Sobre funcionarios ligeros de palabra. Incluye el fallo completo, para conocer lo que no se cuenta.
Manuel González es un fiscal de San Martín de los Andes al que, según ha dicho, le da vergüenza pertenecer al Poder Judicial de Neuquén.
Es cierto, el Poder Judicial de la provincia ha dado vergüenza muchas veces. Por ejemplo, ha tenido como imputado a un fiscal en una causa por apremios ilegales. No sabemos si en esa ocasión a González le dio vergüenza. Posiblemente no, porque se abstuvo de acusar a su colega. A lo mejor le dio vergüenza que se le haya dado curso a la denuncia de un pibe que dijo que lo apremiaran para que se haga cargo de un doble homicidio.
El gobernador Jorge Sapag no dijo que le diera vergüenza el Poder Judicial, pero dijo que un hombre acusado de un delito intentó desbaratar la democracia.
No se refería a un ex gobernador que admitió, en un discurso, haber dado una orden ilegal y que nunca fue acusado por ningún fiscal (cuestión que tampoco sabemos si le dio vergüenza a González).
Los dos, Sapag y González, se referían a un hombre que entró a una casa rompiendo un vidrio, robó y abusó de una niña.
Fue tan torpe que se olvidó el celular en la casa, y lo atraparon pocas horas después cuando deambulaba todavía con los objetos robados en la mano y vestido con la misma ropa que había descripto la víctima.
A ese hombre lo condenaron. Pero por un delito menor al que aspiraba el fiscal (y los dos querellantes).
Ahora que se conoce el fallo (aquí en pdf) resulta que la condena fue por un delito menor porque el fiscal la pifió feo en su alegato. No fundamentó lo que debía fundamentar, no probó lo que debía probar.
La primera definición de vergüenza según el diccionario es “sentimiento ocasionado por alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante”.
Quizá por ahí viene la cosa.
Pero más allá de este asunto de la vergüenza del fiscal y (mucho peor) del atentado contra la democracia que imaginó el gobernador, (que además aseguró ser respetuoso del Poder Judicial pero pidió “rápidamente que ese mismo Poder Judicial ponga las cosas en su lugar”), sería deseable que personas que ejercen funciones públicas midan un poco sus palabras.
El fallo será discutible e incluso impugnable. Y ni la víctima ni su familia pueden ser obligadas a entender los recovecos del Código Penal. Sufrieron un daño, y quieren una reparación que probablemente se traduzca en que el autor pase muchos años preso. No vamos a opinar sobre el punto.
Pero a las personas que sí conocen la diferencia entre probar y no probar, y que ejercen funciones públicas, se les puede exigir un plus de responsabilidad. Por ejemplo, que no alimenten la violencia con discursos en los que, como mínimo, ocultan parte de la historia.
