La reciente decisión administrativa de reasignar parte del presupuesto nacional a la construcción de nuevas cárceles y acondicionar algunas existentes invita a considerar seriamente la necesidad de una discusión parlamentaria en torno a la infraestructura penal y a las formas concretas del castigo que administramos.

La renovación de fondos puede lucir como una acción ordenada de gestión penitenciaria pero lo cierto es avanzamos sin una reconstrucción plausible del camino recorrido en los últimos años y negamos la sobrepoblación. Las construcciones en agenda, así, apenas auguran, en el mejor de los casos, un paliativo efímero.

Los fondos que se destinan ahora servirían a desarrollar nuevos establecimientos en Cuyo, Mercedes, Coronda y Córdoba; ampliar o acondicionar los de Neuquén, Salta, Ezeiza, Marcos Paz, Santa Rosa, General Roca, Viedma, Esquel. También se prevé construir oficinas anexas a los Complejos de Ezeiza y Marcos Paz que reducirían la cantidad de traslados de personas detenidas. Retomando el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2004, aprobado por decreto 1183 (2003), el objetivo actual es crear prisiones de “nueva generación” para anticipar un crecimiento exponencial de la población en cárceles federales de 2.500 personas, además de “resguardar el logro obtenido de no registrar sobrepoblación en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”.

Aquel decreto presidencial de 2003, sin embargo, ya ordenaba “implementar, desarrollar y ejecutar, con carácter de urgente” el Plan de Infraestructura y las cárceles en Cuyo, Córdoba, Mercedes y Coronda estaban previstas desde entonces, cuando el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 9 mil personas, solo mil menos que las que aloja hoy. En 2003, además, también se hablaba de establecimientos de “nueva generación” destinados a no más de 300 personas, con operación descentralizada y de arquitectura abierta.

Bajo esta luz, es difícil asumir que veremos incrementada en un 25% la capacidad edilicia. Todo indica, más bien, que continuarán apareciendo construcciones parciales, escalonadas según los muchos vaivenes de la obra pública y forzadamente alineadas con alguna ideación previa. Se agrega a ello una mención a la supuesta superación del hacinamiento penal, al tiempo que decenas de personas duermen sobre el suelo en el Complejo de Marcos Paz, y aun cuando hasta hace meses el sótano de la propia Corte Suprema era un calabozo medieval.

El problema central sigue y continuará siendo esta disociación de nuestra  planificación de infraestructura carcelaria con los espaciados esfuerzos serios en materia de justicia y seguridad. La privación de la libertad exige un abordaje que excede en mucho a la gestión edilicia. Debería vincularse, primero, al plexo de prestaciones e intervenciones que como comunidad pretendemos con relación a una persona que infringió la ley penal y a nuestras expectativas respecto de los efectos de una pena. Al igual que un hospital, una plaza o una escuela, las cárceles —si creemos necesitarlas— deben definirse en torno a una idea sólida del tipo de interacción que pretendemos con ellas, su marco normativo, sus recursos humanos, sus insumos, su relación con sus entornos, y recién, en parte, a sus edificios y plazos de obra.

Una ley, por ello, surgida de una auténtica deliberación, y la acción coordinada de las distintas jurisdicciones involucradas, sería una herramienta superadora de la dinámica de parches presupuestarios y obras desacopladas. Un marco legal resultaría además un instrumento más sensible a la dignidad de las personas alcanzadas. No existe ninguna “nueva generación” de dispositivos carcelarios entre nosotros. Seguirá primando el encierro forzado, la violencia corporal – psíquica y la segregación de la persona detenida como características natas de lo carcelario. La novedad de una cárcel es un oxímoron y tampoco será novedoso su renovado fracaso, sobre todo, si su construcción se define sobre bases endebles y de espaldas a la realidad del encierro.

Este organismo ya viene poniendo en la mesa de discusión el problema de la superpoblación carcelaria y los problemas vinculados con el forzamiento de plazas penitenciarias para evitar la mentada superpoblación; y como ello redunda en la vulneración de los derechos de las personas detenidas. En este sentido El 04 de octubre de 2013 la PPN presentó un Proyecto de ley al Congreso de la Nación que propone atacar el problema estructural de sobrepoblación y regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos de privación de libertad.

La propuesta prevé mecanismos de acreditación previos, con participación de los actores involucrados, procedimientos de alerta y control y la aplicación de un sistema de prevención de sobrepoblación.

Recogiendo nuestra experiencia así como el esfuerzo denodado de muchísimos otros actores, los lineamientos propuestos en el proyecto de ley presentado se nutren de aportes realizados por personas directamente afectadas, sus familiares, jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares, académicos, organizaciones no gubernamentales y funcionarios, quienes ya han señalado la ausencia de un marco legal en torno a esta cuestión.

Por ello, al abordar estas cuestiones, lejos de intentar soluciones mágicas y propuestas espasmódicas y efectistas de construcción de cárceles, es necesario recuperar el camino recorrido y aprovechar las iniciativas que abren la discusión a soluciones a largo plazo que contemplen el problema en toda su magnitud.

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