El juez federal Jorge Rodríguez desestimó el planteo formulado por el preso Mauricio Gutiérrez y acompañado por Leonardo Filippini, subdirector general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria.

Gutiérrez aspiraba a que se declarara “su derecho a usar la netbook proporcionada por el Ministerio de Educación de la Nación, con acceso al software y a las herramientas y accesorios de conectividad y se ordenara, en consecuencia, a la autoridad penitenciaria la adopción de las medidas necesarias a fin de hacer efectivo su derecho”.

La computadora portátil le había sido entregada el 14 de enero pasado después de tres meses de gestiones ante las autoridades penitenciarias, pero al recibirla “Gutiérrez pudo constatar, empero, que el personal penitenciario había retirado las placas de conexión WIFI y que los discos rígidos habían sido completamente formateados, perdiéndose así toda la información con la que contaban”. Esas restricciones fueron adoptadas “a fin de evitar toda vulneración a la seguridad del Establecimiento” penitenciario.

En el marco de la causa, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, informó que “no tienen conocimiento de la existencia de un convenio con el Plan Conectar Igualdad para que los internos alojados en las distintas unidades carcelarias puedan utilizar computadoras suministradas por el Ministerios de educación de la Nación con acceso a Internet”.

Si bien la educación de los presos es uno de los objetivos de resocialización penitenciaria, el juez Rodríguez evaluó que “ninguno de los organismos oficiales consultados e involucrados, han indicado que exista alguno para el otorgamiento de equipos para su conexión a Internet a las unidades carcelarias”. Así, entendió que “el asunto planteado se halla fuera de los alcances del recurso intentado”, y rechazó el pedido del detenido.

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