Tras conocerse que las cárceles atraviesan un colapso, con un récord histórico de 33.166 detenidos, un juez penal de Necochea planteó la posibilidad de que se conmuten penas en algunas situaciones específicas; esto con la intención de reducir la superpoblación en los penales de la provincia de Buenos Aires.
Así lo planteó ayer durante un debate que se realizó en un encuentro conjunto de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras de la Legislatura, donde la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) realizaron un crítico diagnóstico sobre el funcionamiento del Servicio Penitenciario.
El juez penal de Necochea y titular de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Alberto Juliano, habló de «la necesidad de que la provincia de Buenos Aires sancione una ley de cupos carcelarios para evitar la superpoblación y sus consecuencias». Y estimó que la superpoblación es «en la visión más optimista entre un 25 y 30 por ciento, y las más realistas en un 50 por ciento». Y se explayó en una propuesta suya que le presentó -dijo- al gobernador Daniel Scioli hace un año.
Según el planteo del magistrado, el beneficio se aplicaría a los condenados que hayan cumplido la mitad de la condena que no supere los cinco años de prisión; reincidentes que hayan cumplido más del 80 por ciento de la condena, por delitos tentados; mayores de 60 años; mujeres alojadas con niños o en etapa de gestación y extranjeros que hayan cumplido la mitad de la condena y asuman el compromiso de abandonar el país, entre otros.
En esa misma línea, Roberto Cipriano, de la Comisión por la Memoria, aseguró: «La superpoblación carcelaria ha llegado al récord histórico de 33.166 detenidos y, teniendo en cuenta los estándares internacionales donde cada preso debe ser alojado en un espacio de 7 metros, calculamos que hay aproximadamente cerca de 20 mil plazas».
La directora del área de Justicia y Seguridad Democrática del CELS, Paula Litvachky, indicó: «Hay un aumento del 20 por ciento de las detenciones y está generando alojamiento en dependencias policiales que es inconstitucional y eso marca que el sistema carcelario está explotando nuevamente». Y reclamó: «El Poder Legislativo debe impulsar iniciativas que hagan revertir esta situación y no convalidar algunas decisiones del Ejecutivo como las detenciones en comisarías y discutir la situación del servicio penitenciario».
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La presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senador, Mónica Macha (Nuevo Encuentro), dijo: «Es imprescindible promover el debate sobre los temas pendientes en materia legislativa como aquellos vinculados a la violencia institucional».
