Colaborar con la cruzada de poner un freno a la «violencia institucional» en general y, en especial, a esa variante que un conglomerado de organizaciones civiles viene combatiendo en Córdoba: las detenciones arbitrarias y abusos cometidos al amparo del Código de Faltas, fundamentalmente bajo la figura del «merodeo».

La UCR asegura que ese es el objetivo del proyecto cuya discusión detonará hoy en el Concejo Deliberante, con la presencia de numerosos invitados.

La iniciativa propone la creación del «Registro Municipal de Detenidos por Contravenciones, Demorados y Maltrato Institucional» en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos, una herramienta que busca dar mayor visibilidad, desde la estadística oficial, a las detenciones por «portación de rostro» y otras arbitrariedades de los poderes públicos sobre los ciudadanos.

Aunque recién ahora será debatido en comisión, el proyecto fue enviado al Concejo por la Intendencia durante el período de sesiones extraordinarias en febrero y desde entonces se interpretó como otro claro distanciamiento de Ramón Mestre de la gestión De la Sota, cuestionada en forma cada vez más firme y unánime por los «abusos» que permite el Código (la síntesis de este repudio se da en la cada vez más multitudinaria Marcha de la Gorra).

En voz alta, la UCR niega que se trate de una «mojada de oreja» y rescata que el proyecto se discutió desde 2013, y durante meses, entre el Ejecutivo municipal y organizaciones aglutinadas en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, una de las convocadas al debate de hoy en el Concejo.

Además, remarca que en su versión actual, excede las detenciones por el Código: «Tomamos ese espíritu pero lo abrimos, hablamos de ‘violencia institucional’: ante el registro también se podrán denunciar abusos en la aplicación del Código de Faltas Municipal y de todo aquel que ejerce la función pública, no sólo la Policía. Por ejemplo, maltrato de parte de un inspector de tránsito», explicó Sergio Piguillém, subsecretario de Gobierno municipal.

«Para el vecino común será un lugar donde manifestar los inconvenientes que tuvo, y a la vez servirá de instrumento de control contra la actuación de la Policía y demás funcionarios públicos», añadió, asegurando que ya se tomaron aportes de organizaciones y la voluntad es seguir receptándolos. Precisó que las organizaciones y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) podrán participar activamente del funcionamiento del registro.

«Vamos a llevar la estadística y un control de las situaciones de abuso, sobre todo sobre los jóvenes detenidos por portación de rostro. Con eso, el municipio tendrá un control y eventualmente podrá hacer los reclamos a la Provincia o, en el caso de su ámbito, iniciar procesos de sanciones por la vía que ya está establecida, por ejemplo», agregó Lucas Cavallo, concejal radical titular de la comisión de Legislación General.

Sancionarla. Cavallo, adelantó que este martes esa Comisión comenzará a discutir el proyecto a las 15.30, con la presencia de miembros del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia, funcionarios de Derechos Humanos, la citada «mesa» y la UNC; además de los ediles de diversos bloques que la integran.

La idea del oficialismo es acelerar el debate para poder convertir el Registro en una realidad en poco tiempo. De hecho, hoy intentará sacar despacho (lograr su aprobación en comisión) para que sólo reste votarla en el recinto.

Ante la consulta realizada por este medio, la respuesta de los ediles de Unión por Córdoba fue que «estaban estudiando» la iniciativa.

Previsiblemente, desde el oficialismo consideraron muy poco probable que ese bloque apoye el proyecto, pero confiaron en sumar apoyos en el resto de las bancadas.

¿Qué es?

Nuevo Registro. El proyecto de la UCR crea un Registro Municipal de Detenidos por Contravenciones, Demorados y Maltrato Institucional en el ámbito del municipio de Córdoba.

Datos. El Registro recibirá datos «en relación a detenciones por
contravenciones previstas en el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, demoras
y/o maltratos de organismo de seguridad». Se trata de aquellas en las que no intervino la Justicia; también abusos en cárceles. Además, se podrá denunciar abusos de autoridad en el marco del Código de Faltas municipal, aseguran desde la UCR.

Estadísticas. A partir de la información receptada, el Registro producirá un informe estadístico anual.

Anonimato. Para denunciar los abusos, las víctimas deberán dar sus datos al Registro; pero la difusión pública garantizará su anonimato (así se respetarán los principios constitucionales de intimidad y privacidad previstos en el artículo 19 inciso 2 de la Constitución Provincial y la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326.).

 

 

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