En el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario la Convención Internacional por los Derechos del Niño, la ley provincial de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 12.907 y otras normas internacionales que se pueden invocar respecto de los sitios donde se internan personas privadas de libertad, se violentan todos los días. Los problemas que suponen condiciones de encierro tan deficientes en una cárcel, como es el IRAR, con dificultades edilicias estructurales, se potencian y repiten de manera similar cada tanto tiempo, cuando el descuido de la gestión política provoca situaciones inhumanas de detención. Ahora, desde fines de julio, el supuesto instituto donde se cumplen medidas socioeducativas para quienes con menos de 18 años están privados de su libertad, volvió a la mira de los actores que desde el poder político o desde la Justicia y desde la sociedad civil tienen que ver con la temática. «Los animales en un zoológico, están mejor que los adolescentes en el IRAR», dijo a Rosario/12 la jueza de Menores Nº 1 María del Carmen Musa, quien realizó la primera inspección entre sus pares, en estos últimos 10 o 12 días.
Esta nueva crisis en cuanto a las condiciones de habitabilidad que ofrece el IRAR ocurre mientras en la provincia se da la discusión por las características que tendrá el nuevo código procesal penal para la minoridad, algo que como mínimo permite preguntarse cómo será posible poner en marcha la estructura que la aplicación del sistema oral requerirá, cuando los responsables políticos desde hace años no pueden garantizar las mínimas condiciones de esa invocada habitabilidad. Es útil recordar los conceptos del criminólogo Elías Carranza cuando después de reunirse con el entonces gobernador Hermes Binner dijo que no era posible que en una provincia rica como lo es Santa Fe no pudiera solucionarse la situación de una cuarentena de detenidos y, en 2008, planteaba su expectativa porque en 6 meses se solucionara las siempre criticables condiciones de detención en el Instituto.
Este último episodio en relación con las acciones políticas que se despliegan para el Instituto de Cullen y Saavedra, que se está agrandando, comenzó hacia fines de julio. En ese momento, uno de los asesores de Menores, el Nº 2 Daniel Papalardo, elevó ante las magistradas que componen el fuero, las expresiones de padres y adolescentes -estos últimos quienes cuentan con su asesoría-, el detalle de las condiciones de alojamiento en distintos pabellones con la presencia de ratas y aguas servidas en las mismas dependencias. Allí explicaba que los jóvenes dormían de a tres por celda como una de las maneras de protegerse y trataban de tapar todos los agujeros, pero de todos modos las ratas ingresaban. Uno de los chicos se despertó en la noche con un ‘roedor’ sobre su cabeza y además contó que por las mañanas descubrían que los animales ‘cagaban’ sobre las galletitas y la comida» que les dejaban. El defensor Papalardo pidió para varios de sus representados, la permanencia obligada en el domicilio de sus padres, por las inhabitables condiciones de detención del IRAR.
La escucha hacia los jóvenes no tuvo ningún eco, su condición de sujeto de derecho para la ley fue ignorada por quienes tienen la responsabilidad de que ese lugar de detención sea otra cosa. Este diario se comunicó con la secretaría privada del ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis para solicitarle hablar sobre el IRAR. No hubo ninguna respuesta. No parece adecuado que ante los hechos de estos días, quien es el máximo responsable de la situación de las personas que están en el IRAR, no respondiera la comunicación o, bien, indicara a quienes lo suceden en orden de responsabilidad que lo hicieran.
Es importante señalar que este diario fue crítico, de manera consecuente, con las anteriores administraciones provinciales, cada vez que una situación de colapso o destrato hacia los adolescentes internos se produjo en el IRAR. Para el caso, cuando uno de los chicos, Néstor Salto, murió envuelto en llamas en su celda en un episodio que más allá de diligencias formales no quedó nunca enteramente aclarado. A esa muerte, siguieron otras, de otras personas, en el lugar donde los jóvenes en conflicto con la ley penal, como se los denomina de manera genérica, son alojados, en busca de la ‘re-educación’ que les haga posible un afuera en otras condiciones, para ellos y para la sociedad.
La jueza habla de tortura
Además del relato acerca de las ratas, la jueza de Menores Nº 1 María del Carmen Musa, primero y, la Nº 2, Gabriela Sansó después, comprobaron que en los sectores destinados a alojamiento -celdas, baños y espacios comunes que pertenecen a un conjunto de celdas- todo era inmundicia. Montañas de mugre, de restos de comida, de excrementos, se estancaban en algún lugar, o ‘navegaban’ libremente, con baños tapados y personas que orinaban en botellas. Después de la primera comprobación, Musa convocó a sus pares y salió el escrito donde ella pone énfasis en señalar que «no se pidió un traslado a una cárcel de mayores, así a secas».
El relato de María del Carmen Musa tiene algunos párrafos para reflexionar qué pasa en los distintos niveles y con los diversos actores que emiten opinión en relación con el IRAR. Ella sostiene que a partir de la orden de traslado comenzó una serie de corridas. Lewis se contactó con la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Carina Lurati y se convocó a una reunión de la que participaron la fiscal de Cámara y la Defensora de Cámara. «Allí, Lurati nos ofreció su apoyo. Junto al doctor Acosta, vocal coordinador de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, recibieron a la gente del Poder Ejecutivo quienes presentaron informes de las licitaciones de las distintas empresas de limpieza. La fiscal de Cámara estaba incómoda porque su inferior no había tramitado un hábeas corpus. La Defensora de Cámara estaba incómoda porque sus inferiores, los asesores de menores, no habían planteado un hábeas corpus. Los vocales de la Cámara estaban incómodos porque no se podía mirar para otro lado….El director del Servicio Penitenciario respondía que no tenía lugares como el que se pedía -Musa se refiere a un lugar de puertas cerradas, dependiente del Servicio Penitenciario con presencia permanente de Justicia Penal Juvenil y donde se garantizaran condiciones de salubridad, acordes con la condición de personas de los adolescentes, la integridad física y psíquica de los mismos, trato digno y alojamiento separado de internos mayores de edad-, y aclaró que los lugares para adultos estaban completos, ‘levemente'»
Musa tiene una mirada distinta a la de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes Analía Colombo, quien habló durante horas con los menores alojados en el IRAR: los convocó para preguntarles si querían ser trasladados a un lugar de adultos, y ellos de forma «unánime» dijeron que no querían, expresó la jueza.
