El último golpe fue la liberación de Gladys Cabrera, la manicura dueña de la casa donde en teoría se encontró ADN de Candela Sol Rodríguez. La mujer salió en libertad el viernes. Néstor Altaminaro, el carpintero que cuidaba esa casa, ya está con prisión domiciliaria. La investigación por el crimen de Candela es comandada de forma personal por el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate. Al conocer el dictamen de la Cámara de Apelaciones ordenando la libertad, el funcionario quizá sintió que la suerte dejó de acompañarlo. Cuestionado por sus subordinados y a punto de enfrentar un proceso de juicio político que comenzará con el año parlamentario en la provincia de Buenos Aires, la investigación del caso Candela parecía ser su última apuesta para retirarse con gloria. Pero no pudo ser. Quienes siguen la causa a diario opinan que cada día está más cerca el momento en el que el caso se convierta en una trama que incluye policías, narcotráfico y complicidad político-judicial con ellos.
Los problemas de Nieva Woodgate son anteriores al caso Candela. La Comisión Bicameral de Juicio Político lo acusa por no haber investigado el crimen de Ángel Georgiadis, un preso asesinado por la dictadura en febrero de 1977 mientras estaba a su cargo. Georgiadis fue retirado de la cárcel para ser interrogado por el Ejército y nunca volvió. Woodgate, que en aquella época era juez, aceptó la versión de que Georgiadis se había suicidado en circunstancias poco claras, sin tomar una sola medida de prueba. El 1º de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias en la provincia, varios diputados opinan que la suspensión de Nieva Woodgate será uno de los primeros temas en tratarse.
Quienes lo cuestionan –sobre todo sus subordinados– opinan que entre aquella omisión y su accionar actual hay continuidad. En la provincia de Buenos Aires se eliminó la figura que separaba a los fiscales entre adjuntos y titulares. Como todos hacían el mismo trabajo –pero cobraban distinto– una oportuna reforma equiparó el trabajo de unos y otros. En Morón, bajo la órbita de Nieva Woodgate, las fiscalías siguen usando un sistema informal de titulares y subordinados. “Los titulares –explicó a Miradas al Sur un empleado cercano al fiscal general que pidió reservar su identidad– los elige él. De esa forma, se garantiza el control de las fiscalías. Si no estás de acuerdo con la gente que puso, no podés conseguir ni una silla donde sentarte. Y no seguir su línea de trabajo te puede generar muchos problemas”. Entre los fiscales que cayeron en desgracia por no haber seguido sus dictados, varios empleados repiten los nombres de los fiscales Alejandro Jons y Javier Baños.
El primero de ellos participó durante 2008 en una investigación que tenía como protagonistas a los intendentes de Morón, Martín Sabbatella, y de Merlo, Raúl Othacehé. Sabbatella había denunciado que un grupo de gente enviado por el hombre fuerte de Merlo repartía volantes acusándolo de cometer delitos. En su presentación, pedía que se investigasen las denuncias y el origen de ellas. La policía encontró a dos hombres en un auto con problemas de papeles. Al revisarlos, encontraron gran cantidad de papeles relacionados con la denuncia. Se comunicaron con Jons, que pidió que las dos personas fueran a la fiscalía para declarar como testigos. Los abogados de Othacehé presentaron una denuncia por privación ilegal de la libertad. La Fiscalía General se hizo eco enseguida: abrió un sumario y promovió el juicio político contra el fiscal.
En uno de los escritos presentados en la Bicameral, Jons explicó que en 2003 lo desplazaron de la fiscalía de juicio –donde trabajaba desde 1998– a una fiscalía de instrucción como castigo por tener criterio propio, y no ceder a la “coacción hacia todos los empleados de la Fiscalía General, en relación con imponer manu militari los criterios jurídicos”. Utiliza, dice Jons en su escrito, el maltrato y el hostigamiento como “disciplinamiento político judicial interno”, para “aplicar una política de mano dura, pedir condenas aún sin pruebas, acusar por las dudas”. “Durante estos años, instauró un sistema de terror”, dijo Jons a Miradas al Sur, “y había que ser malo por las dudas, para no sufrir sanciones”.
El otro caso recordado por todos es del fiscal Javier Baños, que además de funcionario es catedrático y autor de trece libros. A Baños le tocó enfrentarse a una causa por narcotráfico en la que el acusado era un albañil paraguayo que trabajaba de lunes a lunes y no tenía antecedentes penales. La investigación de la DDI de La Matanza –que dirige el cuestionado Marcelo Chebriau, también protagonista en el caso Candela– había comenzado por una llamada anónima. En el expediente figuraba una orden de allanamiento con fecha posterior al día en el que se había hecho. La droga había sido secuestrada de forma extraña, en un Rastrojero que primero manejó un policía y que luego fue abierta en presencia de testigos. Y nadie, además, había hecho nada para comprobar los dichos del acusado: en un español muy rudimentario, el hombre decía que los policías le habían dicho que si no les pagaba diez mil pesos iría preso y que además le habían robado el dinero que tenía para pagarle a la gente que trabajaba con él en una obra.
Cuando el fiscal Baños llegó a la audiencia preliminar, el albañil llevaba un año y medio preso. Por la pena que podía tener de ser condenado –se lo acusaba de tenencia simple de estupefacientes–, por la falta de antecedentes y por elementos que había en el expediente –muchos de ellos coincidentes con causas armadas– Baños no se opuso al pedido de morigeración de prisión que presentó el abogado del albañil. Luego de varias maniobras dilatorias por parte de otros funcionarios, Baños terminó apelando a favor del acusado. Eso le valió una sanción y pasar a engrosar la lista de los considerados “indeseables” por Woodgate.
En el caso del padre Grassi, condeado por abuso y aún en libertad, varias fuentes señalan que el comportamiento del fiscal general fue el inverso: a pesar de la pirotécnica mediatica de Woodgate contra el cura, varios cuestionan su rol en la causa. “Él –confía un hombre que sigue el caso desde el primer día– convenció a uno de los chicos abusados de que renunciase a ser particular danmificado y quería llegar al juicio renunciando a varias pruebas y con un tribunal amañado. Es parte del entramado judicial que de una u otra forma protege a Grassi para que siga libre. Si lo condenaron, es porque la querella recusó al tribunal, presentó pruebas y no les quedó otra que actuar”.
En Morón varios suelen recordar un caso más violento, que sucedió en 2000. Una humilde pastora de la Iglesia Pentecostal, María Estella Guzmán, había denunciado siete veces a su ex marido Carlos Antonio Volpe por amenazas. En varias ocasiones, la mujer señaló que Volpe la amenazaba con un destornillador. Como las denuncias entraban en distintas fiscalías de Morón, sólo se entrecruzaron –gracias al azar– cuando la mujer fue asesinada por Volpe de la forma en la que lo había anunciado: con un destornillador. En un escrito de la época que todavía circula por Tribunales, se habla de la “ciega obediencia debida” que imperaba bajo las ordenes de Woodgate, a cuyo mando la información queda “sucesivamente compartimentada en los estamentos inferiores y centralizada en un superior”, en un lugar donde logró “extirpar cualquier forma de iniciativa o pensamiento invidual”.
Hay hombres, dicen, que no cambian con los años.

Fuente: http://sur.infonews.com/notas/nieva-woodgate-el-fiscal-general-que-no-supo-jubilarse-tiempo