Es una de la conclusiones a las que arriba la Procuvin en su reporte mensual sobre la población de los penales del Servicio Penitenciario Federal. Hay más de 10 mil personas detenidas en todo el país.

Casi el 60 por ciento de las 10.074 personas privadas de libertad en cárceles federales está detenida con prisión preventiva, mientras que el 40 por ciento tiene condena firme. La situación se agrava respecto de los 3467 que están encerrados en esos lugares a disposición de jueces federales: sólo el 26,6 por ciento tiene sentencia, mientras que el 73,4 por ciento está allí preventivamente. De esa forma, el Poder Judicial de la Nación «supera en un 14 por ciento la media de personas» en esa condición, indica un informe de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) en base a datos del 30 de mayo pasado. En la población de jóvenes adultos (18 a 21 años), los encerrados preventivos ascienden a 84,1 por ciento.

El trabajo, realizado todos los meses por el área de Registro y Bases de Datos de la Procuvin, sistematiza los partes semanales remitidos al organismo por el Servicio Penitenciario Federal respecto de la población de las 28 cárceles y las 10 alcaidías que dependen de esa institución en todo el país.

La situación procesal de las personas detenidas en cárceles federales pero a disposición de jueces porteños no federales (justicia nacional) indica que sólo el 45,1 por ciento de los 5891 individuos que integran ese colectivo fue condenado, mientras que la gran mayoría de los detenidos que dependen de jueces provinciales encerrados en cárceles federales (716) han sido condenados en un 66,9 por ciento.

«Son indicadores graves, mucho más cuando el modo de ejecución de esas prisiones preventivas es gravoso y con afectación a otros derechos; no sólo la libertad, sino también la salud, la educación y el trabajo, y las personas están expuestas a dinámicas institucionales violentas», evaluó a Fiscales el titular de la Procuvin, Abel Córdoba.

Mujeres, jóvenes y trans, colectivos más vulnerados

En este contexto, las mujeres (746 del total) y los jóvenes adultos (429) aparecen como los grupos más vulnerados. El 66,4 por ciento de la población femenina está encarcelada preventivamente y sólo el 33,6 por ciento fue condenada. En los jóvenes de entre 18 y 21 años la diferencia es abismal: sólo el 15,9 por ciento recibió condena y el 84,1 está procesado.

La situación de los jóvenes revela el incremento de los encarcelamientos preventivos dictados por los jueces nacionales y federales respecto a personas de ese rango etario encerradas en establecimientos federales. Desde que la Procuvin comenzó a registrar esta variable en octubre del año pasado, el porcentaje creció en cinco puntos.

El 76,9 por ciento de esos jóvenes está detenido a disposición de jueces porteños no federales, el 20,8 por ciento de jueces federales y el 2,3 por ciento de magistrados provinciales.

En el sistema penitenciario federal se aloja a 16 personas trans, todas mayores de edad y encerradas en el Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Sólo una de ellas tiene condena firme. Esta población se incrementó en cinco personas respecto de abril.

«El hecho de que la población de mujeres, jóvenes y trans sean los destinatarios de valoraciones más severas por parte del sistema judicial y de los mecanismos de evaluación de tratamiento penitenciario nos confirma y revela que se los considera no sólo más peligrosos, sino también con menos derechos, y a partir de este relevamiento evaluamos que en la materia está pendiente la vigencia concreta de derechos fundamentales y que esto, lejos de ser producto de evoluciones pendientes, refleja una política criminal concreta, y que ha sido objetada desde organismos internacionales», valoró el fiscal Córdoba.

Personas y lugares

El informe revela que al 30 de mayo las 10.074 personas en dependencias del SPF han variado con un leve descenso de nueve personas respecto de abril, pero contabilizando 120 más que en septiembre de 2013, cuando la Procuvin comenzó a recibir la información del SPF. Ahora bien, desde diciembre -cuando hubo una baja considerable- y hasta a fin de mayo se registró un incremento en la población penal de 279 personas.

En este contexto, el SPF informó que su «capacidad real de alojamiento» actual es de 10.848 personas, variando las plazas informadas cada mes. Por ejemplo, en octubre pasado eran 10.763 y en marzo 10.826. «La capacidad de alojamiento varía en cada medición, de lo que se asume que muchas unidades modifican constantemente sus estructuras edilicias, más aún en un contexto de crecimiento de la población encarcelada», indica el informe, que asimismo refiere que «el SPF no define cuál es el estándar de metros por persona que utiliza, ni la metodología de cálculo».

«Si bien existe margen entre el cupo definido a nivel general para todos los establecimientos del SPF y la población alojada, esta información es general y no da cuenta de la situación en cada establecimiento», agrega el trabajo. En ese sentido, la Procuvin analiza también este aspecto en los penales más grandes, los complejos I (Ezeiza), II (Marcos Paz) y de Devoto. En los últimos dos, se registra un déficit de 56 y 32 plazas, respectivamente, mientras que en Ezeiza aparentemente y según lo informado por el SPF, existen 26 plazas sin ocupar, pero se puede observar sobrepoblación cuando se revisa la situación en cada módulo que forma parte de la cárcel.

«El problema de la sobrepoblación se torna de interés por darse en un contexto de crecimiento de las personas encarceladas, tendencia que se revertiría con la modificación de las prácticas judiciales y penitenciarias», explica el informe de la Procuvin, que asimismo advierte que «esta coyuntura repercute en el ámbito intramuros, incrementando el riesgo que generan las medidas improvisadas en pos de alojar más detenidos, propiciando situaciones de saturación poblacional que intensifican y potencian el agravamiento de las condiciones materiales de detención».

Al respecto, Córdoba explicó que «la gravedad de la situación excede a la variable del hacinamiento en espacios de detención, proyectándose también como un indicador que repercute en el nivel de conflictividad y la exacerbación de la escasez en el acceso a los elementos básicos de sobrevivencia alimenticia, de higiene, educación, trabajo y salud intramuros, aspectos de por si críticos en su prestación dentro de las cárceles del país que se ven agudizados en las fluctuaciones descriptas».

El trabajo realizado por la Procuvin se enmarca en su facultad para requerir información a las distintas agencias penales «a fin de conocer y caracterizar el universo sobre el que interviene». La conclusiones son remitidas a la Corte Suprema, la Cámara de Casación, la Defensoría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuración Penitenciaria de la Nación y otros organismos del Estado con competencia en la situación carcelaria.

Córdoba indicó que «el relevamiento de esta situación permite enfocar con precisión la problemática, evidenciar una situación injustificada en término de vigencia de derechos y al mismo tiempo, a partir de la rigurosidad técnica con la que se lo ha elaborado, permite a cada institución con injerencia en el tema, tomar medidas de inmediato para revertir estos indicadores dado que el diagnóstico es preciso y hay herramientas de gestión judicial, y recursos institucionales en todo el sistema penal para abordar con urgencia un problema de suma gravedad».

En ese sentido, el titular de la Procuvin evaluó que «resulta un avance que en el sistema de seguimiento de condiciones de encierro que funciona en el ámbito de la Cámara de Casación se haya decidido abordar el tema con participación de todas las instituciones que lo conforman, como el Poder Judicial, las defensorías, las fiscalías y también organismos de derechos humanos».

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