«A todo esto, nadie ofreció limpiar. Lo grave es que naturalizaron las condiciones pésimas de alojamiento. Redujeron y reducen el tema a la limpieza. Nosotras -en referencia a las otras magistradas del fuero-, estamos planteando un tema sustancial: no puede ser que los adolescentes para quienes los jueces buscamos la restauración, la asunción por ellos de una función constructiva en la sociedad, tal como reza el art. 40.1 de la Convención del Niño, sean tratados como «mutantes», como subhumanos, alejados, bien alejados de los adultos, pero como animales en cualquier zoológico, sin ser vistos».
Otro párrafo fuerte de Musa: «Resulta que no sólo el Ministerio de Justicia, sino también la Coordinadora de Trabajo Carcelario y la Defensora de Niñez, se oponen a los traslados -planteados por el término de un mes-, y confabulados, están diciendo que los niños alojados en esas condiciones no fueron debidamente escuchados y respetado su deseo de no ser trasladados, a la par que los jueces estamos violentando el principio de especialidad que impone la separación de niños y adultos y un trato diferencial para los primeros. Nosotros sostenemos que la especialidad viene después del principio de humanidad. Y que las condiciones de alojamiento implican tortura».
Musa agregó que denunciará ante el nuevo Ministerio de la Acusación «por incumplimiento de los deberes de funcionario público a todos los responsables por el agravamiento en las condiciones de detención» del IRAR.
La limpieza.
Aunque el de la limpieza no sea el problema vertebral del IRAR como cárcel de Menores, tampoco es un tema menor. De hecho las condiciones de inhabitabilidad fueron el detonante para que las juezas ordenaran el traslado que no fue cumplido. Sin embargo, el planteo acerca de que es un sitio inadecuado y, que también lo son las escasas actividades que allí se realizan, para la formación de una subjetividad diferente en los adolescentes, no es el debate que aparece y mucho menos en función del que se establecen las políticas públicas.
Hasta el momento del oficio firmado por las juezas de Menores de Rosario y del que participó su par de San Lorenzo, concurría a limpiar una persona por día, empleada de una empresa en quiebra o que atraviesa por dificultades. Tal el testimonio de una fuente cercana a la cotidianeidad del IRAR. Después del oficio, se sumó otra empresa con varias personas que limpiaban paredes y hasta las patas de las sillas.
En la actalidad sólo se realizan en el Instituto de Rehabilitación sólo dos talleres propios, el de electricidad y el de herrería. Otros dos más se desarrollan con personal contratado: yoga -o más justamente un espacio de relajación, reflexión-, y otro de serigrafía. Por último continúa el también espacio de encuentro y expresión, una forma de tomar la posta del que desarrollaba el escritor Fabrizio Simeoni y hay una concurrencia del voluntariado de la UNR. Como siempre la práctica de deportes está casi ausente, salvo las salidas que pueden hacerse por grupos a la cancha de fútbol, que en cada persona rozará una media hora de su día.
Opinión de experto
El criminólogo rosarino Elías Carranza estuvo en la ciudad en marzo de 2008. Como representante del ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente) con sede en Costa Rica se reunió con el ya gobernador Hermes Binner. Cabe recordar que legisladores del Frente Progresista Cívico y Social concurrían al IRAR para comprobar las condiciones de detención de los jóvenes y criticaban fuertemente a la entonces gestión de Jorge Obeid, antes de Binner.
En esa oportunidad, Carranza atendió a este diario y dijo que esperaba que en poco tiempo, en unos seis meses, él mismo pudiera hablar, otra vez, con Rosario/12 y que la situación se hubiese modificado sustancialmente.
«Santa Fe es una de las provincias más ricas de Latinoamérica, por lo que no se puede invocar problemas materiales para resolver la situación de los niños, adolescentes y jóvenes alojados en el llamado Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario. Y esta resolución debe ser veloz». Así había expresado el criminólogo Elías Carranza una de sus ideas respecto del IRAR, del que había dicho que era preocupante el trato y la vida que recibían los jóvenes «para quienes el ocio, el no hacer nada es lo que prima».
En 2008, y ya pasaron seis años, Carranza dijo que acordaba con el gobernador Hermes Binner y con los ministros de Seguridad, Daniel Cuenca y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, en que el lugar natural para las personas menores de 18 años es la escuela: «Si no se puede porque están privados de la libertad de locomoción, la institución deberá funcionar como una especie de internado donde reciban educación, apoyo de todo tipo porque tienen dificultades de origen social, y la atención para las situaciones emocionales que atraviesan». El criminólogo señaló, además, que se trata de 40 chicos, «no de cuatro o cinco mil, por cuanto es un absurdo que no pueda solucionarse este problema».
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-45279-2014-08-10.html
