La Cámara de Senadores retoma mañana la ronda de exposiciones sobre la reforma del Código Procesal Pena de la Nación (CPPN), a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe su proyecto al Congreso.
Columna especial de inecip – Exclusivo para Comercio y Justicia
En ese marco, la semana pasada, Alberto Binder, miembro del Consejo Asesor del Inecip, declaró a Télam que si bien la legislación tiene 20 años, nació “muy vieja” porque “mantuvo estructuras que fueron diseñadas al principio del siglo XIX”.
En tanto, subrayó que es complejo dar solución a la criminalidad “con un atraso de 200 años”.
A su vez, el jurista criticó los modelos de organización judicial porque, según dijo, son “obsoletos” y “no hay posibilidad de cooperación”.
Además, manifestó que los fiscales “no tienen facultades de investigación”.
Sobre los proyectos actuales, valoró que “tienen un mismo espíritu” y que “no es un tema partidario. “Hay una convergencia en un mismo sentido”, destacó.
Binder explicó que la reforma al actual Código Procesal propone, mediante una división de funciones muy claras, entregarles a los fiscales la investigación de los casos y la organización de la persecución penal y dejarles a los jueces el control de garantías y el juzgamiento.
En tanto, remarcó que esa división de funciones está acompañada de una profunda oralización de todo el proceso, de tal manera que no se dé sólo cuando al imputado le toque ir a juicio sino busca que “la gran mayoría del trabajo se haga en audiencias orales y públicas”.
También subrayó que “el actual sistema la Justicia Penal es refractario a todas forma de participación de las víctimas” y que, en cambio, en las nuevas legislaciones se hace más abierta, de tal manera que las aquéllas puedan canalizar sus reclamos de un modo más rápido, expedito y compresible.
Por otro lado, diferenció el debate que se dio ante el proyecto de reforma del Código Penal y el tratamiento que se le está brindando a la del CPPN, opinando que la resistencia a este último es menor porque hay una gran coincidencia en el mundo académico. “De hecho, el año pasado 200 jueces federales pidieron este cambio”, recordó.
“En el Código Procesal no hay una discusión tan fuerte artículo por artículo sino en cuanto al modelo que se quiere poner en práctica”, precisó.
Binder remarcó también que la reforma al Código Procesal implicará de inmediato una reorganización del Ministerio Público y un cambio de actitud fundamental en una institución que hoy, según valoró, es “pasiva”.
Otras de las transformaciones que destacó el procesalista son los juicios por jurado, que si bien han sido resistidos durante 150 años ya se comenzaron a implementar en varias provincias.
No obstante, consideró que no hay que creer que el juicio con jurados sea una institución perfecta, porque seguramente va a haber debates en los cuales los jueces legos cometan errores, tal como sucede en los que llevan adelante magistrados profesionales.
De todas formas, opinó que su implementación genera una “nueva alianza” entre la administración de Justicia y la ciudadanía, algo que “oxigena el ambiente” y calificó como “un paso enorme”.
Consultado sobre el impacto que ésta reforma tendrá en la problemática de la inseguridad, Binder manifestó que “el poder realizar o no una campaña más eficiente va a producir efecto sobre la criminalidad.
Mañana, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales recibirá a Marcelo Lucini, camarista en lo Criminal de Instrucción; a Francisco D’Albora, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, y a Daniel Erbetta, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, profesor universitario de Derecho Penal y vicepresidente del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
El cuerpo que preside Pedro Guastavino (FpV) escuchará a los especialistas en una reunión convocada para las 15, en la que también se debatirá el proyecto del oficialista Aníbal Fernández para castigar los autoacuartelamientos policiales.
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