El director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, Julián Axat, explicó que se trabaja en dar a conocer a la gente de los barrios carenciados sus derechos y brindarles acceso a la Justicia

Julián Axat y su equipo recorren los barrios y escuchan las inquietudes de la gente que muchas veces no tienen llegada a la Justicia y que buscan conocer cómo protegerse de ciertos abusos que son moneda corriente en los barrios carenciados.

“Existen muchas veces malas prácticas en los allanamientos, bajo un accionar violento y donde muchas veces hay excesos por parte de las fuerzas policiales”, explica Axat al tiempo que da a conocer el trabajo que se lleva adelante desde el Ministerio Público Fiscal para que en las villas y barrios carenciados las personas puedan radicar sus denuncias y recibir asesoramiento. “Se trata de un paso importante para acerca la Justicia a la gente”, explica.

–¿En qué consiste el programa de acceso a la Justicia que desarrollan en distintos barrios carenciados?
–El Programa de Acceso Comunitario a la Justicia está dirigido a los sectores vulnerables y busca acercar al ministerio a barrios carenciados, asentamientos y villas. Estos sectores, que históricamente han tenido distancia en lo que refiere al acceso a la Justicia, puedan tener una mayor llegada y un vínculo más fuerte con ella. El primer foco es descentralizar el ministerio público dentro de estos lugares, creando oficinas que tienen la potestad de recibir todo tipo de denuncias, de resolver pequeños conflictos –a través de mediaciones o arbitrajes–, también tienen la posibilidad de hacer derivaciones y tienen la función de promover derechos; esto se logra mediante talleres, encuentros o en los establecimientos educativos o centros culturales que están dentro de la propia comunidad.

–¿En qué barrios están trabajando?
–En la primera etapa tenemos el dispositivo Atajo (Agencia Territorial de Acceso a la Justicia) en cinco puntos de la Ciudad: en el Barrio Mitre; en la Villa 31; en la Villa 21-24; en la 1-11-14, y estamos abriendo un Atajo en la Villa 20. La segunda gran fase es crear oficinas de acceso a la Justicia en todas las provincias del país.

–¿Por qué la gente se acercaría a estos centros y no directamente a las fiscalías?
–Porque las fiscalías son más lejanas. Porque se trata de las típicas oficinas de puertas hacia adentro y el mecanismo tradicional de acceso a la Justicia es la mesa de entrada, y nosotros estamos rompiendo con ese esquema y creando oficinas abiertas al público.

–¿Cuáles son los casos más frecuentes que encuentran?
–Dividimos la casuística en dos tipo de conflictividades: las colectivas y las individuales. Estas últimas van desde violencia doméstica –muchos casos de mujeres víctimas de abuso por parte de sus parejas–, pero también de chiquitos víctimas de violencia por parte de sus padres. Tenemos para esto protocolos de atención. Cuando detectamos un delito, confeccionamos la denuncia… acompañamos a la víctima en el proceso. En caso de violencia doméstica, contactamos a la persona con la Oficina de Violencia Doméstica. Cuando hay menores involucrados hacemos la derivación a la Asesoría Tutelar. Recibimos casos de abuso sexual. También apremios, torturas, casos de violencia institucional, abuso de las fuerzas de seguridad, y ahí también pedimos la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional.

–¿Cuál es el tenor de los temas de carácter colectivo?
–Malas prácticas en los allanamientos, donde un claro ejemplo es el Barrio Mitre. Los allanamientos se producen bajo una orden judicial, pero lo que a veces sucede es que las fuerzas se equivocan, por ejemplo, de casa y entran de manera violenta, fuera de los horarios que corresponden y se producen excesos por parte de la fuerza policial, lo que implica desde daños innecesarios, lesiones, etcétera. En esos casos muchas familias vienen a denunciar, y nosotros la remitimos a la fiscalía en turno, ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y al doctor Córdoba, de la Procuraduría de Violencia Institucional.

–Estas personas no conocen sus derechos ante estas situaciones…
–No. Por eso lo que estamos haciendo son talleres para darlos a conocer. Por ejemplo, en barrio Mitre hicimos uno donde la demanda más recurrente de los vecinos apuntaba a saber por qué los allanan de este modo. En este caso tratamos de asesorarlos sobre cómo deben ser los procedimientos de los allanamientos, en qué casos pueden allanar y en cuáles no, en qué horarios, qué documentación deben mostrar, cómo debe estar confeccionado el oficio del allanamiento, qué puede hacer la fuerza policial y qué no una vez que ingresa en su casa. La gente desconocía totalmente esto. Hay muchos casos de prácticas de allanamiento por las noches con casos de abuso. Buscamos que la gente reconozca cuándo hay un exceso y en esos casos sepa a quién acudir. Siempre se debe golpear la puerta, debe ser en horario diurno –salvo que el juez haya solicitado otro horario– se debe exhibir la orden y ésta debe detallar qué se viene a buscar.

–¿Qué otros temas les consultan?
–Hay inquietud sobre la forma de detención, sobre todo por parte de los jóvenes que viven en los barrios que son un porcentaje muy alto. Los chicos quieren saber por qué los detienen, por ejemplo, si tienen su documento, por qué los detienen si no estaban haciendo nada… estas son prácticas abusivas sobre las que nos consultan permanentemente.

–¿Están trabajando en observar el accionar de las fuerzas policiales?
–Las fuerzas policiales tienen un mecanismo de autocontrol a través de dos mecanismos: la propia auditoría interna y, por otro lado, existe una dirección donde el Ministerio de Seguridad evalúa las problemáticas. Nosotros también hacemos auditoría externa desde el Ministerio Público donde nos corresponde denunciar los casos de abuso que detectamos.

–¿Cuál es la conflictividad colectiva que se presenta?
–Existen problemas de convivencia dentro de los lugares vulnerables y son aquellos vinculados con las gestiones políticas. Buscamos en este punto, tener una intervención y un monitoreo muy intenso. Son problemas que van desde el agua no potable, el riesgo eléctrico, el problema de las cloacas, el barrido y la limpieza, hasta la contaminación ambiental, los residuos tóxicos y los problemas habitacionales como desmoronamientos, hacinamientos, etcétera. Todos estos problemas tratamos de canalizarlos. También tenemos, por ejemplo, los casos de las ambulancias que no quieren entrar en las villas, muchas veces por medio, y en eso también estamos trabajando. Pero si las ambulancias dejan a una persona en estado de abandono, los vamos a denunciar y esto es importante que se sepa.

–¿Se está cumpliendo con las normas de urbanización de villas?
–No. La ley de urbanización es un proceso de urbanización que está bajo la Legislatura porteña y que implica un proceso gradual de urbanización de todas las villas de CABA. Este proceso tiene como precedente un conjunto de fallos de la Justicia contenciosa, donde se apunta a que se brinden los servicios básicos.

–¿Cuál es la mayor inquietud de las personas cuando se acercan a ustedes?
–El ranking de conflictividad está más vinculado con lo individual que con lo colectivo.

http://www.diariobae.com/notas/27503-la-mayor-preocupacion-que-recibimos-en-los-barrios-es-sobre-los-allanamientos-violentos.html