Para la magistrada, que tiene en sus manos una de las causas más grandes por tráfico de cocaína al exterior (cerca de una tonelada desde Chaco a España) la preocupación de Naciones unidas y de los distintos países por los altos niveles de corrupción, no es en vano, ya que para realizar sus tareas requieren la participación por acción u omisión de determinados funcionarios públicos.
Esto se evidencia, según Niremperger, en las distintas investigaciones que se llevan a cabo sobre narcotráfico, trata y contrabando, en las que si bien muchas veces no se llega a los resultados esperados, “atento a la gran complejidad que revisten estos delitos y los grandes obstáculos que se presentan al tratar de investigar a elementos infiltrados en el poder, sabemos que existe”, señaló.
Formosa, Chaco y Salta
La magistrada observó en diálogo con NORTE que en los últimos tiempos tal situación se puso de manifiesto en distintas investigaciones llevadas a cabo en Formosa, Chaco y Salta por lo menos, donde se ha imputado la comisión de estos delitos o delitos conexos capaz de facilitar los anteriores, a personal de las fuerzas de seguridad, en los casos, policías provinciales y gendarmería nacional.
El hecho de que personal prevencional participe en las acciones delictivas que se pretenden eliminar, es una doble perdida para el Estado en su lucha contra estos delitos, ya que no solo significa una herramienta menos al servicio dela prevención y represión y sino que además, las organizaciones delictivas cuentan con nuevas y poderosas herramientas para cometer el delito.
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