La legislatura bonaerense se dispone a habilitar que cada municipio pueda tener su propia policía y pueda establecer políticas y directivas en función de las necesidades locales. La iniciativa llega a la Cámara baja con un amplio consenso por parte del gobierno provincial, Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria (FPV) y Unión Celeste y Blanca. El diputado Fernando «Chino» Navarro, presidente del bloque del Frente para la Victoria, dijo a Infojus Noticias que “no solo apoyamos sino que nosotros impulsamos la iniciativa”.
El proyecto pasó por cuatro comisiones: Seguridad, Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos. Navarro consideró que “el proyecto era muy bueno desde su inicio y ha sido mejorado con el debate en comisiones y con la participación de todos los bloques”. Aunque acotó que “no soy de los que cree que una ley resuelva los problemas de seguridad, se trata de una herramienta. El tema de la seguridad requiere de políticas a mediano y largo plazo”.
Infojus Noticias dialogó con los diputados provinciales Marcelo Sain -uno de los creadores del proyecto- y Guido Lorenzio, que explicaron los principales puntos del proyecto.
1. Dónde podrán funcionar. Serán para los partidos de la provincia con más de 70.000 habitantes que adhieran a la ley. Se pueden incorporar los que tengan menos habitantes y justifiquen la necesidad de una policía propia, pero lo debe autorizar el Ejecutivo provincial. Para 2015 se prevé financiar 15 mil cargos. El diputado Marcelo Sain, uno de los creadores del proyecto, explicó a Infojus Noticias que la provincia financiará esa cantidad de efectivos pero los municipios pueden contratar y pagar personal policial extra de sus propias finanzas. La idea es que los municipios con menores recursos puedan asegurarse una dotación cuyo sueldo salga de la provincia.
2. Carácter y ámbito de actuación. La policía local tendrá autoridad para hacer uso de la fuerza pública mediante su intervención en la seguridad preventiva local, dentro del ámbito territorial del municipio, frente a la comisión de delitos y contravenciones provinciales o municipales en su territorio. Sus funciones y actividades están orientadas a garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, la protección y defensa de los derechos humanos y la convivencia ciudadana. El proyecto prevé también que las unidades de prevención de la policía bonaerense, pasarán a depender operativamente de cada intendente. El diputado Guido Lorenzino, del FPV, destacó que es “muy importante la prevención para fundar las políticas de seguridad. Creemos que los intendentes tienen que poder tener policías que trabajen en la prevención para poder bajar los niveles de delito”.
3. Qué es la seguridad preventiva. Comprende la planificación, implementación, coordinación y evaluación de las actividades y operaciones policiales, en el nivel estratégico y táctico, orientadas a la prevención y conjuración de la comisión de delitos y contravenciones municipales o provinciales, dentro del marco de las facultades y atribuciones establecidas legalmente.A propósito de este tipo de tareas, Sain explicó que la policía tiene como función el control del crimen, a través de la seguridad preventiva local, patrullamiento, vigilancia y conjuración de hechos. Lo que no puede hacer es investigar. Pero sí, por ejemplo, preservar la escena del crimen, proteger a los testigos, atender a las víctimas”.
4. Función y competencias. A nivel local es responsabilidad primaria de las nuevas policías la prestación del servicio de seguridad preventiva destinada a la protección de las personas y los bienes y a la salvaguarda de los espacios públicos. “Las policías locales tienen facultades específicas. No realizarán tareas administrativas, van a estar en las calles. Tendrán un lugar donde se presentarán a trabajar y de ahí irán a realizar sus tareas. La policía provincial no realizará tareas preventivas y se abocará a investigar temas como el narcotráfico, por ejemplo”, explicó Lorenzino a Infojus Noticias. Además, estas policías tendrán supervisión y control externo. Se creará la Auditoría General de Policías Locales, con autonomía jerárquica y funcional.
