Finalmente, el Complejo Esperanza exhibe mejoras que diferentes funcionarios y organismos locales e internacionales solicitaron con insistencia en los últimos años. Al menos así lo muestran fotos difundidas por la legisladora provincial oficialista Nadia Fernández.
El Complejo Esperanza es un gran predio con cinco institutos donde se alberga a adolescentes de 13 a 18 años en conflicto con la ley penal. Está ubicado en Bouwer, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.
Fernández (Unión por Córdoba) realizó el recorrido el 24 de julio pasado, luego de la resolución del juzgado en lo Penal Juvenil de 4º Nominación de Córdoba de abril pasado que admitió un hábeas corpus a favor de los jóvenes internados. El juzgado ordenó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) a mejorar las condiciones de vida del lugar.
El equipo docente del complejo, legisladores del Frente Cívico (luego presentaron el hábeas corpus ), jueces penales juveniles, asesores de menores, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y hasta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) habían presentado en los dos años anteriores informes críticos sobre la vulneración de derechos a los jóvenes allí internados.
Las mejoras se dieron con fuerza recién en los últimos meses, luego de que la Justicia admitiera el hábeas corpus.
Reformas
Las fotos muestran reformas y mejoras en baños, habitaciones, aulas, en la enfermería y en la huerta. La legisladora visitó, según dijo en un comunicado, los talleres de cocina, electricidad, serigrafía e informática. “Veintiocho jóvenes ingresaron al Programa Primer Paso y a experiencia laborales en Heladerías Grido y tiendas Balbi”, agregó.
Según informaron desde el juzgado interviniente, el 15 de agosto se hará una inspección ocular para controlar los avances. “Vamos a aguardar como corresponde la visita de la semana que viene para hacer un análisis objetivo del avance de obra, si se han removido las cuestiones que agravaban las condiciones de detención”, manifestó el legislador Roberto Birri, uno de los amparistas.
Cómo estaba
Ambiente inhóspito, con ausencia parcial de vidrios en los cerramientos y paredes sucias, aulas insuficientes, falta de insumos para los talleres, estado de abandono de la huerta y la granja, baños sin letrinas ni duchas (sólo un chorro de agua), eran sólo algunas de las graves condiciones allí detectadas.
Además, entre fin del año pasado y comienzos de 2014 los chicos estuvieron dos meses encerrados sin ir a la escuela ni asistir a talleres, por el receso escolar y por la falta de personal. Tampoco fueron al colegio una vez iniciadas las clases ya que, por un conflicto gremial, los guardias se negaban a acompañarlos a las aulas, que quedan a metros de los institutos.
La resolución judicial obligó a la Provincia a que en dos meses tenga listo un reglamento de convivencia. Hoy los adolescentes no tienen ningún parámetro de las faltas, por lo que los guardias aplican sanciones de manera arbitraria.
Gabriel Martín, titular de Senaf, aseguró que el reglamento está listo y que fue presentado a distintos organismos, como el defensor del Niño, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Poder Judicial.
Además, la Justicia le dio un plazo de un año a la Senaf para incorporar personal capacitado en “educación social” para el contacto cotidiano con los chicos. Martín aseguró que se está capacitando al personal (guardias) y que se firmó un convenio con la Universidad Provincial de Córdoba para prácticas. Pero, dijo, no tienen previsto contratar a profesionales.
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