La entidad que agrupa a abogados que ocupan funciones en distintos organismos, entiende que el proyecto no sólo cumple con un mandato constitucional, democratiza y transparenta el Poder Judicial.
Consideramos que la crítica referida a la falta de conocimiento técnico de la ciudadanía, es absolutamente infundada y desconoce que en la democracia las decisiones más importantes están en manos del pueblo soberano.
Asimismo, se debe resaltar que los jurados no deben resolver libremente, sino también de acuerdo a las instrucciones que les imparte un juez técnico, las que a su vez estarán condicionadas por las pretensiones formuladas por las partes, -acusador y defensor- en sus respectivas teorías del caso.
El jurado, en ese contexto, es una institución que refuerza los valores cívicos donde se encuentran menguados, “el ciudadano, a través de la participación en las decisiones de la justicia, fortalece sus vínculos con las leyes e instituciones del Estado”.
Nicolás Escandar, secretario de la Defensoría ante los jueces federales, Santiago French, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones, Rodrigo González Miralpeix, Fiscal Penal y Marcelo Di Bez Secretario de Defensoría Pública Oficial de Salta, entre otros, señalan que la reconstrucción del hecho por parte de los jurados se realiza respetando las mismas reglas que utilizan los jueces. “Se respetan las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común, también existe un enorme control horizontal ya que se trata de doce personas que deben deliberar y ponerse de acuerdo de forma unánime para condenar o absolver”, sostienen los letrados en un comunicado dado a conocer desde la entidad que los agrupa.
Recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el importante precedente «Casal» de fecha 20 de septiembre de 2005, estableció claramente: «…el proceso penal de un sistema judicial horizontalmente organizado no puede ser otro que el acusatorio, público, porque de alguna forma es necesario compensar los inconvenientes de la disparidad interpretativa y valorativa de las sentencias.
De allí que nuestra Constitución previera como meta; el juicio criminal por jurados, necesariamente oral y, por ende público”, finaliza el comunicado que firman abogados penalistas y funcionarios federales que integran la asociación.
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