La decisión fue adoptada por el juez Skidelsky luego de la última reunión de la mesa de diálogo creada tras un habeas corpus. Es un avance frente a una modalidad frecuente implementada por Servicio Penitenciario Federal, que apeló la medida. Hubo nuevas inspecciones al penal, uno de los que registra mayores denuncias.
El juez Federal Carlos Skidelsky prohibió al Servicio Penitenciario Federal encerrar personas en la Unidad N°7 de Resistencia, Chaco, cuyos domicilios disten del penal más de quinientos kilómetros. La resolución judicial fue adoptada en el contexto de la mesa de diálogo creada en esa jurisdicción en el marco de un habeas corpus para abordar la vulneración de derechos de los privados de libertad en aquél establecimiento. La medida es un paliativo para frenar el desarraigo de las personas sometidas a régimen de encierro, otra forma de maltrato implementada por el SPF y que preocupa a los fiscales federales chaqueños y a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que forma parte de la mesa de diálogo junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación, la defensoría oficial, el Comité contra la Tortura provincial y el propio SPF.
Una muestra cabal de la cantidad de alojados en penales a lo largo de todo el país y distantes de sus lugares de residencia la da el último informe de la Procuvin referido a la población carcelaria en establecimientos del SPF. Ese documento da cuenta de que 5891 personas de las 10.074 encerradas en las 28 cárceles y 10 alcaidías está a disposición de jueces del fuero nacional con sede en la Capital Federal.
Desde su creación, la Procuvin accionó para que cese el alojamiento de detenidos del Conurbano bonaerense o de la Capital Federal en unidades penitenciarias distantes a mas de mil kilómetros de sus domicilios, particularmente Chaco, Rawson y Neuquen, las tres unidades con régimen de máxima seguridad en el interior del país. «Esto afecta los vínculos familiares de los detenidos, que padecen sufrimientos extremos, agravamientos de enfermedades físicas y mentales, lo cual configura graves violaciones de derechos humanos», explicó el coordinador del Área de Encierro de la Procuvin, Roberto Cipriano García, quien además recordó que la misma medida que adoptó ahora Skidelsky había sido tomada por el titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2, Marcelo Peluzzi.
La prohibición de alojar personas cuya residencia diste más de 500 kilómetros de la unidad penal se da en el marco de un trámite que tuvo vaivenes. El 15 de abril pasado, Skidelsky adoptó la resolución por primera vez, con el acuerdo de todas las partes menos del SPF, que interpuso al día siguiente un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. En esa oportunidad, el juez hizo lugar al recurso y suspendió la prohibición. Pero ante los reclamos efectuados durante la última reunión de la mesa de diálogo, celebrada el 10 de junio pasado, el juez puso en vigencia nuevamente la medida. El SPF apeló esta última decisión del juez Skidelsky y el recurso será tratado en la Cámara Federal de Resistencia.
La saga fue narrada a Fiscales por el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, y el secretario de la Fiscalía, Marcelo Burella, quienes participan de la mesa.
En el último encuentro de esa instancia, también se resolvió que se mantenga el cupo actual de la cárcel con 318 personas encerradas y ordenar la realización de peritajes sobre las armas utilizadas por la Unidad N°7, luego del caso de un joven fue herido en un ojo con una posta de goma durante una requisa de los agentes del SPF. En el mismo sentido, la mesa resolvió ordenar la utilización en el penal de armas de menor cuantía de poder de fuego.
También, se acordó ordenar que las personas detenidas -frecuentemente despojadas de todo objeto personal- dispongan de sus efectos personales, previa realización de requisa, y, al respecto, se dispuso que se informe a las partes sobre los cronogramas de requisa y de recreo.
Otra medida solicitada por la Fiscalía Federal y decidida por la mesa fue convocar al Secretario de Seguridad de la provincia, Marcelo Churín, por las condiciones de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policia de la Provincia del Chaco, donde fue constatado que «se alojan detenidos federales, en condiciones de hacinamiento, irregularidad edilicia y carentes de higiene», indicó Sabadini. Esas condiciones fueron advertidas por una presentación realizada por el titular del Comité provincial contra la Tortura, Mario Bosch, ante la Fiscalía Federal, que luego dispuso la realización de una inspección para constatar las denuncias. Fue en ese contexto que se detectó el caso de los ciudadanos chinos retenidos a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, que fue resuelto tras un habeas corpus interpuesto por la Fiscalía.
Nueva inspección
El jueves pasado, un equipo de la Procuvin integrado por Paula Mallimacci, Maria Luz Damone, Laura Sobredo y Juan Introzzi, el fiscal de Resistencia Patricio Sabadin y los miembros del plantel de esa Fiscalía, Juan Diaz, Emilse Lobera y Ruth Hilgenberg, integraron la comitiva que, junto a representantes de la Procuración Penitenciaria, la defensoría oficial y el juez Peluzzi, realizó una inspección a la Unidad 7. El procedimiento derivó en la fijación de nuevos puntos para la agenda de la próxima reunión de la mesa de diálogo, que se llevará a cabo el próximo 8 de julio.
Durante la inspección, los funcionarios constataron que las obras de refacción del pabellón N°5 «avanzan muy lentamente», por lo cual requerirán al juez Skidelsky que ordene la finalización de las obras.
Al día siguiente, el equipo interdisciplinario de la Procuvin integrado por Laura Sobredo y Juan Introzzi inspeccionó las áreas de sanidad y salud mental de la Unidad 7 de Resistencia y de la N°11 de Presidencia Roque Sáenz Peña, ambas del SPF. Los funcionarios buscaban elaborar un informe técnico de las condiciones materiales y de funcionamiento en esas secciones de los dos penales, que será presentado a la Fiscalía Federal.
Según informó a Fiscales Cipriano García, en el sector de sanidad de la Unidad 7 «las condiciones edilicias son apenas aceptables pero la higiene y el cuidado de las mismas dista mucho de aquél que corresponde a un ámbito destinado a la atención y rehabilitación de la salud».
Al respecto, el funcionario indicó que en el consultorio odontológico hay una estufa de esterilización y «material viejo y descuidado que se mezcla con el del mecánico dental que trabaja en el mismo espacio». «Es deplorable el estado de las piletas donde el personal de salud debería realizar el lavado de manos y no hay dispensadores de jabón ni toallas de papel, con lo que es fácil concluir que ese acto no es realizado habitualmente por quienes allí trabajan», remarcó.
El cuadro se completa con cestos de basura destapados que exponen residuos patológicos y la presencia de un perro que suele dormir en uno de los consultorios.
En la Unidad 11, en tanto, se encontraron «graves deficiencias» edilicias, de higiene y de equipamiento. En efecto, en este penal también se constató «la inexistencia de medios para la esterilización del instrumental» en el sector de odontología y la falta de higiene en los lugares de almacenamiento de medicamentos y otros insumos.
«Tampoco está garantizada la presencia de guardias médicas que aseguren la presencia de estos profesionales durante las 24 horas del día», remarcó Cipriano García.
http://fiscales.gob.ar/violencia-institucional/chaco-prohibieron-encerrar-en-la-unidad-7-a-personas-que-residen-a-mas-de-500-kilometros/
