Mediante el Proyecto de Ley 2384/14, autoría del diputado del Frente Grande Daniel Trabalón, se pretende modificar el artículo 47 de la Ley 6976 –De Seguridad Pública- que establece las excepciones al deber de obediencia cuando: la orden de servicio sea manifiestamente ilegítima o ilegal; la ejecución de una orden de servicio configure o pueda configurar delito o la orden provenga de autoridades no constituidas de acuerdo a los principios y normas constitucionales, legales o reglamentarias. Agregando que “en cualquiera de los supuestos previstos en los incisos anteriores el agente involucrado deberá proceder de manera inmediata a realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad más cercana”.

El legislador fundamenta que “un funcionario público como el agente policial tiene la obligación de efectuar la denuncia cuando recibe una orden ilegítima o que viole la ley, porque de no hacerlo estaría actuando en complicidad con quien imparte dicha orden. En este sentido, ponemos de relieve que en el marco de nuestro derecho, se regula la responsabilidad de todos los funcionarios públicos de denunciar todo acto u orden ilegal como en el presente caso”.

Agrega Trabalón que “en virtud de las represiones sucedidas el 7 de mayo y 4 de junio del 2014, creemos que es necesario dejar expresamente asentado en la ley de Seguridad Publica, la obligación de denunciar, no solo por reconocer la existencia de tal mentada obligación -que de hecho existe- sino también como una manera de generar las condiciones para que el agente pueda diferenciarse. Si bien la represión de la protesta social puede ser uno de los hechos que nos motiva a presentar la iniciativa, no desconocemos que podrían existir otras órdenes con características como las previstas en el artículo 47”.