En estas últimas semanas, los sistemas carcelarios latinoamericanos han sido noticia en todo el mundo. Todas noticias negativas y muchas de ellas dramáticas. La peor, claro, la muerte de más de 350 personas privadas de libertad a raíz de un incendio producido en el penal de Comayagua, Honduras.
En estos días se están investigando los motivos por los cuales se originó tan descomunal incendio imponiéndose la hipótesis de que se trato de un hecho accidental. Si resulta cierto que la causa del incendio fue un cortocircuito, esto no deslinda bajo ningún aspecto la responsabilidad de las autoridades del Estado que se relacionan con la seguridad ciudadana, es decir, la administración, los legisladores, los jueces, el sistema de seguridad todo.
Y es que esas muertes, cualquiera sea la causa, pudieron ser evitadas. Hace menos de ocho años, otra prisión hondureña ardió en llamas produciéndose un total de 107 muertos. Inmediatamente, todos los sectores clamaron la necesidad de un cambio, se iniciaron planes de emergencia, se anunciaron modificaciones en las políticas de seguridad y la construcción de más establecimientos carcelarios. Nada relevante de lo anunciado ocurrió.
Decíamos que pudo haber sido evitado y eso tiene que ver con una causa que subyace a este y a la mayoría de los graves eventos que han ocurrido en las cárceles latinoamericanas. Y ése no es otro que la sobrepoblación.
Esta sobrepoblación se origina a partir de los cambios en la política criminal de los distintos Estados de la región, quienes, imitando discursivamente a los Estados Unidos, han pretendido librar unaguerra contra el delito. Esto, lo único que ha generado es el uso cada vez más indiscriminado y con menos sentido de la pena privativa de libertad.
La región ha tenido aumentos exponenciales de las tasas de prisionización y los recursos invertidos en materia de seguridad no han sido utilizados, en general, para mejorar las condiciones edilicias de sus cárceles, sino para la compra de más patrulleros y más tecnología al solo efecto de hacer buenos anuncios efectistas hacia la sociedad. Con todo esto no negamos que el problema de la delincuencia violenta no sea grave en esta parte del mapa, al contrario, sabemos de su enorme importancia. Lo que criticamos son las soluciones simples, mediáticas y de baja calidad con las que han intentado combatir (y no resolver) los problemas de inseguridad.
El mayor uso de la prisión, especialmente la prisión preventiva para los acusados de haber cometido un delito, ha sido una constante en la región. Esto no soluciona el problema, más bien lo agrava.
Con sistemas penitenciarios sobrepoblados, los recursos económicos y humanos destinados a la reinserción social disminuyen, se hacen prácticamente inexistentes, la vida en esos centros penales deja de ser digna y sólo se generan condiciones de posibilidad para que las bandas criminales recluten jóvenes recién entrados a la vida adulta y sin esperanza de conseguir un trabajo, ni otros medios para vivir una vida lejos del delito. Por otra parte, el aumento de personas presas hace ingobernable a los establecimientos penitenciarios, razón por la cual las bandas relacionadas con la narcocriminalidad, especialmente, siguen operando desde dentro. El personal penitenciario, reducido en número, mal equipado, mal capacitado y generalmente mal pago no puede o, en muchas casos, corrupción mediante, no quiere solucionar estos problemas.
Por otra parte, los estudios más especializados en la materia han llegado a la conclusión que toda privación de libertad desocializa. Por eso es fundamental evitar todo cuanto sea posible el uso de la privación de libertad y destinarlo sólo para los casos en los que no hemos encontrado aún otro medio para hacer que las leyes se cumplan y permitir una vida pacífica. Para el resto de los casos deben pensarse sanciones menos violentas y segregativas.
Mientras los gobiernos sigan apostando por llenar las cárceles para mostrar eficiencia en seguridad y endurecer más los castigos, más violencia e inseguridad sufrirán los ciudadanos y más carreras criminales habremos construido para jóvenes a los que si se les hubieran dado oportunidades reales en la vida no hubiesen cometido esta clase de conductas.
La solución no es simple ni es a corto plazo, demanda esfuerzo, políticas integrales de educación, de salud pública, de empleo para jóvenes y de reinserción social para aquellos que han estado privados de libertad, pero lo que seguro no debe tolerar una sociedad es el uso de la privación de libertad como método de condena ilegal a muerte.

Fuente: http://sur.infonews.com/notas/populismo-penal-y-uso-abusivo-de-la-carcel