La Argentina deberá someterse nuevamente a los designios del Derecho Internacional por un crimen impune. Se trata del caso de José Delfín Acosta Martínez, un afroamericano de nacionalidad uruguaya de 32 años que el 5 de abril de 1996 fue levantado en la calle por policías de la Federal y una hora y media después una ambulancia lo sacó de una comisaría desnudo y agonizando con varios huesos rotos. Su deceso ocurrió de camino al hospital. Luego de una pésima investigación y agotar todas las instancias locales, la familia de la víctima logró que la Comisión Internacional por los Derechos Humanos (CIDH) escuchara el reclamo y ahora, el Estado argentino está obligado a llegar a un acuerdo. Los tiempos están vencidos, la espera continúa.
A mediados de la década del ’90, la Policía Federal tenía prácticas autoritarias amparadas en la ley ya que hasta 1998 estuvieron vigentes los viejos edictos policiales por los cuáles cualquier ciudadano podía ser detenido por el mero hecho de estar sospechados de alterar el orden. Esa madrugada, Delfín fue víctima de ese vestigio dictatorial: la razzia.
Según se detalla en la demanda realizada por la abogada Miriam Carsen ante la CIDH, la detención se produjo mientras el muchacho desayunaba en una confitería porteña junto a dos hermanos de nacionalidad brasileña y también afrodescendientes. En ese momento, tres patrulleros llegaron sigilosamente y cercaron la calle Sarmiento, entre Callao y Rodríguez Peña. Uno de los agentes sacó su arma reglamentaria y se la apoyó en la cabeza a Wagner Goncalvez Da Luz, quien fue obligado a subirse a uno de los móviles policiales. Su hermano se quejó y automáticamente fue a parar al asiento de al lado.
Delfín tampoco se quedó callado: «Los están arrestando sólo por ser negros», gritó. Uno de los policías lo identificó y arrojó su DNI al suelo, provocando una fuerte discusión. De manera violenta, a las 7:30, lo metieron en el móvil 305.
Delfín fue alojado en la Comisaría 5ª en un lugar diferente al de sus amigos. A las 9, salió en camilla murió en una ambulancia del SAME camino al Hospital Ramos Mejía.
Como en otros casos, la explicación oficial fue que Delfín estaba muy drogado y se autolesionó tirándose de cabeza al suelo, llegando a fracturarse algunos huesos.
Para justificar que el procedimiento era prolijo, los agentes cuestionados supuestamente salieron de la comisaría y demoraron al taxista Oscar Almada para que oficiara de testigo. Este hombre le aseguró al juez Raúl Irigoyen que el uruguayo comenzó a rasgarse sus ropas hasta quedar desnudo y que luego maltrató su propio cuerpo.
«El entonces cuestionado cuerpo médico forense convalidó que Acosta haya muerto de una especie de accidente cerebro vascular producto del abuso de bebidas alcohólicas y de cocaína. Para nosotros, eso nunca se comprobó. Además, denunciamos que incluso antes de que estuvieran los resultados, el comisario Luís Fernández dijo a la prensa que murió de sobredosis», explicó el abogado Martín Scotto, quien se hizo cargo de la querella a pedido de la familia de José, actualmente fuera del país.
Sobre la actuación del fiscal Juan Sansone, Scotto dijo que «tuvo una participación meramente formal y no impulsó el proceso. No apeló ninguna medida».
El 25 de abril, 20 días después, la causa fue archivada.
La familia de Delfín se topó con un muro de hormigón armado que le plantó la justicia y la policía local. La casa de la víctima fue registrada por desconocidos que se llevaron documentación médica, entre otros elementos. Los hermanos brasileños y otros posibles testigos fueron amenazados, otros directamente fueron desestimados por el juez, desalentando cualquier avance.
La causa fue archivada y desarchivada varias veces. También se abrió otro expediente en un juzgado de Uruguay en el que, entre otras conclusiones, se determinó que según la autopsia original Delfín debería haber consumido unos 30 gramos de cocaína esa noche, algo imposible de soportar para cualquier cuerpo humano. La investigación oriental también quedó en la nada.
El derrotero de la causa argentina fue convalidado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el Tribunal de Casación, la Cámara Nacional de Casación Penal y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia.
El 11 de julio del año pasado, la CIDH admitió estudiar el caso por presuntas violaciones al derecho a la vida, a la integridad y la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. Carsen propuso entonces una solución amistosa que fue aceptada por la Comisión.
El gobierno argentino fue notificado a través de la Cancillería el 14 de enero y en un plazo de cuatro meses debía dar una respuesta. «Los tiempos están cumplidos, pero esto suele pasar. Esperemos que lo haga pronto. Ya van a cumplirse 20 años de lo que consideramos un crimen, aún impune», concluyó la abogada. «
un reclamo justo y varias propuestas
Luego de admitir el estudio del caso, la CIDH aceptó la propuesta de la querella de llegar a una solución amistosa con el Estado argentino. De concretarse las sugerencias de la familia de José Delfín Acosta Martínez, se cambiarían para siempre las reglas de juego en la policía y la justicia. Entre otras medidas, proponen que se coloquen cámaras en todos los lugares donde una persona puede ser alojada en una comisaría, cuyas imágenes serían controladas por un organismo ajeno a la fuerza.
Además de una compensación económica, se solicitó la apertura de una Comisión de la Verdad para que se investigue el caso y se condene a todos los policías implicados; la querella también pretende que se analicen las actuaciones de los funcionarios judiciales y peritos que tuvieron en sus manos el expediente. Otro de los reclamos es que todos los sumarios internos de la fuerza, de aquí en adelante, sean públicos; y que las comunicaciones de radio entre los agentes sean grabadas. La abogada Miriam Carsen reconoció que la negociación con el Estado «será dura pero vale la pena pelear por algo que consideramos totalmente justo».
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