La diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, planteó que La Pampa no respeta los tratados internacionales en lo penal juvenil.
La diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, presentó una nueva iniciativa para solicitar al Poder Ejecutivo la convocatoria o creación de una Comisión Interpoderes para que junto a organizaciones sociales, la UNLPam y especialistas, elaboren una propuesta con relación al diseño e implementación de un sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en La Pampa.
“Nuestra Provincia presenta, en materia de Responsabilidad Penal Juvenil, un gran atraso, y lo alarmante es que ni siquiera se muestran indicios de hacer una reforma al corto o mediano plazo, lo cual no es gratuito, pues podría implicar la responsabilidad internacional de nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no adaptar nuestro sistema de enjuiciamiento de ninos, niñas y jóvenes a la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, advirtió la diputada.
“Es importante que la sociedad en su conjunto y el propio Estado comprendan que el incremento de los delitos cometidos por jóvenes no se resuelve sólo con la designación de más policías que patrullen las calles, con más cámaras de seguridad, rejas, alarmas, y todo el accionar del sistema punitivo represivo; pues, pese a quien le pese, la mayoría de los jóvenes apresados por delitos contra la propiedad recuperarán su libertad en plazos relativamente breves y ‘naturalmente’ se volverán contra la propia sociedad, que el sistema estatal se encargó de encarcelarlos y no brindarle otras opciones. Ninguna sociedad que se precie de inteligente puede ser ajena a este dilema”, sostuvo.
Por otra parte, Fonseca señaló que “bien sabido es que toda realidad ignorada planifica su venganza”. “Entiéndase ignorada por omitida, desapercibida o naturalizada. Que no nos extrañe entonces el aumento exponencial de los delitos a mano armada y de los homicidios en ocasión de robo que han dejado sorprendida y horrorizada a la sociedad pampeana. De sorpresivo no tienen nada. De sensible y de necesidad de urgente tratamiento sí. Por eso considero que es de suma importancia poder contar con instancias consolidadas de prevención, con medidas socio educativas y de integración social para los jóvenes, reservando para que el caso de ser sancionadoras que tengan como única finalidad la integración social de niños, niñas y jóvenes que hubiesen cometido algún delito. Ahora, a estas alturas deberíamos preguntarnos: ¿Cuáles son los esfuerzos reales y profundos que invierte el Estado para dar respuestas efectivas a esta debatida problemática?”, se preguntó.
En este sentido, la legisladora aclaró que “la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial sancionada en el marco del proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal, indicaba la ocasión propicia para la creación de un fuero penal juvenil específico, para salir del viejo sistema de patronazgo, sin embargo la nueva diagramación mantuvo la estructura del Juzgado de Familia y el Menor en el estado que ya se encontraba, es decir que cada Tribunal sigue conformado por un solo Juez con competencia civil, penal, asistencial y de familia con una Secretaria Penal y otra Civil”.
“Nuestro sistema penal vigente para niños y niñas lejos de estar en consonancia con los postulados de la CDN, es un fiel cultor del antiguo paradigma de protección que considera al joven infractor como un objeto de protección o tutela, casi como un enfermo social, colocándolo en una indefinida situación irregular que permite la intervención del Estado institucionalizando al menor y de esta manera obstaculizando su integración con el medio social y familiar”, prosiguió.
Para concluir, estimó que “diseñar una estrategia estatal de tratamiento de la delincuencia juvenil debería ser el objetivo prioritario de la política criminal de todo gobierno y fundamentalmente porque la delincuencia juvenil afecta a una parte muy sensible de la población: los niños, niñas y jóvenes, y especialmente a los que pertenecen a sectores en riesgo o altamente vulnerables, o directamente de exclusión social, de manera tal que un Estado activo que aborde la problemática de raíz evitaría la reproducción de lógicas que conducen al delito a estos sectores desplazados”.
“Claro que también me veo en la obligación de aclarar lo obvio; es decir, que la delincuencia juvenil no es patrimonio de ningún sector social y que en todo caso plantea como desafío la necesidad de múltiples abordajes que es preciso analizar e implementar con la urgencia que demanda cada persona violentada que espera que nos movilicemos, que nos ocupemos, y que como funcionarios y funcionarias públicos, hagamos algo concreto al respecto”, cerró.
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