5. Uso de armas de fuego. Los policías comunales usarán armas cuando lo requiera la situación a la que estén destinados. Solo podrán usar armas reglamentarias, provistas u homologadas por la autoridad competente, cuyos códigos de identificación y marcas características hubieren sido previamente registrados y almacenados. Dispondrán del arma al comenzar la jornada laboral y deberán devolverla al terminar la misma. Marcelo Sain sobre este punto detalló que: “el proyecto convierte al policía en trabajador”. Y agregó que con “la portación del arma, los policías ya tienen una responsabilidad funcional; si además se atribuye que el arma es el elemento de trabajo, que la debe que usar ante cualquier delito, se lo convierte en un trabajador todo el tiempo, y eso es un error”. Además el legislador puntualizó que “muchos casos acreditan que la utilización del arma fuera del servicio se hace para evitar robos, y cuando hay enfrentamientos armados, el policía muere, porque en la mayoría de los casos el policía está en inferioridad de condiciones”.
6. Qué no pueden hacer las policías municipales: tareas administrativas o actividades policiales que sean ajenas a la actividad para la que fueron creadas. No pueden hacer diligencias judiciales ni actividades penitenciarias; tampoco custodiar edificios ni funcionarios. No se dedicarán a la seguridad vial ni a la gestión del tránsito vehicular. Solo en los casos de emergencia o catástrofe declarada podrán realizar tareas de defensa civil. En ningún caso pueden desarrollar operaciones especiales tendientes a controlar situaciones críticas de alto riesgo. No pueden hacer investigación criminal (función que será realizando la policía bonaerense). Tampoco podrán encargarse de mantener el orden en grandes manifestaciones, concentración de personas o movilizaciones colectivas.
7. Violencia de género. Deben garantizar acciones tendientes a erradicar la violencia de género, asegurando la conformación de unidades operacionales especiales integradas por personal policial femenino capacitado especialmente para intervenir en esas problemáticas. Marcelo Sain insistió en que esta debe ser una función clave de estas policías: “La violencia de género es un problema público que causa muchas muertes”. La Comisión de DDHH introdujo una serie de agregados en este punto, y desde ahí se explicó que ahora “se prevé la articulación con las Comisarías de la Mujeres y con organizaciones locales que trabajen en la materia. También se dispuso que como mínimo el 10% de los móviles deben priorizar la atención de los casos de violencia intrafamiliar y el 50% del personal de las policías locales deben ser mujeres”.
8. Detenciones. Este punto está en discusión. El proyecto indica que se podrá privar de la libertad cuando se trate de alguno de los supuestos prescriptos por el Código Procesal Penal (por casos de flagrante delito o por orden judicial). Lo que tras el debate quedará o no, es la posibilidad de que las policías locales puedan detener hasta seis horas cuando sea estrictamente necesario conocer la identidad de la persona (y la persona se niegue o no tenga documentación). Tras una detención deberán notificar de inmediato a la autoridad judicial. En cualquier caso se prohíbe la detención de menores de 18 años.
9. Requisitos para integrar el cuerpo de policía local. Deben vivir en el municipio, ser menores de 35 años y aprobar los requisitos de formación. No pueden ingresar quienes tengan antecedentes delictivos ni “quienes integren o hayan integrado otras Policías, Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Armadas”. Se plantea una excepción: al momento de la formación de la policía, para los mandos superiores, se puede convocar e incorporar por única vez hasta 20 funcionarios policiales que vengan de otra institución. “No se trata de prejuicios o de cuestiones ideológicas, solamente queremos empezar de cero, tener una policía virgen, que no vengan formados por otras experiencias. Hay una excepción que es para arrancar y para los mandos superiores, pero queremos empezar de cero”, explicó Lorenzino.
10. Formación. Durará dos años y será obligatoria la capacitación en temas de violencia de género. Se creará para eso el Instituto Provincial de Policías Locales. El funcionario a cargo de este Instituto no debe ser policía y será nombrado por el Poder Ejecutivo provincial. Contará con un Consejo Consultivo (un representante de cada municipio donde haya policía local, uno del Ministerio de Seguridad y cuatro legisladores provinciales).
