación (33,6 por ciento).
Por lo tanto, para pensar estrategias de reducción de niveles de reincidencia, el equipo de investigadores considera necesaria «una nueva reflexión sobre el diseño e implementación de políticas de contención (no necesariamente económicas o con orientación economicista) focalizadas en las condiciones sociales a las cuales regresan los condenados al salir libertad».
Esta situación, según el informe, «revela algunas falencias importantes de aquella que debiera ser la función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios».
En ese sentido, agrega que «muchos estudios coinciden en que las cárceles se convierten en una escuela del crimen, un espacio que potencia la violencia, los abusos a los derechos humanos y la conformación de redes criminales. En un contexto en el que las personas llegan cada vez más jóvenes a las cárceles, aquellos que son apresados por delitos menores y que tal vez no tenían vínculos con el crimen organizado, tienen muchas probabilidades de terminar vinculados a él durante el encierro.»
Sin embargo, el trabajo de la Universidad no intenta criminalizar a un sector o clase social en particular. Por ejemplo, en un tramo se explica que «décadas de investigaciones en criminología aportan evidencia adicional que demuestra que la pobreza como tal no es un factor decisivo para explicar el delito de robo. Aunque la pobreza puede, en ciertas ocasiones, incidir en el delito, existen otros factores que activan la predisposición individual a delinquir. La pobreza, en el mejor de los casos, podría ser uno de ellos.»
http://tiempo.infonews.com/2014/05/02/policiales-123569-cuatro-de-cada-10-presos-son-reincidentes.php
